La ministra de Educación Pública (MEP), Anna Katharina Müller, anunció este miércoles en conferencia de prensa la apertura de un procedimiento disciplinario contra el director y orientadora del Liceo La Palmera, ubicado en San Carlos, «por no activar asistencia» a una estudiante agredida por otra persona menor de edad en un autobús el pasado 27 de junio.
De acuerdo con Müller, el pasado 28 de junio, los padres de familia de la joven agredida interpusieron la denuncia en la Fiscalía e informaron al director y orientadora sobre lo ocurrido; sin embargo, estos últimos no activaron todos los pasos del protocolo.
“Levantaron acta de forma inmediata y se iniciaron los protocolos para valoración de los hechos y la coordinación interinstitucional. ¿Cuál fue el problema? Lastimosamente el director y la orientadora como estaban iniciando vacaciones al otro día decidieron no activar la asistencia a la víctima, y decidieron esperar hasta después de vacaciones y no cumplieron con todos los pasos del protocolo”, mencionó la jerarca, quien agregó que “no puede haber negligencia” de las autoridades en los centros educativos.
El supervisor del centro educativo, por su parte, sí realizó visitas a las familias de ambos estudiantes para explicar los procedimientos de protocolos y ofreció a la joven agredida reforzar el apoyo hacia ella al regreso de las vacaciones, entre otros, añadió la ministra.
La jerarca destacó también que realizarán una revisión al Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes para así endurecer las sanciones contra los estudiantes que realicen actos de violencia.
De acuerdo con Müller, a como está la normativa actualmente, la máxima sanción que se podría establecer contra el estudiante agresor es bajar en 45 puntos su nota de conducta, así como suspenderlo por 30 días naturales del centro educativo.
“Esto consideramos que no es una medida suficiente para este tipo de casos”, mencionó.
Asimismo, también se investigará la participación de los demás estudiantes que estuvieron en el autobús.
La Supervisión de Centros Educativos solicitó también un informe sobre los hechos a la empresa de transporte a la que el MEP paga el servicio de transporte estudiantil. La idea es investigar la actuación del chofer, quien no intervino en el momento.
En esa misma línea el Consejo de Transporte Público (CTP) acordó este miércoles por la mañana abrir de forma inmediata un proceso administrativo contra el empresario autobusero. Esta investigación busca determinar si la unidad de transportes contaba o no con la figura de responsable del orden, la disciplina y seguridad de los menores, tal y como establece la normativa.
Los resultados de esta investigación se tendrán en el plazo de un mes. La cancelación del permiso es la sanción máxima a la que se expone el operador de transporte de estudiantes.
El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) indicó este miércoles también que, tras recibir la denuncia por parte de los padres de familia, interpuso una denuncia penal por este caso.
“Tanto como ingresó el incidente a partir del 911 se puso denuncia a nivel judicial con copia a la Fiscalía de Niñez y Adolescencia e incluso a la de Género. Después de esto procedimos con la activación de protocolos y coordinamos con MEP, Inamu y Caja para acompañamiento psicológico de la víctima. El Patronato está brindando apoyo psicosocial a la joven y familia. También estamos preparando a partir de hoy una intervención de índole comunitaria”, externó la presidenta ejecutiva del PANI, Kennly Garza.
El caso de violencia que involucra a dos personas menores de edad de San Carlos se hizo viral mediante un video en redes sociales desde el pasado 8 de julio. En la grabación se observa cómo el hombre se le sienta sobre su cabeza, la escupe y la sujeta del cabello.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que el joven fue detenido a la 1:30 a.m. de este martes en su casa de habitación.
“El muchacho quedó detenido y a las órdenes de la Fiscalía por aparente agresión a la menor. Los padres de la menor agredida interpusieron la debida denuncia y se procedió a realizar las diligencias para la detención”, informó OIJ.
El Ministerio Público informó, por su parte, ese mismo día que el joven es sospechoso “de cometer abuso sexual y lesiones levísimas”. A este se le impusieron medidas cautelares como permanecer en un albergue del Pani mientras se cambia de domicilio, trasladarse de centro educativo, así como la prohibición de amenazar, contactar o acercarse a la víctima.
