Médicos especialistas se oponen a retroactividad del servicio social

Lorena Grillo y Óscar Uribe: se suponía que previamente tenía que haber estudios sobre las necesidades de especialistas y dónde efectivamente pueden ser productivos

Lorena Grillo y Óscar Uribe: se suponía que previamente tenía que haber estudios sobre las necesidades de especialistas y dónde efectivamente pueden ser productivos (Foto: Fabián Hernández).

La reforma legal que impuso el servicio social obligatorio a una serie de especialistas en  medicina generó un conflicto con los nuevos graduados en especialidades y subespecialidades que va a afectar a miles de asegurados en espera de atención.

Esas personas alegan que el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) les quieren someter retroactivamente a los alcances de una ley que no estaban contemplados en el contrato de estudios que tiene firmado con la institución aseguradora, la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social  (Cendeisss)

El Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (Siname) sostiene que los pacientes van a ser perjudicados, porque la ley va a provocar un retraso en la asignación de los nuevos puestos que eran esperados con urgencia en centros hospitalarios, donde miles de personas están en listas de espera de atención médica especializada.

Esta ley tiene más vicios que beneficios, aseguró Óscar Uribe, presidente de Siname, mientras que la secretaria general del sindicato, Lorena Grillo, criticó que la ley no tenga reglamento y no haya incluido un transitorio que contemple la situación de aquellos profesionales que están en formación con contratos firmados. Estos hacen su especialidad en el Sistema de Estudios de Postgrado de la UCR, mientras la Caja los emplea como médicos residentes en centros de salud donde reciben entrenamiento.

La reforma a la ley de servicio social establece que los médicos que cursan alguna especialidad o subespecialidad están obligados a prestar este servicio, como requisito para poder ejercer. Originalmente, la obligación recaía solo en los estudiantes de último año de carrera en ciencias médicas.

La idea es que servicio social obligatorio se cumpla en zonas en que, por su ubicación o grado de desarrollo, es difícil contar con profesionales para atender a la población.

Sin embargo, la aplicación de la ley causa contratiempos a la Caja y los especialistas que se están graduando. Esto, porque la CCSS ya había hecho una distribución de los lugares en donde se les destinaría, pero ahora tendrán que ir a un nuevo sorteo, para saber dónde les toca hacer el servicio social, y mientras tanto están sin empleo, a pesar de que ya tenían un contrato con unas condiciones que ahora se les quiere variar y firmar uno nuevo.

Una de las profesionales afectadas, que pidió reservar su nombre por temor a represalias con su nombramiento en la Caja,  reclamó que los que ya han hecho el servicio social no tienen por qué repetirlo.

Señaló que la nueva ley no se ha reglamentado y se contradice con el decreto ejecutivo sobre el servicio social, y en este caso no deberían aplicarles retroactivamente las condiciones más onerosas.

Algunas personas aplicaron para hacer subespecialidades y ahora no quieren dejarlas entrar hasta que cumplan el servicio social. No obstante, las plazas las sacaron la Caja y la UCR el año pasado, y tuvieron que pagar y hacer los exámenes; ahora la Caja les niega las plazas porque dice que tienen que hacer el mencionado servicio.

La situación afecta a 195 especialistas y subespecialistas que se graduarán este año, 90 de los cuales concluyen su especialización en febrero. Muchos de ellos ya hicieron servicio social como médicos generales y consideran un despropósito que se les obligue a hacer un año más, aparte de que sería una improvisación, porque la Caja no cuenta con estudios fiables sobre los requerimientos de especialistas.

Piensan que puede ser que los manden a lugares donde no serán productivos, debido a que falta equipo o personal de apoyo necesario para ejercer la especialidad; entonces, acabarían trabajando como médicos generales y no donde los pacientes los están necesitando.

Un informe de la  Contraloría General de la República del pasado 15 de enero constató la falta de información adecuada por parte de la Caja sobre las necesidades de especialistas, así como debilidades en los programas de formación y su evaluación (ver recuadro).

Al cierre de esta edición no había llegado a este Semanario, la posición de la CCSS en torno  al conflicto con los especialistas.

En un artículo de prensa publicado el pasado domingo, la presidenta ejecutiva, María del  Rocío Sáenz, destacó “los grandes esfuerzos organizacionales y financieros que se están haciendo en este momento para llevar a especialistas y mejorar la infraestructura y equipamiento a las zonas alejadas del Valle Central como Golfito, Ciudad Neily, Limón, Quepos, Upala, Los Chiles, Nicoya, Liberia…, los cuales son de una gran relevancia, y no dudo que serán de gran impacto”.

Por su parte, la secretaria del Siname, Lorena Grillo, explicó que “como especialistas hacemos  todo lo que podemos, pero no todo depende de nosotros. No somos una isla. Como cirujana no puedo decir: voy a ir a operar sola. Necesito un anestesiólogo, un instrumentista, auxiliar de enfermería, asistente de paciente, apoyo de aseo, y si uno de esos elementos falta además de infraestructura, ese procedimiento no se puede llevar a cabo. Es un engranaje que la opinión pública poco conoce”.

CRISIS

“Esta ley viene más bien a generar conflicto con una ley primera, que es el derecho a la salud”, afirmó Sadie Morgan, vicepresidenta del Siname.

En el Hospital México –puso como ejemplo− este año se pensionan seis anestesiólogos y a ninguno de los anestesiólogos que se gradúan los enviaron para esta zona, es decir, no hay reemplazo.

Lo que están  generando es una crisis, añadió su colega Grillo, quien detalló que son 195 los especialistas afectados, y eso es como cerrar todo un hospital por dos meses. “¿Cómo se compagina eso con el derecho al acceso a la salud?”, cuestionó.

A su parecer, debe haber una manera de que se pueda reglamentar la ley, para proteger a la población, hacerlo de una manera gradual para que no se quede sin estos servicios, y que al médico tampoco se le violente la posibilidad de brindar el servicio para el cual se ha estado preparando, para así colaborar con la salud de Costa Rica.


Hallazgos de la CGR

El estudio de la Contraloría General de la República evidenció que:

-En la última década se han realizado 31 estudios para determinar las necesidades de especialistas, pero son estudios heterogéneos en cuanto a los métodos de investigación y las fuentes de información en las que se sustentaron.

-La CCSS no desarrolla de forma regular un programa de actividades de evaluación de resultados de los procesos de formación y distribución de los especialistas, que le provea insumos para la toma de decisiones en torno a estos procesos.

-Ausencia de acciones precisas para el monitoreo y control del cumplimiento del tiempo de servicio de los médicos especialistas, posterior a la finalización del programa de estudios de la especialidad. El Cendeisss no cuenta con el recurso material y humano necesario para desarrollar dicho control.

-Al 12 de febrero de 2014, un total de 21 especialidades médicas tenían más de cinco años de no presentar al Consejo del Sistema de Estudios de Posgrado (SEP) de la UCR una actualización del plan de estudios. De ellas, 15 especialidades no habían concluido el proceso de actualización del plan de estudio y en 6 especialidades se encontraba pendiente de iniciar el proceso de actualización de dicho plan. Entre estos 21 planes de estudio, a 17 de ellos no se les ha aprobado una actualización desde hace más de 10 años y, de estos 17, hay 6 a los que no se les ha aprobado una actualización del plan de estudios desde hace más de 20 años.


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