Una mayoría de diputados de la Asamblea Legislativa presentará un proyecto de ley para regular las uniones civiles entre personas del mismo sexo e intentar evitar así la puesta en marcha del matrimonio igualitario a partir de mayo del próximo año.
Según indicó la jefa del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), María Inés Solís, la iniciativa es impulsada particularmente por su partido (con excepción de la diputada María Vita Monge) y por el bloque independiente Nueva República; sin embargo, agregó que ya cuenta con el compromiso de una mayoría de diputados de todas las fracciones restantes, con excepción del Frente Amplio.
Con este proyecto, los diputados buscarán responder a la Sala Constitucional, que dio 18 meses a los diputados—que se empezaron a descontar desde la publicación del fallo en noviembre pasado— para que estos adecuaran la legislación nacional en relación con “los alcances y los efectos derivados de las relaciones de pareja”.
La Sala declaró inconstitucionales las normas que impedían el matrimonio igualitario; sin embargo, dio el plazo transitorio hasta la anulación total de la prohibición.
Ante estas condiciones, los diputados propulsores argumentan que pueden generar una figura alternativa a través de las uniones civiles, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) pidió al país que garantizara un trato “igualitario”.
El proyecto ya había sido presentado casi en las mismas condiciones del nuevo texto por seis diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), bajo el expediente 20.888; sin embargo, la socialcristiana Solís comentó que la intención es aprovechar las reformas al reglamento legislativo, que recortaron tiempos para la aprobación de proyectos, y sumar el apoyo de otras fracciones con algunos cambios menores al texto.
“Es un proyecto que tiene cambios y la idea es que, presentado ahora, con nuevo reglamento, podría avanzar mucho más rápidamente. Estamos a menos de un año y tenemos hasta el 27 de mayo para legislar en esa línea, según lo que nos pidió la Sala Constitucional”, arguyó la socialcristiana.
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La decisión de llevar adelante el proyecto la tomaron socialcristianos y fabricistas, siendo los últimos quienes coordinaron la consecución de las firmas a través del despacho de la congresista Ivonne Acuña.
“Yo estoy sorprendida. Es una sorpresa grata, en el sentido que creo que las diferentes fuerzas políticas han visto que el proyecto realmente atiende a las solicitudes de la Sala para dar una solución en relación con las uniones del mismo sexo”, indicó.
“Este es un proyecto bien hecho, que nace de un proyecto del PUSC, y que ha tenido el aporte de varias fracciones, por eso fue más fácil obtener el apoyo de varios señores y señoras diputados”, subrayó.
Acuña comentó que el proyecto ya contaba con 24 firmas, hasta la noche de este lunes; sin embargo, agregó que faltaban por sumarse la fracción del Partido Restauración Nacional, algunos diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) y del Partido Acción Ciudadana (PAC), que ya estaban comprometidos.
La presentación de este texto parte de una interpretación hecha por los legisladores sobre el fallo de la Sala Constitucional, según la cual los congresistas podían legislar al respecto.
No obstante, desconoce la opinión consultiva de la Corte IDH —emitida en enero de 2018 y vinculante para Costa Rica—, en la que solicitó a Costa Rica reconocer el matrimonio para personas del mismo sexo en igualdad de condiciones.
“El Estado debe reconocer y garantizar todos los derechos que se derivan de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo”, indicó el tribunal americano.
Populismo
Para Enrique Sánchez, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) y presidente de la Comisión de Derechos Humanos, la presentación del proyecto es improcedente, pues “no supera un mínimo test de igualdad, es inconstitucional y que viola los derechos humanos”. Además, indicó que se aparta de los fallos de la Sala Constitucional y de la Corte IDH, que pidieron igualdad de condiciones en todos los extremos.
Sanchez indicó que “cualquier diferenciación (como las uniones civiles) crea ciudadanías de segunda categoría”, hecho por el que considera imposible cualquier intento por detener el matrimonio igualitario.
Según el diputado, incluso si el proyecto lograse avanzar y se aprobara en el Congreso, no tendría posibilidades de superar una consulta de constitucionalidad y menos aún una demanda en los estrados internacionales.
“Yo creo que insistir en un proyecto de esta naturaleza ,cuando ya es un asunto resuelto jurídicamente, probablemente es solo porque algunos lo necesitan en las elecciones municipales. Es otra ocurrencia más para volver a poner a las personas LGTBI como carne de cañón y conseguir réditos a partir de la discriminación y de los discursos de odio”, afirmó el oficialista.
Ante esa afirmación, la diputada del PUSC, María Inés Solís, negó cualquier vínculo de la presentación con los procesos electorales. “No sé quién pueda pensar que una cosa tiene que ver con la otra, si alguien piensa eso, está en su derecho, pero me parece que no tiene ningún sentido. Para cualquier persona que pueda sumar, sabrá que estamos a destiempo en relación con el plazo que nos dieron”, concluyó.
