“Tenemos problemas de que algunos de los sicarios más notorios y peligrosos son gente que todavía no ha cumplido 18 años, y entonces la pregunta de la sociedad debería ser cómo lidiar con el peligro inmediato (…) el sistema no nos está dando los instrumentos para neutralizar esos peligros”.
Así hablaba el 3 de octubre del 2023 el presidente Rodrigo Chaves en uno de sus llamados a aprobar la reforma legal que endurece las penas para menores de edad en casos de homicidios, como medida urgente durante el año 2023 que marcó un nuevo récord histórico en asesinatos en Costa Rica.
Los datos, sin embargo, indican que ese factor señalado por Chaves de manera insistente tiene un efecto bajo en el total de homicidios y aún menos si se considera sólo los ocurridos como parte de las operaciones del crimen organizado ligado al narcotráfico.
La estadística oficial indica que los menores de edad son imputados en el 1,1% del total de homicidios registrados por las autoridades en los años 2020, 2021, 2022 y 2023 donde mediaron circunstancias de crimen organizado, con la particularidad de que en estos últimos tres años ese porcentaje fue menor que en el 2020. Es decir, los números no indican una tendencia de aumento.
Las cifras las tiene la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil. De los 2.718 homicidios registrados entre 2020 y 2023, en 161 hay menores de edad implicados, es decir, el 5,9%. Sin embargo, sólo en uno de cada cinco de estos casos hay indicios de que el crimen se cometió como parte de una organización criminal, lo que suma 31 registros (1,1% del total).
Si se observa específicamente el año 2023, el más sangriento en la historia nacional, las cifras muestran que hubo 54 homicidios en los cuales los imputados son menores de edad. Esto representa un 5,9% de los 906 homicidios del año, pero solamente 16 (un tercio) de esos menores de edad sospechosos de matar lo habrían hecho en el contexto de un grupo de crimen organizado.
Para 2020, hubo 570 homicidios, en los cuales hubo 51 adolescentes imputados, casi un 9%. Y de estos, 1 de cada 6 pudo haberse tratado de un acto dentro de una red criminal.
“La situación no es tan nefasta ni creciente como se muestra a veces y las estadísticas así lo muestran. Cuanto más muertes violentas hay, más casos de menores de penal juvenil, pero (2023) no es el peor año. Lo que pasó fue que se publicitó más”, comentó María Gabriela Alfaro, jefa de la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil.
Alfaro también comentó que en la ejecución de homicidios los menores de edad suelen ser menos cuidadosos por inexperiencia y esto los lleva a dejar más huellas que hacen posible la captura y, por tanto, noticias sobre esos hechos. Algunos, además, son más osados.
Como víctimas, los menores de edad aparecen con datos que llaman la atención de las autoridades, pues en los últimos cinco años se registraron 92 fallecidos, que representan un 2,8%, de acuerdo con cifras que maneja el Ministerio de Educación Pública, donde el viceministro Leonardo Sánchez ha expresado preocupación por la relación entre vulnerabilidad social, falta de oportunidades y crimen.
El presidente Rodrigo Chaves se inclina por posiciones de mano dura que implica elevar la pena a menores de edad, a pesar de las objeciones de diputados opositores y de criterios como el de la fiscala Alfaro.
“A veces hay desconocimiento de la materia penal juvenil y eso afecta. Si no se da valor al trabajo con niños y adolescentes y los fines específicos de la ley, no estamos contribuyendo a sanar la población que ya transgredió derechos y tampoco protegemos a los que no lo han hecho”, comentó Alfaro.
Mario Zamora, ministro de Seguridad, daba en febrero una visión más cercana a la de ella: “No solo hay que pensar en medidas privativas de libertad, sino en intervenciones profundas, que hagan que estas personas no sigan con esa ruta porque, si no, los veremos finalmente como criminales hechos y derechos”, decía en Diario Extra.
Los registros del Organismo de Investigación Judicial hasta el 5 de agosto indican que en 2024 han fallecido por homicidios 24 personas menores de edad, que representan un 4,6% del total de muertes por ese motivo en lo que va del año, con un total de 521. Este número es 13 unidades menos de lo que se contabilizaba para el 5 de agosto del 2023, el año de más homicidios, que acabó con una tasa de 17,2 por cada 100.000 habitantes.
Este mes de julio cerró como el más sangriento en la historia del país con un total de 80 víctimas, un 17,5% más que julio del año anterior y más del doble de lo que se registró en 2021 (36 casos).
A su vez, julio de 2024 se convierte en el segundo mes más violento de este año, sólo superado por febrero, cuando murieron 88 personas por asesinatos, según los datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
En este escenario violento, la participación de menores de edad no se refleja como un factor creciente en la estadística judicial como victimarios, aunque los expertos sí advierten que los entornos vulnerables de barrios empobrecidos elevan el riesgo de que adolescentes entren a redes criminales.
Laura Fernández, directora del Área de Niñez y Adolescencia de la Defensoría de los Habitantes, recordó en el programa UNA Mirada que el 38% de la niñez costarricense vive en contextos muy desfavorables y el porcentaje se incrementa en las zonas costeras y fronterizas. Esto los expone a la expulsión del sistema educativo y, por tanto, al peligro de caer en grupos de crimen organizado.
Óscar Valverde, director de la Fundación Paniamor, señala el factor económico como una fuerza que no se supera con cambios legales, pues además hay recortes de programas sociales: “Están creciendo en un entorno con una gran privación de condiciones, lo cual produce adolescentes que no continúan los estudios, ni están vinculados con el mercado laboral y, por tanto, tienen que recurrir a la economía criminal como único modo de subsistencia”.
Valverde reportó que Paniamor trabaja en incidencia con diputados para incrementar las penas a los adultos que se les compruebe el reclutamiento de personas menores de edad en sus organizaciones criminales. “Ahí sí colocamos la responsabilidad donde se debe: en la persona adulta que se aprovecha de las condiciones de una persona menor de edad para ponerlos a hacer el trabajo sucio”.
