Con la actual Ley General de Telecomunicaciones no se puede financiar la alfabetización digital por medio del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), declaró el Ministerio de Ciencia y Tecnología (Micitt) en el criterio que envió a la Asamblea Legislativa sobre el proyecto de ley de alfabetización digital.
El criterio sobre el proyecto de ley del “Programa Nacional de Alfabetización Digital” (expediente 22.206) fue enviado ayer jueves a la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, donde se analiza.
Según explica el documento, la Ley General de Telecomunicaciones (Ley 8642) sólo aborda la brecha de acceso a Internet y es la alfabetización digital la forma de cerrar la brecha de uso.
Se entiende como alfabetización digital “la adquisición de conocimientos y habilidades en el uso de dispositivos, programas, lenguajes de programación, la carga y descarga de archivos; la búsqueda, clasificación, integración y evaluación de información y recursos digitales tecnológicos y contenidos, la navegación en entornos virtuales y la comunicación por diferentes medios digitales para el uso productivo, significativo, seguro, crítico y responsable de la tecnología para la educación, la formación, el trabajo y la participación en la sociedad”.
De acuerdo con datos del Micitt, En el 2019, las personas de un 45% de los hogares decían que no necesitaban Internet; las de un 31% de hogares afirmaban que los costos eran muy elevados; y las de un 12% que no sabían cómo usar Internet, lo cual es una expresión del analfabetismo digital.
Podrían agruparse como personas en analfabetismo digital quienes dicen no necesitar Internet (45%), pues aún conectadas probablemente no sabrían qué hacer con el Internet y quienes dicen no saber cómo utilizarlo (12%). “Es decir, más de la mitad de hogares sin acceso a Internet se debe a un tema de necesidad de alfabetización digital, según refirió un estudio del Programa Institucional Sociedad de la Información y el Conocimiento (Prosic) de la Universidad de Costa Rica.
En el criterio enviado, el Micitt también señala que la definición de los objetivos de acceso universal, servicio universal y solidaridad se refieren únicamente al acceso a las telecomunicaciones y no a la brecha de uso, por lo que existe un vacío legal con respecto al propósito original de la ley.
También aclara que el proyecto de ley no riñe con el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos; y que más bien fomenta la competitividad, ampliando la participación de proveedores, pequeñas y medianas empresas, “abriendo la posibilidad de una verdadera libre competencia y no como ha sido hasta ahora, que se circunscribe a un número reducido de oferentes”.
Actualmente los proyectos con cargo a Fonatel se financian según los objetivos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT); pero como la Ley General de Telecomunicaciones no incluye mecanismos para disminuir la brecha de uso ni la alfabetización digital, los recursos de Fonatel no pueden usarse para financiar la alfabetización digital, insiste el Micitt. Y por eso dicha ley “debe ser totalmente explícita y clara en este aspecto, para evitar que busque evadirse la atención de la alfabetización digital y su financiamiento por medio de Fonatel”, agrega.
“La alfabetización digital es un tema de tal importancia estratégica para la movilidad social, la transformación económica y el desarrollo regional equitativo, que su atención no debe quedar supeditada a la interpretación de una ley ni a la voluntad de los jerarcas de turno en el sector público, incluyendo Sutel/Fonatel”, recalca el ente rector.
