Los incidentes con armas de fuego literalmente se están disparando en Costa Rica, al registrarse un aumento de un 80% en los registros del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para estas acciones en los últimos dos años, al pasar de 243 registros en el 2022 a 439 en el 2024.
Esto quiere decir que, en promedio, el país reportó más de una balacera al día durante el año pasado. Y en solo cuatro años se pasó de un promedio de 0,6 incidentes por jornada, a una cifra de 1,2: prácticamente se duplicó.
Este comportamiento luce relacionado con un cambio en la naturaleza y las causas de los homicidios (ver recuadro: “la evolución de los homicidios”), pero presentó un incremento significativo en los últimos años: mientras del 2020 al 2022 las balaceras en el país crecieron un 8%, en los siguientes dos años, el aumento fue del 80% mencionado (ver gráfico: “Balaceras por año”).
En este período, puede notarse que también se presentó una relación con la cantidad de homicidios registrados en el país (ver gráfico: “Balaceras vs. homicidios totales”), aunque en un grado menor: mientras las balaceras aumentaban ese 80%, los homicidios lo hicieron en un 34%. No obstante, debe recordarse que precisamente en estos dos años de 2023 y 2024 el país tuvo un crecimiento inédito en los homicidios, lo que hizo que la tasa por cada 100 mil habitantes pasara de 12 a niveles entre 16 y 17.
El criminólogo Erick Villalba resalta que estas situaciones están generando la sensación de un país cada vez más peligroso, en el que no se está a salvo en ningún sitio, sea público o privado: “Si le preguntamos a cualquier persona, de cualquier estrato social, ¿cuál es su principal preocupación en este momento?, todos coinciden en la inseguridad y la asocian con una frase: ‘que ahora en cualquier lugar lo matan’, incluso dentro de la casa, no hay lugares seguros, porque los delincuentes entran a casas, persiguen en las calles, o una bala perdida puede alcanzarlo”.
La imagen internacional del país también está siendo impactada: Costa Rica bajó en el Índice de Paz, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, del puesto 38 en el 2022 (entre los países con nivel “alto”), al puesto 58 en el 2024 (entre los países con nivel “medio”). Este índice es un indicador para evaluar el nivel de paz y la ausencia de violencia en un país, y esta caída reduce las posibilidades de exportar la recomendación de país tranquilo, para efectos de turismo: es difícil compaginar la postal de la Costa Rica pacífica, con las crecientes noticias de un tiroteo en una escuela, un restaurante o un centro comercial.
Pero se trata de mucho más que un problema de imagen: en la encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la UCR, el principal problema que identificaron los costarricenses es la inseguridad, el que destacaron un 43,7% de los encuestados. Se trata del nivel más alto obtenido registrado en la serie histórica, con más de 30 puntos porcentuales sobre cualquier otra inquietud mencionada.
Problema con muchas municiones
El exfiscal Francisco Dall’Anese resaltó que esta situación requiere de un enfoque integral: “Este tema nunca depende de una sola causa, es multifactorial, entonces, debe hacerse un diagnóstico para determinar el tipo de armas que, según entiendo, las que últimamente se están usando son de alto calibre”.
Dall’Anese explicó que probablemente se requiere de una política internacional de persecución y de investigación, porque podría ser que este tipo de armas se estén sustrayendo de arsenales de ejércitos cercanos, o provengan de buzones de las antiguas guerrillas de América Latina, porque una primera parte sería eliminar la parte logística de los delincuentes. “Lo otro es que hay una gran cantidad de organizaciones criminales en el territorio, y las disputas territoriales y el mercado de drogas están aumentando el problema”, manifestó.
Pero hay que ver también en medio del humo de estos disparos. Villalba llamó la atención que además del efecto de las balaceras sobre los homicidios, el impacto más directo, se debe considerar también el creciente fenómeno de los daños colaterales. “No estamos hablando mucho de las personas que son heridas, que no son el objetivo de sicarios en atentados, o las personas que no fueron impactadas, pero resultan afectadas por la situación que vivieron”, indicó.
Esto lleva a otro ángulo: la creciente presencia de sicarios en las balaceras. “En el perfil de los gatilleros, suele aparecer que son personas jóvenes, de menos de 30 años, que en muchos casos recurren al alcohol o estupefacientes, y que reciben una misión de su patrón. Tienen miedo de regresar y que su víctima haya sobrevivido, por eso van a extremos, a disparar a mansalva, sin importar el lugar, si hay mujeres o niños. Eso se traduce en más disparos y más víctimas colaterales”, resaltó Villalba.
Todo esto hace que la frase “se matan entre ellos”, con la que el presidente Rodrigo Chaves intentó minimizar el crecimiento en las cifras de homicidios en marzo del 2024, haya envejecido muy mal.
Fenómeno en la mira
Los registros del OIJ revelan que, en los últimos cinco años, el fenómeno de las balaceras tomó fuerza. Al revisar las cifras por mes, el que demostró el menor registro fue noviembre del 2022, con solo 9 reportes. Eso cambió radicalmente desde marzo del 2023, ya que desde esa fecha, el límite más bajo para el reporte mensual fue de 20 incidentes. También fue en el 2023 cuando se alcanzó, por primera vez, el reporte de 40 casos en un solo mes, en junio.
Sin embargo, este problema se intensificó en el 2024, en el que cinco meses reportaron más de 40 situaciones con accionamiento de armas de fuego: enero, marzo, abril, mayo y junio.
En todo este período del 2020 al 2024, la lista de los diez distritos con mayores incidencias representa un 24% de la totalidad de los reportes. La lista la encabeza Liberia, seguida por la denominación “desconocido” para los casos sin la debida precisión geográfica, y posteriormente Limón y el distrito de La Uruca (ver gráfico: “Top ten”). En este repaso, aparecen seis distritos josefinos, uno guanacasteco, uno puntarenense y otro limonense, evidenciando que el fenómeno se difunde por todo el país.
Adicionalmente, las viviendas no son un refugio seguro: de hecho, la mayoría de los incidentes (28,5%) se identificó a la casa de habitación como el objetivo, seguido de cerca por la persona (27,4%). Vehículos y otras edificaciones apenas alcanzaron un 3% de los reportes. Empero, la conclusión es obvia: no hay sitio totalmente a salvo.
Sin embargo, en medio de este panorama complicado, al menos los datos del primer trimestre del 2025 muestran una desaceleración en este problema: el dato de 91 casos es menor que los 121 tiroteos del primer trimestre del 2024, justamente el más elevado del último quinquenio.
Todavía es un resultado muy elevado en comparación con los primeros trimestres del 2020 (61), 2021 (49), 2022 (58) y 2023 (62), pero al menos sugiere que la aceleración que registró este problema en los últimos dos años cede un poco.
Apuntar con cuidado
Sin embargo, no pareciera existir mucho espacio para que el país se relaje en esta materia. Villalba recordó que esta coyuntura resulta similar a la que experimentaron otros países como Colombia, México y El Salvador hace dos décadas aproximadamente. “Podría pasar que las organizaciones criminales, en lugar de volcarse contra otras organizaciones criminales en disputas territoriales, empiecen a considerar objetivos policiales, investigadores, jueces, políticos y miembros de la sociedad civil, para enviar mensajes. Es la siguiente etapa, si no se logra contener”, advirtió.
En este punto, Dall´Anese considera que se debe pensar bien la respuesta, y por ello resaltó la importancia de realizar un adecuado diagnóstico del problema. “Creo que se debe empezar por fortalecer la plataforma de información policial, para acumular en un solo lugar la gran cantidad de datos que se pueden generar y que los analistas puedan realizar sus recomendaciones de la manera más científica y completa posible”, expresó.
Villalba también mencionó que el país requiere de políticas de prevención en materia de seguridad de manera integral —esto incluye acciones de política social, cuyo financiamiento atraviesa en la actualidad por sus niveles más bajos de toda la década—, pero admitió que esto tiene una limitación, por ser acciones que suelen empezar a tener resultados a largo plazo (10, 15 años) mientras que los dirigentes políticos suelen preferir acciones que puedan ejecutar en su período en el poder, con un horizonte de 4 años.
Empero, el criminólogo además consideró que existe otra área en la que podrían presentarse más acciones, como lo es fortalecer la parte de las sanciones en las leyes, en materias como prisión preventiva y otros temas penales que podrían actualizarse. Pero advierte de la posibilidad que esto genere una reacción de fuerza, por lo que su consejo es enfocarse en recomendaciones de jueces, sobre los aspectos de la normativa que conviene actualizar para mejorar la respuesta de los tribunales.
Se trata de un tema polémico, en el cual representantes de los Tres Supremos Poderes acordaron buscar una agenda de reformas desde el año pasado, y con el cual se han aprobado 21 nuevas leyes de seguridad en 17 meses, aunque con crecientes fisuras entre los Poderes Legislativo y Judicial con respecto al Ejecutivo, que se ausentó de los esfuerzos para este 2025, y cuya participación ha sido anémica: un solo proyecto aprobado del conjunto de 41 iniciativas con las que se empezó a trabajar la primera parte de este ejercicio.
Adicionalmente, existe un pulso abierto entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo sobre los recursos financieros que se pueden agregar a las instituciones de seguridad, en las que los diputados abogan por aumentar los presupuestos de estos órganos y darles mejores condiciones —como la reciente ley para rebajar la edad para pensiones en el OIJ, el expediente 22.817—, mientras que en Zapote se insiste en mantener los recursos asignados inicialmente, para no afectar sus equilibrios fiscales. Condiciones que no se presentan como propicias para buscar consensos, a partir de los cuales enfrentar las polvorientas consecuencias de las balaceras en el país.
La “evolución” de los homicidios
Costa Rica experimenta un cambio profundo en la naturaleza de los homicidios, que han pasado de asesinatos en los que predominaban las armas blancas, las motivaciones personales y emocionales, a los delitos en los que se imponen las armas de fuego y, cada vez menos, la víctima desconoce al victimario.
El artículo “Evolución de los homicidios en Costa Rica en los últimos diez años”, firmado por Juan Pablo Alvarado García en el sitio del Poder Judicial, recoge esta mutación, con base en los datos de los asesinatos en la década anterior al 2022.
Se explica que en las décadas de 1990 y el 2000, los delitos de homicidios se vinculaban principalmente a riñas, alcohol, pasionales o robos de vivienda. En la mayoría existía una relación entre víctima y victimario, pero ello empezó a cambiar. En el artículo se cita a Michael Soto, subdirector del OIJ, en el sentido de que a partir del 2014 empezó una evolución de estos crímenes, pasando del “homicidio tradicional” con arma blanca, a cada vez más asesinatos con armas de fuego y ajustes de cuentas.
Datos del Observatorio de la Violencia evidencian esta tendencia: en el 2020, el 71% de los homicidios en el país se concretaron con arma de fuego, pero pasaron a 78% en el 2024. A su vez, el móvil de los homicidios dolosos en el 2020 era el ajuste de cuentas era de un 52,5% (300 de un total de 571), porcentaje que, para el 2024, subió a un 71,2% (627 de un total de 880).
Para efectos de comparación, en este período de cuatro años entre el 2020 y el 2024, los reportes de balaceras ante el OIJ aumentaron un 95%, mientras los homicidios en general lo hicieron un 54%, pero los homicidios identificados como ajustes de cuentas se incrementaron en un 109%.
A su vez, esta transformación repercute en las investigaciones, ya que el creciente uso de armas, y la mayor desvinculación entre la víctima y el agresor, repercute en indagaciones más complicadas, que requieren más tiempo, evidencias y elaboración. Lo cual, ante el incremento de los homicidios, se vuelve un elemento adicional para poner cuesta arriba estos casos en el país.
