La ministra de Educación Giselle Cruz dijo que se estima que 324.000 estudiantes no tienen acceso a la educación virtual por falta de conectividad y que nueve de las 27 regiones educativas no alcanzan ni el 50% de la conexión a Internet.
Las declaraciones fueron hechas esta tarde en una audiencia sobre el proyecto de ley del Programa Nacional de Alfabetización Digital, en la Comisión de Sociales de la Asamblea Legislativa.
De acuerdo con Cruz, hay centros educativos que tienen únicamente 6 megas de conexión a Internet. La jerarca destacó que el proyecto era necesario porque el acceso a las tecnologías es un imperativo para brindar educación pública de calidad -algo que debe garantizar el Estado – y porque la ley actual no reconoce el derecho de las personas a ser alfabetizadas digitalmente.
La ministra de Ciencia y Tecnología, Paola Vega, explicó que la alfabetización digital significa que de manera masiva y gratuita las y los ciudadanos pueden tener acceso a las destrezas para usar las tecnologías digitales de manera segura y crítica para apoyar su estudio, emprendimiento y empleabilidad.
“Lo hemos notado en los diálogos territoriales de la Zona Norte”, comentó Vega, “la gente nos ha dicho, que se requiere equipamiento, señalan la necesidad de que las escuelas cuenten con equipamiento y conectividad y además ellos ven en esto como herramientas a través de las cuales pueden mejorar sus actividades, como en el comercio electrónico de sus productos y en el turismo”.
El pasado 9 de setiembre, el Gobierno y la diputada liberacionista Yorleny León presentaron este proyecto de ley, que reforma la Ley General de Telecomunicaciones para crear un Programa Nacional de Alfabetización Digital, que sería financiado con recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) y administrado por el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Ministerio de Ciencia y Tecnología (Micitt).
La idea es proveer infraestructura de telecomunicaciones, servicio de conexión a Internet, equipamiento y el contenido didáctico a estudiantes de escuelas y colegios públicos y los Centros Comunitarios Inteligentes (laboratorios equipados con computadoras e Internet), priorizando zonas vulnerables como territorios rurales.
Durante la audiencia de hoy, la ministra Paola Vega señaló que aunque actualmente hay 242 Centros Comunitarios Inteligentes -que pueden usar personas que no están dentro del sistema educativo público– pero solo 12 de ellos tienen conectividad facilitada por el Fonatel.
Según Vega, con el proyeco se busca proveer sostenibilidad en el tiempo a este tipo de infraestructura y proyectos de conectividad y no como ahora que cada cinco años se debe partir de cero y plantearlo en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT).
Salen al paso a las críticas del sector telecomunicaciones
De aprobarse la iniciativa, la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) tendrá la obligación de transferir los recursos para este programa al MEP y Micitt, dentro de 15 días a partir de la fecha de la solicitud del MEP o del Micitt. El Micitt será el ente que avalará las solicitudes de proyectos del MEP, y “tendrá en consideración que estén de acuerdo con las metas y las prioridades previstas en el Plan Nacional de Desarrollo de la Telecomunicaciones y considerar la sostenibilidad de los programas restantes a cargo de Fonatel”.
A diciembre de 2019 el Fonatel, supervisado por la Sutel, tenía un patrimonio de ¢203.104 millones ($352 millones).
Durante la audiencia, la diputada Yorleni León pidió a Vega y Cruz que aclararan por qué “se ha tratado de decir que este proyecto de ley viene a violar acuerdos del CAFTA (Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos)”?
Vega respondió: “En el CAFTA no se establece nada con respecto a un fondo que se llame Fonatel ni al Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones; pero sí se establece lo que debemos buscar como país en la Ley General de Telecomunicaciones”. Vega agregó que con este proyecto se complementan los objetivos de dicha ley, específicamente con la alfabetización.
En un reciente artículo de opinión publicado en La República por Juan Manuel Campos, abogado, consultor de empresas de telecomunicaciones y ex vicepresidente de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología, se afirma: “Pero lo más grave, es que en esta ruta alambicada de los dineros de Fonatel, se pretende eliminar la licitación pública para autorizar un régimen excepcional de contratación de urgencia al MEP y así, este ministerio tome todos los recursos públicos que necesite según su valoración”.
Vega aclaró que “en el proyecto nunca se dice que no se va a usar el concurso público; todo lo contrario; hasta se indica lo que se debe publicar en el concurso público”.
