La mesa de diálogo legislativa que discute el proyecto de jornadas de 12 horas inició este lunes con reclamos por la presencia sin invitación del sector empresarial y la ausencia de organizaciones de personas trabajadoras.
“Yo veo a invitados de la sociedad civil, veo invitados relacionados con cámaras (empresariales), veo a los invitados del Ejecutivo y yo me pregunto ¿Quién definió quiénes eran los invitados?” apuntó la frenteamplista Sofia Guillen.
Tras el reclamo todas las fracciones estuvieron de acuerdo en dejar claro que la mesa es de carácter legislativo y que debe ser liderada por personas miembro de su directorio.
La diputada del Partido Liberal Progresista, Johana Obando, dio la bienvenida a las cámaras y a la representación del Ejecutivo, pero señaló la ausencia de otros sectores: “Todos tienen que ser escuchados”.
Ariel Robles lamentó que la presencia desbalanceada e inconsulta de cámaras empresariales manchara el inicio de la discusión e indicó que aunque la presencia del Ejecutivo es bienvenida, el suyo no es un criterio único ni libre de intereses.
“Yo personalmente no confío en criterios técnicos del Gobierno de la República sobre este tema. Yo podría tener a todo el Gobierno de la República y claro que sus proyectos van a ser a favor de la iniciativa de Gobierno” dijo.
Esta discusión inició después de que el presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias, cediera el poder sobre la mesa de diálogo a la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, quien aseveró los diputados no entendían las reformas por lo que la explicaría una asesora del Gobierno y que el Ministerio de Trabajo atendería otras dudas.
A lo que la diputada Rocío Alfaro respondió que insistir que tener una diferencia es porque no se entiende “no es una posición razonable para una mesa de trabajo”.
Díaz intentó empujar la discusión de la moción 489, que cambiaria la totalidad del texto por uno que aseguró es “consensuado con el sector productivo” ante las “inquietudes” del los empresarios.
La diputada Daniela Rojas del Partido Unidad Social Cristiana apoyó la discusión de este nuevo proyecto, que Jonathan Acuña del Frente Amplio considera aún más regresivo para los trabajadores.
