La infraestructura educativa parece ser “la piedra en el zapato” del Ministerio de Educación Pública (MEP), que suma 583 órdenes sanitarias y 47 proyectos que quedaron fuera de un fideicomiso en el que el dinero no alcanzó por la lentitud del Estado en la ejecución de los fondos.
Ahora, con el agua hasta el cuello por el rezago en infraestructura, el Ministerio tiene claro que la vía a seguir para construir escuelas y darles mantenimiento es la alianza público-privada, pues el presupuesto ordinario no es suficiente.
“Para nadie es un secreto que las necesidades de infraestructura educativa en el país son grandes y no podemos atender ese tema limitándonos al presupuesto ordinario y la capacidad de ejecución de la Dirección de Infraestructura o cualquier otro departamento”, comentó el ministro de Educación.
Bajo este mecanismo, el MEP se aliaría a empresas privadas que se encargarían de construir los centros educativos e incluso tendrían la responsabilidad de dar mantenimiento al inmueble por un tiempo; mientras que el Ministerio solo realizaría un pago anual o mensual a la firma por el servicio.
De acuerdo con la directora de la Dirección de Equipamiento e Infraestructura (DIEE) del MEP, Andrea Obando, la institución ha estado analizando esta opción desde octubre del año pasado. Actualmente se mantienen en conversación con la Unidad de Alianzas Público-Privadas del Ministerio de Hacienda.
“La Unidad de Alianzas Público-Privadas ya está trabajando con nosotros, ya nos hemos reunido y están enterados. De hecho hemos compartido con ellos nuestras siete posibles carteras de inversión; todos los proyectos que necesitan financiamiento”, destacó Obando.
Consultada sobre este tema, la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda respondió que recientemente empezó a hacer una coordinación con el MEP; sin embargo, indicó que no había información disponible.
Obando explicó que esta iniciativa buscaría ejecutar los proyectos con órdenes sanitarias, los que faltaron en el fideicomiso y otros que tienen planos constructivos pero que carecen de los recursos para llevarse a cabo.
La directora de la DIEE es consciente de que estructurar una alianza de este tipo requiere de tiempo; sin embargo, cree que es una solución al problema de infraestructura a largo plazo.
Además, destacó que el hecho de que la educación tenga un porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) le da respaldo económico al Ministerio de Educación.
¿Beneficio o desastre?
Edgar Mora ha dejado claro desde el inicio de su administración que la DIEE es inoperante y que eventualmente la ejecución de las obras se trasladaría a figuras más cercanas al modelo de alianza público-privada; es decir, el Ministerio no sería el constructor.
El ministro de Educación se mantiene positivo sobre la idea de realizar este tipo de alianzas y prefiere no pensar en que “podría resultar un desastre”.
“No pensamos en eso, todo lo contrario. El país tiene legislación vigente para utilizar este tipo de mecanismos, los cuales han demostrado ser eficientes si son bien planificados”, añadió Mora.
Contrario es el pensamiento del exministro de Educación, Leonardo Garnier, quien considera que “el principio es correcto”; sin embargo, podría desembocar en un desastre dependiendo del contrato.
“Si el contrato está bien hecho hay una buena probabilidad de que salga bien, y si el contrato no está bien hecho puede ser un desastre. Yo la única advertencia que haría en el caso del MEP es que tengan gente muy buena trabajando los contratos que van a hacer, porque después el riesgo es que la escuela no quede bien”, consideró.
Por su parte, el ministro de Coordinación con el Sector Privado, André Garnier, opinó que la alianza público-privada es una muy buena opción para que el país mejore su infraestructura educativa.
“Yo creo que estas alianzas potencian lo que pueden hacer el sector público y el sector privado. Cada quien aporta sus fortalezas. En la situación fiscal que tiene Costa Rica y la falta de recursos, la forma en que nosotros podemos hacer un montón de inversiones pasa por una alianza público-privada”, destacó el ministro.
El jerarca señaló también que este tipo de mecanismos haría que los centros educativos se enfoquen más en la enseñanza.
“Hay esquemas en donde la empresa le da mantenimiento. Entonces la escuela se enfoca en que la docencia sea la mejor posible y se quita el problema de que no había la plata, que la Unidad de Arquitectura del MEP no autorizó, etc. Esto acelera procesos y da un producto mejor”, expresó.
El ministro mencionó que las alianzas público-privadas traen como beneficio la experiencia de los desarrolladores y los recursos económicos; sin embargo, aseguró que no es una fórmula mágica.
Garnier recordó que en el país, los aeropuertos internacionales Juan Santamaría y Daniel Oduber, e incluso la Ruta Nacional 27 (San José-Caldera), han sido construidas bajo el esquema de alianzas público-privadas.
De acuerdo con el ministro, para formalizar este mecanismo, el MEP no requiere de la aprobación de la Asamblea Legislativa.
La semana anterior, el presidente del Instituto Nacional de Seguros (INS), Elian Villegas, se reunió con las autoridades del MEP con el fin de buscar soluciones al rezago que existe en los centros educativos en materia de infraestructura.
“Estamos hablando sobretodo de la posibilidad de apoyar al Ministerio en la estructuración del financiamiento y esto puede ser por medio de un fideicomiso. Hay que revisar la estructura del fideicomiso, si se financia por vía de créditos o bonos. También hay que ver, a la hora de construir y trasladar eso al MEP, si se realiza por medio de alquiler con mantenimiento incluido”, mencionó Villegas.
Villegas aseguró también que a futuro el INS podría comprar algunos de los bonos y que la entidad le entregaría una oferta al MEP esta semana.
Fideicomiso no alcanzó
A finales del mes de mayo, UNIVERSIDAD informó que el MEP no podrá cumplir con el compromiso de construir 103 proyectos educativos con el fideicomiso de $167.5 millones pactado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pues el dinero presupuestado “no alcanzó”.
Esto se traduce en que del total de obras, solo 56 serán entregadas; mientras que los otros 47 proyectos quedarán por fuera del fideicomiso.
¿Por qué no alcanzaron los recursos? El ministro de Educación Pública, Edgar Mora, alegó que los costos estimados en un análisis financiero del 2010 se alejan de los que se realizaron en el año 2015 (año en que se empezó a ejecutar el fideicomiso).
Además, algunas normativas constructivas que se deben aplicar actualmente no estaban vigentes para cuando se hizo el estudio.
“La razón de esa situación es que la estimación de costos, establecida en la Ley 9.124, está sustentada en un análisis financiero del año 2010, lo cual dista de los costos reales del año 2015 en adelante”, señaló.
Además, hubo un atraso de más de dos años por parte del Banco Nacional en la conformación de la Unidad Ejecutora (encargada del desarrollo del proyecto).
A la fecha -luego de cuatro años de ejecución- el MEP solo ha entregado 24 obras terminadas, tales como la Escuela Finca La Caja (San José), Liceo Mata Plátano (San José), Colegio Guararí (Heredia) y Colegio Occidental (Cartago).
Se espera que las otras 32 concluyan entre julio de este año y junio del 2020. Entre ellas destacan el Colegio Sotero González (San José), el C.T.P. de Alajuelita (San José) y el Liceo Rural Santa Rosa (Cartago).
Para paliar la situación, el MEP inyectó ¢10.547 millones de su presupuesto, para así financiar 8 de las 47 proyectos de construcción y equipamiento de infraestructura educativa que quedaron por fuera.
Entre los proyectos que se sacarán adelante sobresalen el Liceo Rural Labrador (Alajuela) -cuyo costo es de ¢2.521 millones- y la Escuela Laboratorio Turrialba (Cartago) en la que se invertirá ¢1.746 millones.
