Pese al apagón educativo que el país enfrenta actualmente, el presupuesto de educación para el próximo año tendría una reducción de cerca de ₡65.000 millones respecto al 2024, de cumplirse las órdenes emanadas por el Ministerio de Hacienda.
Así se lee en el oficio MH-DM-OF-0388-2024, enviado el pasado 4 de abril a la ministra de Educación Pública, Anna Katharina Müller, por parte del jerarca de Hacienda, Nogui Acosta.
Esto significa, según especialistas consultados, un golpe para la educación, la cual, al igual que otros programas sociales, han sido sacrificadas por el pago de la deuda pública durante la Administración de Rodrigo Chaves.
“Parece que el camino que se está tomando es nuevamente recortar en aquellos componentes de desarrollo estratégicos del país a costa del sostenimiento de las finanzas públicas. Es una medida que ha demostrado a lo largo de la historia no ser eficaz ni eficiente. Recortar a la educación o a la salud en tiempos de crisis luego nos ha cobrado una factura muy grande”, externó el rector de la Universidad Nacional (UNA), Francisco González.
Reducción de ₡65.000 millones
En el documento enviado por Acosta a Müller, el jerarca solicitó a Müller presentar un anteproyecto de presupuesto que contemple el monto de ₡1.942.055,73 millones como gasto total de esta cartera.
Esta cifra no incluye los ₡578.967,44 millones, que se encuentran destinados al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y Sistema Nacional de la Acreditación de la Educación Superior (Sinaes) en el 2024, y que están siendo considerados como previsión para financiar estos rubros en el 2025.
Este monto solicitado por Hacienda sumado a la asignación que se daría al FEES y al Sinaes, representa una disminución de aproximadamente ₡65.000 millones respecto al presupuesto aprobado para el MEP por la Asamblea Legislativa para 2024, el cual corresponde a ₡2.586.221,86 millones.
Este monto, según indicó Acosta, toma en consideración la ejecución presupuestaria de la entidad entre 2022, 2023 y la proyección de ejecución del 2024, con el propósito de hacer un uso más eficiente del presupuesto de la república.
En la misiva enviada al MEP, el jerarca de Hacienda señaló también que con los montos máximos de gasto total deberán financiarse los gastos de carácter ineludible que cubran la totalidad de las operaciones institucionales, tales como: remuneraciones y contribuciones sociales asociadas, servicios públicos, así como contratos vigentes por servicios de limpieza, seguridad, alquileres, incluyendo el monto correspondiente al impuesto sobre el valor agregado que corresponda en cada caso, entre otros.
Agregó que los cambios que se produzcan como resultado de la aplicación de las escalas salariales, los debe asumir la institución con el monto máximo que se está comunicando. Además, debido a la situación fiscal y sin excepción, no se incrementarán los montos de gasto presupuestario máximo comunicados, ni se autorizará la creación de plazas, por lo que estas opciones estarán deshabilitadas en el Sistema de Formulación Presupuestaria.
Situación similar ocurre con el monto asignado al FEES, pues una vez que esté definido y si este fuera superior al monto indicado, el MEP deberá realizar el ajuste para darle financiamiento a la diferencia dentro del monto máximo comunicado.
En la comunicación realizada a Müller, el jerarca de Hacienda destacó que la institución ha reservado la suma de hasta ₡100.000 millones que serán distribuidos entre los ministerios y los otros poderes de la república. Esta distribución se realizará de acuerdo con las prioridades que determine el Consejo de Gobierno, en concordancia con los objetivos y prioridades del Gobierno.
“El crecimiento del gasto total y corriente a nivel presupuestario para el ejercicio económico del 2025, de las entidades y órganos que conforman el Sector Público No Financiero, no podrá superar el 3,75%, el cual se aplicará en el Presupuesto Nacional de manera agregada, considerando el gasto estimado por pago de intereses del Servicio de la Deuda Pública para el 2025”, se lee también en el oficio, en el que Acosta solicitó enviar este anteproyecto de presupuesto a más tardar el 8 de junio.
Consultado sobre este tema, el ministro Acosta respondió a UNIVERSIDAD “que la comunicación que se envió al Ministerio de Educación Pública en abril incluye un monto preliminar, aún resta por hacer ajustes para remitirles el monto definitivo del límite presupuestario asignado para el presupuesto 2025”.
Se realizaron consultas al Departamento de Comunicación del MEP; sin embargo, al cierre de esta edición no hubo respuesta.
Gobierno sacrifica inversión social
La directriz enviada por Acosta a Müller fue criticada por diversos sectores, quienes ven un enfoque del Gobierno en pago de la deuda pública a expensas de la inversión social.
“Seguimos sufriendo la dirección que le ha dado este Gobierno, el descuido de los rieles sociales más importantes del país, como lo es la educación. Son recortes exagerados que solamente avisan que la crisis en educación va a profundizarse y que cada vez van a estar más amplias las brechas sociales que se han abierto con esta falta de inversión”, indicó la diputada del Frente Amplio, Rocío Alfaro.
“Claramente serán los sectores más vulnerables los que paguen esta forma de entender el ahorro estatal que no es ahorro sino que es un enorme gasto porque se están desperdiciando generaciones completas en su oportunidad de formarse y aportar al país”, agregó Alfaro, quien destacó que los líderes del Gobierno se están enfocando únicamente en cifras macroeconómicas y no en la destrucción de los proyectos de vida de la población y la mejora de sus condiciones de vida.
Esto, a su vez, es respaldado por el presidente del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricenses (SEC), Gilbert Díaz, quien considera que con este recorte la educación pública seguirá “padeciendo”.
“¿Qué calidad de educación vamos a tener cuando tenemos faltantes para educación, transporte, nombramientos? Una total decadencia en la educación. Esta ministra no sale a defender el presupuesto de educación. Vamos camino a afectar a nuestras nuevas generaciones”, mencionó.
Por su parte, Fernando Rodríguez, el exviceministro de Hacienda y economista, señaló que el pago de intereses de la deuda pública sigue “estrujando” el gasto social.
“El pago de intereses sigue creciendo y eso obliga al país a ser más restrictivo. Pero ¿por qué sigue siendo tan pesado ese gasto? Se nos está yendo la posibilidad de mejorar en muchos aspectos por el pago que estamos haciendo en intereses. Deberíamos de revisar por qué nuestra deuda es tan cara”, añadió.
Incumplen 8% PIB
Los recortes en esta cartera llevarían al país—nuevamente— al incumplimiento de la norma constitucional de invertir un 8% del Producto Interno Bruto en Educación (PIB).
Un incumplimiento que se ha presentado en todo el período presidencial del mandatario Rodrigo Chaves y en administraciones previas.
De acuerdo con Rodríguez, considerando el Producto Interno Bruto (PIB) de este año, la inversión en educación para el 2025 apenas alcanzaría un 5,27%.
“Me preocupa que nuevamente estemos presupuestando menos del porcentaje del PIB que establece la Constitución Política y sea otro año más en el que no estemos avanzando en este tema. Pareciera que vamos a retroceder. El porcentaje del PIB disminuye en relación al año previo y esto ya lleva varios años así”, destacó.
Ante esta situación el presidente del SEC, Gilberth Díaz, indicó que la educación está en una situación de emergencia y que este Sindicato se estará organizando para realizar una defensa del presupuesto en los próximos días.
Impacto en FEES
La disposición del ministro Acosta tendría también repercusiones sobre el FEES, cuyas negociaciones iniciarán la próxima semana.
Un ajuste en el monto dispuesto por Hacienda se podría dar, según el rector de la UNA, Francisco González, solo con la anuencia a negociar de las autoridades del MEP.
“Creo que ese oficio establece límites y posibilita la negociación del FEES, que esperaríamos la otra semana arrancar. Establece una posibilidad para que a través de la negociación con el MEP podamos tener nosotros un reconocimiento que responda a las necesidades que las universidades tenemos hoy en día. Veo aún un margen de que en esos ₡100.000 millones esté la posibilidad de maniobra nuestra, aunque no debería ser así. Constitucionalmente el FEES es una partida específica; no obstante, se maneja a través del MEP”, mencionó.
Transferencias a Juntas de Educación y Administrativas cayeron 57% desde 2019
Diversos sindicatos criticaron esta disminución en el presupuesto, lo cual mantiene centros educativos con serios problemas en infraestructura y ha generado también algunos cierres ante la imposibilidad de pagar servicios básicos.
