Costa Rica firmó acuerdo con Panamá para realizar traslado controlado de estos migrantes, pero el cierre de fronteras en Nicaragua obligó a suspender ese tránsito. Algunas personas se mantienen en albergues y otras probablemente continúan su camino por sus propios medios.
El tránsito de cientos de migrantes que desde años atrás realizan una parada por territorio costarricense compromete el cierre de fronteras instaurado por el Gobierno como parte de las medidas para combatir la pandemia del COVID-19.
Al igual que en otros años, migrantes en condición irregular se aglomeran por centenas en la línea fronteriza panameña norte, mientras esperan entrar al sur de Costa Rica, por Paso Canoas. Vienen desde países como Haití o de los continentes de África y Asia, haciendo gran parte de su recorrido a pie hasta llegar a Norteamérica, donde esperan mejores condiciones de vida.
Videos grabados hace dos semanas por vecinos de esa zona mostraron una multitud de caminantes con calzado deportivo, cargando mochilas, bolsas plásticas y niños.
La semana pasada, algunos medios de comunicación anunciaron que una caravana compuesta por 2.600 migrantes se alistaba ingresar a este país, a pesar de que, desde el 18 de marzo, el Gobierno ordenó el cierre de fronteras para todo aquel que no fuese nacional o residente.
Costa Rica fue el primer país centroamericano en detectar un caso de COVID-19, pero ahora Panamá lo supera por cientos en cantidad de enfermos y por decenas en fallecidos.
La Dirección de Migración aclaró el 24 de marzo que el decreto para el cierre de fronteras permite el tránsito por razones humanitarias y que, además, existe un convenio con Panamá para que el paso sea “ordenado”.
Las autoridades costarricenses vienen aplicando desde tiempo atrás una fórmula para evitar una acumulación de personas como las que se vieron años atrás cuando Nicaragua decidió impedir el paso de estos grupos de migrantes y quedaron atascados en Costa Rica.
La estrategia ha sido que, en cuanto llegan a Costa Rica, tras meses de cruzar fronteras incluso por selva, se les otorga un permiso de tránsito de 25 días para que luego continúen su camino por sus propios medios.
Desde el 2016 han pasado por esa ruta unas 60.000 personas, detalló Raquel Vargas, directora de Migración.
La llegada de la pandemia COVID-19 cambió el panorama y se establecieron rigurosas reglas para el traslado.
En primer lugar, las personas migrantes serían entregadas en pequeños grupos directamente por las autoridades migratorias panameñas a las de Costa Rica, según el pacto hecho por los dos países.
Panamá aportaría una certificación de salud de cada migrante y ninguno que tuviera síntomas sospechosos de COVID-19 sería admitido, detalló Migración.
Un transporte panameño los llevaría hasta el Centro de Atención Temporal a Migrantes (Catem) de la zona sur, donde nuevamente se revisaría su condición de salud. Desde allí, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) los transportaría hasta el Catem de la zona norte.
“Desde allí, como ha sido lo normal, los migrantes buscarán las rutas para salir del país, ya que su interés primordial no es permanecer en Costa Rica”, indicó entonces Migración.
El problema es que el convenio con Panamá solo alcanzó para trasladar a 20 adultos y 20 niños, confirmó la directora de Migración. En medio de la pandemia, Nicaragua redobló la vigilancia en sus puntos ciegos de paso.
“Estas personas ya no pueden hacer tránsito porque extraoficialmente hay comunicación de Nicaragua de reforzamiento de fronteras con recurso militar y ya no se pueden movilizar más”, explicó Vargas.
La semana pasada, 260 personas se mantenían en el Catem sur y 117 en el Catem norte. “No podemos aceptar más en este contexto”, indicó Vargas.
Otras personas se mantienen en albergues panameños, pero otro número probablemente sigue su trayecto, pues vecinos de la zona sur narraron a UNIVERSIDAD que les han visto caminando por el área fronteriza sin acompañamiento policial.
La jefa de Migración reconoce que el flujo migratorio no se detendrá.
“Buscan mejores alternativas de vida. Pase lo que pase van a querer cruzar hacia el norte, que puede ser México, EE. UU. o Canadá. Es una situación extrema porque no quieren quedarse en América del Sur. Ahora, con la crisis del COVID-19, tenemos que tomar una decisión porque ellos no se van a detener, pasarán entre la selva y por donde sea, van a pagar a redes de traficantes si es necesario”, manifestó Vargas, sin externar todavía una solución concreta, pero apelando a que en otros países se haga “conciencia”.
Lección del pasado
“Quienes no aprenden de su historia están condenados a repetirla”, recordó la directora de Migración. “Entre 2015 y 2016 tuvimos un caos en las fronteras. No están dispuestos a volver a su país de origen y ellos van a transitar por la región pase lo que pase. Por eso es necesario regularlo. Es una gran lección que nos dejó el pasado”, reconoció recordando las crisis migratorias de años anteriores.
A finales del 2015, la policía costarricense detuvo a una banda de coyotes dedicada al tráfico de personas. Nicaragua cercó militarmente su frontera y unos 8.000 cubanos en total se quedaron varados en Costa Rica.
La crisis duró unos cinco meses. Se crearon albergues, se hicieron deportaciones a otros países pero el grueso de los migrantes retomó su camino por los medios que encontraron.
Al siguiente año ocurrió una nueva crisis con haitianos y africanos que también se quedaron atrapados en tierra costarricense ante la negativa de Nicaragua de permitirles el paso.
El lunes pasado, la Defensoría de los Habitantes emitió una alerta a las autoridades nacionales para que en la atención de las personas migrantes extracontinentales se pida a Panamá una prueba de COVID-19.
También solicitó que, una vez que ingresen los migrantes, se emita una orden de aislamiento por 14 días para todo aquel que sea alojado en un Catem.
Además, que se formalice un acuerdo con Nicaragua para garantizar la continuidad del paso por ese territorio.
