Desde el llamado “impuesto Tobin” a las transacciones electrónicas bancarias solicitado por sectores de izquierda, hasta la venta de un par de activos públicos y el cierre o la fusión de órganos desconcentrados, pasando por un aumento del 0,50%, que triplica el impuesto territorial, el aumento temporal de la tasas de los  impuestos a las utilidades y sobre la renta para los ingresos más altos o la eliminación de las exoneraciones de renta al salario escolar y a los excedentes de 22 grandes cooperativas.

La propuesta que el Gobierno se propone negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI), dada a conocer la semana pasada, incorpora, como si se tratara de armar a Frankenstein, las sugerencias de diversos sectores sociales recogidas durante el período de diálogo llamado “Costa Rica Escucha, Propone y Dialoga. Eje No.1 Finanzas públicas y el acuerdo con el FMI” y busca ajustar las finanzas públicas para cubrir un enorme  6% del Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, –o precisamente por eso- el resultado desató una polémica que apenas inicia, del mismo modo que la criatura de creación colectiva recién comienza a dar los primeros pasos que la llevarán a la Asamblea Legislativa hasta recibir su forma definitiva y luego al inicio formal de las negociaciones con el FMI, posiblemente en octubre.

A propósito, UNIVERSIDAD consultó las opiniones preliminares de José Antonio Cordero, director del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la UCR, y de Shirley Benavides, directora de la Escuela de Economía de la UNA, así como del economista independiente Dennis Meléndez.

Si bien coincidieron en la necesidad de abordar más las causas del enorme déficit y endeudamiento público, que alcanzarían el 11% y el 80%, respectivamente, al cerrar el 2020, según algunas estimaciones independientes y oficiales, Cordero consideró que debe estudiarse más el resultado final del conjunto de las medidas.

Benavides, por su parte, puso el acento en la necesidad de incorporar medidas que reactiven la economía, creen empleo y redistribuyan la riqueza y Meléndez llamó al Gobierno a actuar de inmediato sobre los nudos del mercado que funcionan como impuestos de hecho para los sectores más pobres y que el Poder Ejecutivo podría desentrabar de inmediato con acciones ejecutivas. A continuación, sus reacciones. 

José Antonio Cordero, IICE-UCR:

“Más que una reducción, debería haber una reasignación del gasto”

¿Qué opina del conjunto de las medidas anunciadas? 

— De momento, no es posible lograr una adecuada determinación sobre la factibilidad de lograr los montos que se plantean en la propuesta.

 ¿Cuáles otras medidas podrían considerarse?

— Es de gran importancia analizar la estructura de la deuda pública y definir líneas de renegociación, algunas de las cuales se plantean en el documento. Conforme transcurre el tiempo, los intereses de la deuda aumentan su peso en los gastos totales, dejando un menor margen para las actividades del Gobierno, las cuales deben estar centradas en la atención de las necesidades de la población.

Algunas visiones críticas han planteado que la propuesta debió incluir una mayor reducción en el gasto público. Pero considero que, más que insistir en la “reducción del gasto”, debería haber un mayor énfasis en una reasignación del mismo hacia usos que permitan una mayor eficiencia y productividad.

La propuesta incluye la venta de Fanal y Bicsa, pero otros sectores han sugerido la venta de algún banco estatal, de una porción del INS o de la telefonía celular del ICE. Sin embargo, la venta de activos no es algo a tomar en forma ligera. Ha de tomarse en cuenta cuánto realmente se puede percibir de la venta de los activos, lo cual depende de cuáles de ellos se puedan vender y en qué momento. 

Es necesario asegurar que, luego de la venta, se continúa realizando el servicio en una forma superior o al menos análoga a como se hacía durante la propiedad estatal. Y, obviamente, es fundamental asegurar que los frutos de la venta se utilicen en forma óptima y contribuyan a resolver los problemas que tenemos. 

Finalmente, la venta de activos requerirá una amplia discusión nacional y no existe garantía de que se logre un acuerdo amplio sobre el tema.

¿Qué opina del impuesto a las transacciones bancarias (tasa Tobin)? 

— El impuesto propuesto, efectivamente, se ha denominado en algunas ocasiones como “impuesto Tobin”. Sin embargo, cuando el economista James Tobin planteó su propuesta, en el año 1972, lo hizo pensando en la necesidad de gravar las transacciones de cambio de moneda de corto plazo. Su objetivo era reducir los movimientos especulativos de capitales de corto plazo, los cuales generaban gran inestabilidad al sistema económico internacional.

En otras ocasiones se ha planteado el impuesto a las transacciones financieras como una modalidad del impuesto Tobin. La motivación para este tipo de tributo surge de que su aplicación sería relativamente sencilla y cubriría una base sumamente amplia, lo que contribuye a una elevada recaudación.

En su propuesta al FMI, el gobierno plantea establecer un impuesto a las transacciones de pagos electrónicos y cheques. Sobre esto es necesario establecer varios puntos importantes. Primero, se trata de un impuesto de carácter temporal, lo cual es congruente con el hecho de que vivimos una situación excepcional. Segundo, parte de la recaudación de este tributo se estará canalizando para una reducción de las cargas sociales, lo cual podría estimular el nivel de empleo. Esto último resulta positivo a la luz de las recientes noticias sobre los crecientes niveles de desempleo en el país. Tercero, debe haber mayor claridad sobre el tipo de actividades y transacciones que se estarían gravando.

 Lo anunciado con respecto al Impuesto sobre la Renta ¿tasa adecuadamente a los sectores que pueden aportar más?

— La modificación en el impuesto sobre la renta personal afecta a las personas que devengan salarios superiores a los ₡840 mil o más. Desde esta perspectiva, se afecta más a quienes más tienen, dado que el impuesto sobre la renta es progresivo. 

También se modifica el tributo sobre las utilidades. Debe quedar claro que estas modificaciones son de carácter temporal y surgen como resultado de la situación extraordinaria que vive el país.

Obviamente, el sector empresarial y el laboral han reaccionado negativamente, con el argumento de que el mismo afecta a la producción y al empleo. Sin embargo, debe recordarse que este tributo afecta más a quienes más salario devengan y a quienes mayores utilidades generan. Pero también debe recordarse que la propuesta incluye una reducción en las cargas sociales, lo cual, en parte, compensaría el efecto negativo de la modificación. 

De nuevo, se requiere analizar con más detalle el efecto neto de todos los elementos de la propuesta. No es correcto analizar por separado cada uno de sus componentes, porque podemos perder de vista el efecto global del planteamiento.

Shirley Benavides, Escuela de Economía de la UNA:

“Es una propuesta muy polarizada”

¿Contribuyen balanceadamente todos los sectores? 

— Es una propuesta poco balanceada, se orienta a generar más impuestos y no toda la sociedad aporta proporcionalmente a sus capacidades, por ejemplo, las zonas francas. Aunque el aporte de estas a la economía es relevante, en mayor o menor medida deben contribuir.  

Muchas medidas afectan más a la clase media y esto va a tener un efecto sobre su nivel de consumo, lo que a su vez limita la producción, pues el consumo es fundamental para mantener constante y en crecimiento las actividades productivas.

Es una propuesta muy polarizada. No se enfoca en los grandes disparadores del gasto y los potenciales generadores de ingreso. Esto complejiza la estructura tributaria y su gestión, e implica un mayor costo para la hacienda pública.

¿Cuáles medidas alternativas o adicionales considera usted que podrían considerarse?

— Las reformas fiscales deben de ir acompañadas de planes y programas que faciliten e impulsen el crecimiento económico y una mejor distribución del ingreso y este balance no queda reflejado en la propuesta del Gobierno.

Debe ser mucho más clara e integral la ruta a la reconversión y fomento de la economía. Por ejemplo, la disminución de la informalidad no es solamente un asunto de disminuir las cargas sociales a las empresas y pagarlas el Gobierno, -o sea, se socializa a todos los costarricenses el porcentaje que corresponde al Fodesaf-. 

Se debe clarificar la forma en que deben aportar a la reconversión y a la dinamización de la economía, por ejemplo, los bancos estatales, los centros de investigación y educación, las municipalidades.

Si bien el programa de Hacienda Digital es importante, resulta a todas luces insuficiente. Se requiere de una estrategia integral, más agresiva y efectiva para reducir los niveles de evasión y elusión fiscal que tiene el país.  

Es necesaria la reorganización financiera y política de la deuda del Gobierno central, ya que la mayor parte es deuda interna, la cual, en un alto porcentaje, está en manos de los mismos entes públicos.  

El impuesto a las transacciones bancarias ¿debe ser precisado para ser más progresivo? 

— Podría generar que, para determinado nivel de transacción, algún sector de la economía se incline por el uso del efectivo. Esto va contra los esfuerzos que se han realizado por generar la cultura de la bancarización y podría afectar las bases tributarias. También podría estimular lo que el mismo proyecto dice tratar de disminuir: la informalidad.

Puede generar recursos al fisco a corto plazo, pero habría que valorar a partir de qué monto debería darse para que sea más progresivo y no afecte, particularmente, a las clases más bajas, que son en las que se han concentrado el desempleo y los efectos de la pandemia.

 Economista Dennis Meléndez:

“Es un paquete tremendamente injusto”

¿Qué opina sobre el conjunto de las medidas anunciadas? 

— Es una recopilación de ocurrencias. No se ve la mano de alguien que conozca la teoría moderna del manejo tributario. 

El impuesto a las “grandes” cooperativas es un mensaje claro de que lo deben eludir. ¿Cómo? Partiendo las grandes cooperativas en 5, 10 o 15 mini cooperativas, dejando vacío el cascarón principal. 

Igual pasa con las tasas progresivas del impuesto sobre la renta. Quienes tienen altos ingresos empiezan a distribuirlos de entre muchas cuentas y responsables tributarios. Los asalariados no pueden hacer eso.

Una carga de impuestos equivalente al 5% del PIB es completamente recesiva: hace que caiga el PIB, aumente el desempleo y caiga el ingreso disponible. Exactamente lo contrario de lo que se necesita en estos momentos.

Todos estos elementos hacen que sea un paquete tremendamente injusto, pues mediante el mecanismo de traslación terminan pagándolo los asalariados, la clase media y los grupos más pobres.

¿Cuáles medidas faltan?

— El problema que tenemos de deuda y déficit es producido por una única razón: el crecimiento exagerado de los gastos públicos, en especial de los salarios públicos en la última década, sin que hayan sido equiparados por mayor productividad. En este plan tributario casi no hay nada para modificar ese gigantesco aparato estatal. 

Se podría aceptar algunos impuestos como esquema transitorio mientras se consolida una estructura óptima del Estado. Jamás puede ser aceptable un paquete que se basa casi 100% en aumento de impuestos (disfrazándolo con medidas ya aprobadas en el paquete de 2018).

Pero, como condición sine qua non (sin la cual no), debe restituirse el dinero que están sacando del bolsillo de los más pobres para darlo a los grupos más poderosos: bajar los precios del arroz, cuyo sobreprecio por aranceles, que no cobra el Gobierno, sino que es arrebatado directamente por esos grupos, equivale al 8% del ingreso de las familias del primer decil. El del azúcar se queda con un 5% del ingreso de los más pobres, o el café, la carne, la harina, los lácteos y los demás productos de la canasta básica. Cuando el Gobierno haga eso, para lo cual no necesita ninguna ley, sino una decisión que se implementa en 24 horas, tendrá autoridad moral para pedir más impuestos. 

La reducción de gastos y venta de activos improductivos o redundantes puede ayudar a bajar deuda y, por tanto, el gasto en intereses que nos está ahogando. 

Se requiere disminuir salarios públicos mediante la reducción de jornadas, cerrar entidades que no aportan nada a la producción (CNP, Inder, INVU, Ministerio de Vivienda, Mideplan, Infocoop, IFAM y un montón de micro órganos desconcentrados). 

Urge hacer una amnistía general de regulaciones para facilitar la tramitología para reactivar la economía. Luego se verá cuáles son indispensables. 

Bajar los costos de contratación de trabajadores, hacer lo que se propone con el cargo de las planillas para Fodesaf con otros cargos como INA (pasarlo al MEP), IMAS a Caja Única y olvidar el paseo de fondos de los trabajadores por el Banco Popular, que es el banco más capitalizado del país. La cuota patronal del seguro de enfermedad y maternidad debe reducirse y asumirla el Estado, pues dejó de ser un seguro para convertirse en un impuesto más.

El elevadísimo costo de la educación superior, que solo se transforma en altos salarios para docentes y administradores, con matrícula casi congelada y calidad que no se mide, debe ser totalmente replanteado. Hay una palabra olvidada en el argot de la administración pública: evaluación de resultados. 

  ¿Qué opina de introducir la “tasa Tobin?

— Ni con modificaciones puede lograrse que sea progresiva y en eso estuvo de acuerdo el mismo Tobin después de que lo planteó en 1972, para otros fines. Dijo que, como medio voraz para recaudar impuestos no es conveniente ni aceptable, pues entorpece el sistema financiero y todas las actividades productivas. 

Es un impuesto en cascada que multiplica el costo para los consumidores, a través del traslado a los precios. Sacará a los consumidores el 3% del PIB. Eso es demasiado y no es para nada inocuo, como tratan de presentárnoslo.