País

Mesa de diálogo depara 58 acuerdos: lo bueno, lo malo y lo incierto

Sectores rescatan un esfuerzo de encuentro social que no se veía desde décadas atrás, aunque admiten que las medidas fiscales requeridas son mucho mayores. Los focos pasan a la Asamblea Legislativa y ahí el pronóstico es reservado, porque se acerca la campaña

Un representante gremial cuenta que dejó abiertas las ventanas de su carro en el primer día del diálogo convocado por el Gobierno para buscar soluciones urgentes a la crisis económica del país. Un conocido le avisó y él le respondió: “sí, sí, las dejé así porque hace sol y de por sí ya casi nos vamos todos de aquí. Uno viene como para que no digan que no vino”.

Ese día, viernes 23 de octubre (después de semanas de protestas en las calles y el fallido intento de diálogo auspiciado por el Estado de la Nación) la discusión comenzó a ponerse candente y eso también resultaba interesante, tanto que olvidó ir a cerrar las ventanas del auto. Así las encontró al final del día, cuando ya estaba convocada una nueva sesión, para el miércoles siguiente.

El representante de la Cámara de Industrias, Enrique Egloff, con la ministra de Planificación, Pilar Garrido. (Foto: Presidencia)

Estaban apenas en los primeros acercamientos, pero para el segundo día sí cerró las vidrios porque se asomaba algún sentido para quedarse, pues otros representantes tampoco se levantaron a pesar de que no faltaban motivos o ganas. El resto de días ya ni dudaban de la necesidad de participar de la mesa de diálogo, pues era peor retirarse que quedarse a pesar de los escepticismos.

“Por suerte nadie se fue porque seguro varios también nos habríamos retirado. Había como una presión de grupo y por dicha, porque al final el resultado es valioso, aunque claro que insuficiente”, dice el representante que prefiere no identificarse. “Para que no sepan que quizás yo era el más pesimista”, justificó después de reconocerse sorprendido de que ahí se mantuviera la cúpula empresarial, incluido José Álvaro Jenkins, presidente de la Unión de Cámaras.

Como él, representantes de más de 60 organizaciones empresariales, sindicales y de otros sectores ciudadanos participaron en las 12 sesiones presenciales y firmaron el acuerdo de consenso sobre 58 propuestas que generarían un recorte del déficit superior a 3 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), según el Ejecutivo.

Así se informó este sábado 21 de noviembre, un mes después del inicio de esta plataforma convocada por el Gobierno como único camino posible para aplacar las tensiones sociales que se generaron en septiembre, cuando Hacienda presentó una propuesta basada en nuevos impuestos como plan previo para negociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Ese tema del FMI ni se mencionó en la mesa de diálogo, que apostó por los caminos menos conflictivos para intentar consensos entre sectores antagónicos y enemistados, lo cual redujo el margen de hallar medidas de impacto sobre la situación fiscal y dejó la puerta abierta para el diagnóstico de los más críticos: “una pérdida de tiempo”, como dijo el exministro de Hacienda Rodrigo Chaves, otros analistas y diputados de oposición.

Bajo presión

En frente hay una severa crisis fiscal que hará a Costa Rica llegar, a fin de 2020, con un déficit fiscal cercano a 10% del PIB y alcanzar un endeudamiento de casi 80% del PIB en el 2021, con el temor a una quiebra fiscal que el deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de las personas, después del perjuicio severo acentuado por la pandemia.

Eso lo sabían los representantes. El tiempo corría y la presión pública aumentaba las tensiones de origen, pues unos iban decididos a oponerse a más impuestos y otros iban decididos a oponerse al recorte del gasto estatal. El margen era pequeño y se reflejó en los resultados finales, salvo algunos resquicios.

“Cada minuto que pasábamos ahí costaba 4 millones de colones en aumento de la deuda, pero todos los sectores sentían necesidad de expresarse y la metodología indicaba que todo debía ser por consenso”, dijo con resignación el economista Gerardo Corrales, quien participó como representante de la Cámara Costarricense-Norteamericana de Comercio de Costa Rica (AmCham).

Pese a ello, reconoció el valor del encuentro de sectores antagónicos y el espacio para satisfacer el deseo “casi psicológico” de desahogarse. “Fue duro al principio porque la gente llegó a decir lo que sentía. Podía ser culpa de todo el capitalismo de los últimos 30 años o a los que viven de la existencia del Estado”.

“Había como un compromiso de no retirarse. Se pensaba en el mensaje a la opinión pública y a los mercados o las calificadoras. Creo que sí ayudó a parar la caída de los bonos por la expectativa, pero ahora, diay, la pregunta que tendrán es cuánto impacta esto en los números”, agregó Corrales.

Con él coincide la economista Sofía Guillén, quien participó como asesora de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) y ahora valora algunos resultados.

“Urgía un espacio de diálogo multisectorial. Esto tuvo esa utilidad, de poner a sectores a decirse las cosas de frente y a aterrizar las consignas. Por ejemplo, decir “que los ricos paguen como ricos” había que transformarlo en propuestas aplicables, en los cómo”, comentó Guillén.

Tanto Corrales como Guillén lamentan no haber llegado más allá, pero ambos difieren en esos elementos que deseaban que considerarán en el plenario. La necesidad de consenso dejaba por fuera propuestas como eliminar la exoneración de zonas francas, pero también a topes duros a las remuneraciones de funcionarios del Estado.

Así se resume lo bueno y lo malo del encuentro, además de la señal de Ejecutivo de abrirse a escuchar como no lo hizo antes de la propuesta presentada en setiembre y de la presencia física del propio presidente Alvarado, quien en varias ocasiones intervino y no dudó en llamar “histórica” a esta plataforma, después de “décadas” de no existir espacios así.

La politóloga Ilka Treminio, quien fungió como facilitadora de las discusiones junto al economista Víctor Umaña, recordó que el último esfuerzo como este fue el llamado “concertación nacional”, en el gobierno de Miguel Angel Rodriguez, en 1998.

“Son sectores que llevan muchos años sin hablarse o hablándose solo mediante columnas de prensa o, peor aún, por las redes sociales en la actualidad. Se han acumulado prejuicios, revanchismos o marginación en ciertos casos; ahí se confrontaron en un diálogo muy humano”, agregó antes de resaltar el aporte de grupos menos polarizados en lo económico, como los de la economía social, mujeres y de la Conferencia Episcopal.

Treminio también subrayó como favorable la aceptación del Gobierno y los representantes de que la crisis es económica y fiscal, sí, pero sobre todo política y social, lo cual obliga a valorar el resultado por encima de los puntos del PIB que se recortarían al déficit.

Lo incierto

Fue el sábado por la noche cuando el Gobierno comunicó que, con los 58 acuerdos, se logró un ajuste fiscal permanente de 1,40% entre gastos e ingresos, sumados al 0,8% del PIB generados por la vía de eficiencia tributaria a partir del 2023, además de aportes de una única vez equivalentes a 0,96% del PIB.

Las críticas señalaron que algunas de las medidas ya estaban encaminadas en el Gobierno o el Congreso, y que otras más bien dependen de la dinámica política, a pesar de la firma de los sectores allí representados.

El presidente Alvarado prometió formalizar los acuerdos para llevar lo que corresponda a la Asamblea Legislativa a partir de diciembre, cuando comienza un largo período de ocho meses en que el Gobierno controla la agenda de los diputados. También podría llevar algunas de las propuestas que no se acordaron por falta de tiempo o de consenso, advierten en Zapote.

El problema ahora es que solo una parte de los diputados dio validez a ese proceso de diálogo y a los acuerdos ahí alcanzados. De ellos dependerá que se traduzcan en reformas legales para que se puedan implementar, pero hay un problema adicional: se avecinan los cálculos previos a las elecciones del 2022.

Los participantes de la mesa de diálogo saben que uno de los riesgos es la posibilidad alta de que diputados de oposición quieran castigar al gobierno de Alvarado rechazando los acuerdos, aunque no sean méritos de él.

“Por las señales que están empezando a dar, hay buena parte de los diputados que no están comprendiendo la dimensión socio política de la crisis. No comprenden que ellos también están deslegitimados socialmente, son representantes de una institucionalidad que se ha divorciado cada vez más de la ciudadanía y pueden llegar a recibir la factura alta como la recibió el Gobierno”, comentó Jorge Coronado, directivo del Bloque Unitario Sindical y Social (Bussco).

Corrales advierte que, además, sectores diversos presionarían en el Congreso para lograr ahí lo que no lograron en la mesa sectorial y esto se sumaría a temas que son de por sí ásperos, como el proyecto de Ley de Empleo Público, nuevos empréstitos internacionales o la depuración del Presupuesto 2021.

“La incógnita es si el Gobierno tiene un plan B y si lo discute con jefes de oposición. En la Asamblea Legislativa está muy complicado, porque habrá una presión tremenda en víspera de un año electoral. ¿Estarán los diputados por encima de eso? Anticipo que se va a poner caliente”.

Treminio adelantó que, igual como está previsto un acto oficial para la entrega del documento con todos los representantes y todos los diputados, esos acuerdos no los defenderá el Ejecutivo en solitario, sino todos los sectores que estamparon ahí su firma.  “Todos tenemos muchas reservas a esta Asamblea Legislativa también, que no se crean exentos. No vemos que esté a la altura y habrá que mantener la presencia ahí”.

Además, para dar seguimiento a las medidas, continuar con propuestas que quedaron pendientes y para discusiones futuras en asuntos estructurales, Alvarado decretó la formalización del Consejo Consultivo Económico y Social, a más tardar el 27 de diciembre. Esto a petición de los sectores representados en la mesa, habiéndose sobrepuesto a las hostilidades iniciales.

Un ejemplo de los temas que requerirán el filtro legislativo es la creación de la renta global para cobrar el impuesto a las utilidades, que consiste en calcularlo sobre el total de las ganancias y no sobre los distintas fuentes, pues por separado podrían quedar exentas de ese gravamen.

La modalidad de renta global, que lleva discutiéndose en el país por muchos años, ha sido rechazada por sectores empresariales, aunque ahora es uno de los parámetros de la OCDE y hay una mayor aceptación. Esta se reflejó en la mesa de diálogo, aunque no del todo libre de discusión, pues pedían que a cambio se redujera la tasa de 30% a 25%. Al final quedó en 27,5%, lo cual le resta eficacia, pero significa un avance, según sectores sindicales.

El dirigente sindical Jorge Coronado con la ministra de Trabajo, Geaninna Dinarte. (Foto: Presidencia)

Víctor Umaña, economista y facilitador de mesa multisectorial:

“Aquí salió a escena la economía política del país. La gente se quitó el disfraz y con honestidad expusieron dónde están parados. Ellos mismos definieron reglas que no se habían pensado antes. Ya una vez metidos ahí, queríamos que saliera bien.

En lo más económico, el Ejecutivo se dio cuenta de que podía raspar la olla y ganar dos puntos del PIB con propuestas que no estaban al inicio. El Gobierno y Congreso ya tienen ahora un panorama más claro de cómo proceder, incluso con propuestas que se rechazaron o que quedaron en la discusión. Creo que las calificadoras ven esto también, ven que no estamos tirándonos piedras ni incendiando el Congreso, que hay esfuerzos claros para alcanzar acuerdos que mejoren las finanzas, aunque claro que falta mucho”

Ilka Treminio, politóloga y facilitadora de mesa multisectorial:

“Al principio pensamos que la mesa no se iba a sostener porque hubo esfuerzos fallidos y decepciones, o parches sin intención genuina de Gobierno de escuchar a los sectores. La gran crítica era que el Gobierno estaba respondiendo con economía algo que era político, pero creemos que después se comprendió, pero esto no es un triunfo del Gobierno, sino una obligación. La gente se sintió convocada y rápido se apropió de ese espacio y los procesos tomaron dinámicas en la plenaria o en espacios por separados para preparar los temas”

 Gerardo Corrales, economista representante de Amcham:

“Se gastó mucho tiempo y eso impidió entrar a los problemas más de fondo que permitieran amortizar la deuda en al menos 8 puntos del PIB. Los sindicatos solo querían insistir en la vía de los impuestos, lo que nos quedó en cosas como Hacienda digital, pedir a los diputados que recorten su gasolina, gravar la lotería y la venta de cartera de créditos de Conape. Solo 2,2% del PIB es insuficiente, pero difiero de diputados que dicen que perdimos el tiempo. Quedaron por escrito propuestas cuantificadas que puede o deben recoger el Gobierno y los diputados, además de los temas que van por otros lados como Empleo Público, el recorte de 150.000 millones en el presupuesto del 2021 o gravar el salario escolar. La discusión deberá pasar a la Asamblea Legislativa y ahí veremos que pasa, porque tendrán presión de sectores en un año preelectoral”

Sofía Guillén, economista y asesora de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE):

“Faltaron sectores, algunos de los que salieron a la calle en zonas rurales o costeras, gente del agro, pero es cierto que hubo bastante representatividad. Esto obligó a los sectores a aterrizar sus consignas y convertirlas en proyectos viables y concretar. No se podía llegar ahí a decir “que el rico pague como rico” porque detrás de ello hay muchos detalles. Ahora se comprobó que sí tienen capacidad propositiva los sectores sociales y civiles de proponer cosas concretas, no solo los economistas o empresarios. Los acuerdos son pequeños pasitos, pero positivos. Nadie puede decir que aquí hay ganadores o perdedores. Ahora esperemos que la Asamblea LEgislativa respete este trabajo”

Jorge Coronado, directivo del Bloque Unitario Sindical y Social (Bussco):

“Esa propuesta de setiembre, del Gobierno, rumbo a negociar con el FMI, totalmente inconsulta, provocó molestar a sectores muy diversos con intereses muy diversos. Eso generó un incendio social que obligó al Gobierno a dialogar de verdad, a dar un paso atrás y recuperar algún grado de legitimidad. Esta fue como la última tabla de salvación.

Se lograron una serie de propuestas para una salida inmediata, aunque no definitiva, de consenso. Diversos actores sociales trabajaron sin egoísmos para que Gobierno recupere la capacidad de proponer salidas con mayor consenso social. Ahora le toca a la Asamblea Legislativa comprender eso, que es la otra parte de la balanza. Por las señales que están empezando a dar, hay buena parte de los diputados que no están comprendiendo”.

Ir al contenido