Este miércoles 2 de marzo, mientras la Comisión de Ambiente archivó el expediente 22.007 Ley de Minería Crucitas, los diputados de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales hicieron avanzar el proyecto 21.584 “Ley para el Desarrollo Social mediante la Regulación de la Actividad Minera Metálica”, que podría ser “más peligroso”.
El proyecto 22.007 pretendía regular el otorgamiento de permisos de exploración y concesiones de explotación para la minería en Crucitas, para “reactivar la economía, combatir la actividad de la minería ilegal y promover la minería legal”, según su texto.
En cambio, el 21.854 pretende permitir la actividad en “mediana” escala (aunque eso abarque minas del tamaño de la planificada en Cutris, que iba a ser la más grande de Centroamérica), en todo el país.
Durante la sesión del miercoles los integrantes de la comisión de Sociales rechazaron 65 mociones de fondo que se le presentaron al expediente que permitiría la actividad a cielo abierto en todo el país y que será analizado por el fondo la próxima semana.
Además, aprobaron una moción para que el texto sustitutivo se consulte a las municipalidades, universidades públicas, la Caja Costarricense del Seguro Social, el Ministerio de Ambiente y Energía, el Colegio de Geólogos y el Ministerio de Hacienda, entre otros. Es notorio sin embargo que no se incluyeron organizaciones ambientalistas como la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente.
Para José María Villalta, legislador frentamplista y reconocido ecologista, el proceder en ambos casos no es contradictorio porque es un tema polémico, sobre el que hay posiciones encontradas en la Asamblea Legislativa. “Hay algunos diputados que quieren reactivar el desastre de la minería a cielo abierto, con la excusa equivocada del supuesto beneficio económico y habemos otros, que ponemos por delante una perspectiva de desarrollo sostenible, una preocupación por el grave daño que provocaría esto”, dijo.
Para Villalta, el que un proyecto que sin duda tendría impacto ambientales esté siendo analizado por una comisión sin ese expertise es “una maniobra promovida por proponentes, porque es una comisión que no tiene el conocimiento de la materia para tratar un tema así”.
Sobre el fondo del proyecto que se mantiene vivo, el diputado dijo que “no tiene ninguna viabilidad” y que es “más peligroso” pues mientras el expediente 22.007 buscaba autorizar la minería metálica sólo en la zona de Crucitas, este busca legalizar la minería metálica a cielo abierto en todo el país.
Esto, dice, entraría en contradicción con la legislación existente que prohíbe la minería a cielo abierto, que incluso fue promovida por Liberación Nacional, al igual que este proyecto. “Esto implicaría un grave retroceso en materia ambiental, el proyecto que está centrado únicamente en la premisa de que legalizar la minería a cielo abierto generaría beneficios económicos y no se han analizado otras variables, por ejemplo, los costos y la pérdida de empleos asociada a la destrucción del ambiente, la destrucción de la biodiversidad, destrucción de las fuentes de agua, etc.”
Allan Astorga, geólogo, consultor ambiental y profesor de la Universidad de Costa Rica dijo que el proyecto es “una trampa”, porque entre otras cosas, el proyecto clasifica como minería de mediano impacto proyectos como Crucitas, que iba a ser la mina más grande de Centroamérica.
“El proyecto no tiene sentido para el país, ni siquiera es económicamente viable, porque la minería no es solo hacer un hueco, como si hubieran pepitas de oro gigante para sacar. La minería requiere ubicar un yacimiento, eliminar el bosque que hay encima, la biodiversidad, el suelo, los acuíferos y mientras tanto, el oro la minera se lo lleva casi todo, paga un canon de un 2% y eso si no es que hacen el truco de poner la planta de extracción de oro en una zona franca donde Estado tiene que subsidiar del costo, la energía y un montón de cosas”, explicó.
Para él, esta ley solamente permitiría “otra vez” que entren empresas mineras como Infinito Gold, lo que después del proceso legal que ha enfrentado el país y que ganó, le haría “un enorme daño a la imagen del país”.
“A mí me parece que sería muy poco serio y volveríamos a la historia de que sacrificamos nuestros recursos naturales más valiosos, como la biodiversidad y el agua subterránea, para que las mineras se llevan la plata, la mayor cantidad del pastel”, concluyó.
UNIVERSIDAD intentó conversar con los proponentes del proyecto María José Corrales y Jorge Luis Fonseca, pero ninguno respondió nuestras solicitudes.
