Involucrada en la investigación panameña por supuesta corrupción y pago de sobornos, Blue Apple (Manzana Azul), nombrada en los Panama Papers por establecer una estructura de sociedades en Islas Vírgenes a través de la cuestionada firma Mossack Fonseca, y hoy es investigada por posibles casos de corrupción en Costa Rica. El prestigio de la compañía de unos de los hombres más ricos del país pende de un hilo.
Para muchos el logo de la Constructora MECO es muy sencillo de reconocer en las carreteras costarricenses, pues tiene a su haber una gran cantidad de contratos de construcción y conservación vial del Estado.
No obstante, el anuncio del pasado 14 de junio del allanamiento y detención de representantes de empresas y funcionarios estatales por supuestos pagos de soborno, entre ellos a Carlos Enrique Cerdas, presidente de MECO, trajo a la memoria una serie de escándalos en los que su compañía ha estado envuelta.
En el año 2019 la revista Forbes Centroamérica incluyó en su lista de los 100 empresarios más ricos de la región a Carlos Enrique Cerdas, quien destacó como uno de los tres millonarios del país gracias a su empresa constructora MECO, que según la publicación cuenta con ingresos anuales de unos $689,6 millones al año (¢389.600 millones).
Así lo consignó este Semanario en un reportaje publicado en 2020, en el cual se muestra que Forbes catalogó a la empresa como “la constructora más grande de Centroamérica, que ocupa el puesto número 10 en el ránking de Latinoamérica, de acuerdo con el ránking CLA50 (de construcción latinoamericana), y además de Costa Rica, tiene operaciones en Nicaragua, Panamá, Colombia y El Salvador”.
En los últimos años ha sido uno de los más poderosos adjudicatarios de obras de construcción pública, que incluyen obras de Gobierno, instituciones públicas y gobiernos locales, pero hoy ese trabajo se ve empañado por las dudas, la detención de su presidente y una investigación en marcha.
Al estilo Matrioska
Pero las dudas y cuestionamientos no son algo nuevo. La compañía de uno de los hombres más ricos del país apareció en 2016 en los Papeles de Panamá con una estructura de acciones de compañías fundadas en paraísos fiscales.
En su momento se dio a conocer que eran clientes de la firma Mossack Fonseca, bufete a través del cual realizaban movimientos de dinero relacionados con el pago de seguros y reaseguros.
Al mejor estilo de las muñecas rusas Matrioskas, que cada vez que se abre una sale otra, la investigación de los Panama Papers mostró cómo MECO estaba consolidada con una serie de sociedades anónimas, tanto en Costa Rica como en el extranjero, en las que su dueño, Carlos Enrique Cerdas era el poseedor final de las acciones.
UNIVERSIDAD publicó entonces que la empresa había enviado al bufete Mossack Fonseca información en el año 2010 para trasladar $1,7 millones en una operación relacionada con seguros, lo cual dejaba a la luz la estructura accionaria que había detrás de la constructora.
Constructora Meco S. A., bajo la cédula jurídica 3-101-035078, registraba en ese momento un capital social de ¢4.000 millones, divididos en 50 acciones de ¢80 millones cada uno.
Pero las 50 acciones pertenecían a otra sociedad costarricense denominada Meco-ICSA International Corporation S.A (3-101-351513), cuyo capital social era de ¢1.200 divididos en acciones de 1 colón cada una.
Ahora bien, de las acciones de Meco-ICSA, 1.032 (86% del total) aparecían a nombre de la empresa Conley Ownership S.A, registrada en Islas Vírgenes Británicas, mientras que las otras 168 eran directamente de Cerdas.
Finalmente, la sociedad Conley Ownership S. A. reportaba un capital social de $50.000 divididos en 1.250.000 acciones de 0,04 dólares cada una, de las cuales 1 millón son también de Carlos Enrique Araya Cerdas (80%), 59.022 pertenecen a otros accionistas y 190.978 aparecían registradas como acciones en tesorería.
Como respuesta a las consultas de UNIVERSIDAD, en ese momento, MECO respondió que este tipo de estructura es muy usual en empresas internacionales, y añadió que su operación en Costa Rica representaba solo el 20% de su cartera.
Aseguró que la mayoría de sus operaciones estaban fuera del país, por lo que no era de extrañar que se estableciera una estructura como esta, y que la información al respecto era pública.
Toda la investigación sobre los Panama Papers fue vista en una comisión legislativa, y de acuerdo con Patricia Mora, exdiputada y quien integró dicho órgano investigador en la Asamblea Legislativa, en ese tiempo se analizaron las complejas operaciones que las diferentes empresas usaban para eludir impuestos.
Añadió que descubrieron como muchas empresas simulaban pasivos entre firmas vinculadas, ventas ficticias, creaban sociedades offshore para triangular sus ganancias, es decir, empresas que usaban y siguen usando mecanismos para defraudar impuestos sobre las utilidades que tienen.
“En el informe final identificamos portillos abiertos en nuestra legislación que permiten el fraude fiscal, en total fueron 19 vacíos legales en áreas en las que se hacía urgente legislar para cerrarlos. Los Panama Papers nos enseñaron una foto de los ligámenes que estas compañías tienen con las cúpulas políticas tradicionales y los desafíos de romper con estos altos flujos de dinero y su vinculación con las redes de crimen organizado”, contó Mora.
MECO acordó con Fiscalía de Panamá
En el año 2018, el presidente de la constructora MECO, Carlos Enrique Cerdas, llegó a un acuerdo con la Fiscalía de Panamá y quedó excluido de la acusación por el sonado caso Blue Apple, relacionado con el pago de sobornos a cambio de la agilización de trámites y desembolsos del Estado panameño para empresas constructoras.
Sobre ese caso, el Ministerio Público canalero presentó una acusación contra 63 personas, entre ellas una exprimera dama de Panamá, por los aparentes delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos, asociación ilícita y corrupción.
En un documento firmado por Yazmina Montoya de la Fiscalía de la Sexta Anticorrupción de Panamá (y que fue dado a conocer por el periódico La Nación) se estableció que no se formularían cargos contra Cerdas ni contra la empresa MECO, y se acordó la ruptura de la unidad procesal y el archivo definitivo.
Esto producto de que MECO entregó $9,4 millones -el monto que se le acusaba de haber pagado en supuestos sobornos- a la Fiscalía de Panamá. Asimismo (según el diario La Nación) el empresario proporcionó el nombre del funcionario que lo contactó y con el cual hizo un acuerdo para entregar dinero a cambio de favorecimientos.
En este sentido, en su acuerdo con la Fiscalía de Panamá, Cerdas contó que dicho funcionario lo citó en su oficina y le pidió el 5% del valor de las obras adjudicadas por el Ministerio de Obras Públicas, proyectos entre los que se citaron el puente de Las Américas-Arraiján, el diseño y la construcción de la vía Las Tablas-La Villa, el viaducto Ave y la construcción de un túnel en la vía Panamericana.
La negociación con la Fiscalía de Panamá fue algo que despertó molestias en sectores de la sociedad civil en el país canalero, según publicó en esa época el diario La Prensa.
Juan Diego Vásquez de la Red de Jóvenes por la Transparencia, señaló que se favorecía a la empresa y a la impunidad al establecer un acuerdo de esta índole, porque le permite a la compañía seguir contratando con el Estado.
Por su parte, Anette Planells del Movimiento Independiente (Movin) declaró a La Prensa que era inaceptable que después de conocer las prácticas corruptas de las empresas, inmediatamente sigan licitando con el Estado, aunque hayan colaborado.
De acuerdo con la página oficial de MECO, la compañía cuenta actualmente con 44 proyectos en Costa Rica, 27 en Panamá, 7 en Nicaragua, 2 en El Salvador y 10 en Colombia.
Un viaje con el alcalde
Hace siete años UNIVERSIDAD demostró que en 2013 el entonces -y actual- alcalde de San José, Johnny Araya y su jefe de campaña del momento, Antonio Álvarez Desanti, hicieron un viaje a Panamá con el presidente de MECO, Carlos Enrique Cerdas.
El viaje se dio cinco días después de ser ratificado como candidato oficial del Partido Liberación Nacional (PLN), momento en el que lideraba la intención de votos en las encuestas.
En ese entonces, Araya aseguró que el viaje era para asistir al partido de fútbol entre las selecciones de Costa Rica y Panamá, al consultarle negó que lo había hecho en un avión de la constructora MECO, pero tampoco dijo que lo acompañó el presidente de MECO, quien mantenía millonarios contratos para compra de mezcla asfáltica con la Municipalidad.
Luego de la indagación de UNIVERSIDAD se evidenció que el viaje fue en un jet privado gracias a los registros aeroportuarios y migratorios del candidato, el empresario y gerente de campaña del PLN.
Sobre esta información, el presidente de MECO publicó un derecho de respuesta en el cual alegaba que MECO no necesita favores políticos, aduciendo que el prestigio de la compañía es reconocido dentro y fuera del país, por la responsabilidad y calidad de sus obras.
“MECO tiene presencia y operaciones en cinco países de la región y el 67% de los ingresos de la empresa provienen de los trabajos que realiza en el exterior. Solo el 33% corresponde a sus negocios en Costa Rica y una buena parte de ellos son con el sector privado, no con el estado costarricense”, dijo entonces.
Trayectoria MECO
La compañía constructora MECO nació en 1977 a manos de Ángel Américo Cerdas y su hijo Carlos Cerdas, quien asumió la presidencia corporativa con menos de 30 años en 1987.
En los años noventa incursionaron en el mercado nicaragüenses y panameño, y pronto se extendieron al resto de la región centroamericana, Belice y Colombia, manteniendo su sede operativa en Costa Rica.
Algunos de sus proyectos más destacados han sido obras en el Canal de Panamá, los PAC3, PAC4 y las Represas de Borinquen. En Colombia se adjudicó más de $2.000 millones en obras por el desarrollo de las concesiones Cartagena –Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad en Colombia, Autopista Conexión Pacífico 3 y Proyecto Honda– Puerto Salgar, y Girardo.