La atención de más de 12 mil niños, niñas y adolescentes con factores de vulnerabilidad (por riesgo económico, violencia física, sexual u otra) quedará desfinanciada si se mantiene el recorte presupuestario hecho por parte de la Asamblea Legislativa al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) para el próximo año.
La Comisión de Hacendarios rechazó, a finales de octubre, una moción presentada por el Ministerio de Hacienda para otorgarle al PANI los fondos que establece la Ley 9941, aprobada este mismo año por la Asamblea Legislativa a causa de la regla fiscal.
“Es contradictorio. Los mismos legisladores que aprobaron un proyecto de ley para fortalecer la Red de Cuido, pero cuando viene el tema del contenido presupuestario simplemente no se lo están dotando” aseveró Guiselle Zúñiga, gerenta de administración del PANI.
Si no se otorgan estos fondos a la institución, el PANI deberá enfrentar el 2022 con un hueco presupuestario de ¢33 mil millones de colones que financian los Centros Integrales de Atención Diurna (CIDAI) (5.715 menores), el Programa CIDAI ONG Otto Silesky (40 menores), las alternativas residenciales (6.108 menores) y la Red de Cuido (10.500 menores).
Zúñiga aseguró que “sin ese presupuesto ni se va a poder fortalecer la Red de Cuido ni vamos a poder dar continuidad a todos los programas que tenemos a partir del segundo semestre del año 2022”.
El abandono llegaría en medio de un aumento en situaciones que amenazan o violan los derechos de las personas menores de edad reportadas por la línea 911 y por la línea 1147. Datos recopilados por el Fondo de las Naciones Unidas por la Infancia (Unicef) reportan un crecimiento del 12% en 2020 en comparación con el año anterior, pero se agrava en el caso de la negligencia en educación (73%), violencia sexual comercial (44%) y otras.
La cifra está cerca de ser superada, faltando dos meses para finalizar 2021 la línea 911 reporta cerca de 77 mil llamadas en las que hay situaciones de amenaza a menores, mientras en 2020 fueron reportadas 87 mil (más de 7 mil al mes).
Además, las Unidades Regionales de Atención Inmediata (URAI) del PANI atendieron, en 17 meses de operación, un total de 13.864 denuncias y a 21.828 niños, niñas y adolescentes en alto riesgo y vulnerabilidad.
Lida Marín, trabajadora social en la Asociación Pueblito de Costa Rica, dijo que las situaciones de violencia que enfrenta la población menor de edad acogida por el PANI se han recrudecido con la pandemia, ya que la crisis económica impacta en muchos de los factores de riesgo a los que están expuestos, como la explotación sexual infantil, la venta de drogas y la desnutrición.
La Asociación Pueblito actualmente atiende a 105 niños, niñas y adolescentes del PANI en su programa residencial, pero, además, atiende a 102 menores en la Red de Cuido. Ambos programas serían afectados por el faltante presupuestario.
Esta organización ya ha experimentado impactos negativos por el desfinanciamiento de la institución. En abril de 2020, y producto de un recorte presupuestario al PANI, la organización cerró su programa preventivo para adolescentes que ofrecía orientación vocacional y talleres educativos a 125 menores.
La presidenta de la Unión de Instituciones Privadas de Atención a la Niñez (Uniprin) y directora de la Asociación Pueblito, Gisella Fallas, dijo que la negativa de las personas diputadas se suma a una serie de recortes a la institución que se han acumulado con los años.
“Para este año ya le hicieron un recorte que tuvieron que ver de dónde agarraban porque no tenían dónde ubicarlos. Son una gran cantidad de niños, y si nos dicen que no nos pagan no podemos atenderlos, pero ellos tampoco pueden. Por medio de un presupuesto extraordinario aprobado a principios de año lograron terminar el año” lamentó Fallas.
El subsidio del PANI a estas organizaciones varía según el tipo de atención. En el caso de la atención diurna, la atención de cada niño, niña o adolescente es de ¢213 mil colones mensuales y la institución cubre un 61%, cuando viven en una alternativa residencial sin especialidad el costo es de ¢621 mil al mes y la institución cubre el 49%, y en atenciones especializadas para población menor de edad con problemas de salud, adicción o con discapacidad el monto mensual puede estar entre ¢1.400.000 hasta incluso superar los ¢2 millones mensuales.
Moción que otorgaba los recursos fue rechaza
La gerenta de administración del PANI, Guiselle Zúñiga, explicó que la institución contaba con los fondos otorgados por la ley 9941, aprobada en la Asamblea Legislativa este año, para pagar los subsidios de las 54 Organizaciones no gubernamentales (ONG) que atienden a población del PANI y con la que también se pretendía fortalecer la Red de Cuido para apoyar a las mujeres madres durante la reactivación económica.
“Esta nueva ley otorga el 5% de los recaudado por el impuesto sobre la renta del periodo anterior, de ese monto el 20% corresponde a la Red de Cuido. Eso significaba que íbamos a tener ingresos en el orden de los ¢82.500 millones para 2022. Entonces, a partir de esta nueva norma, es que nosotros comenzamos a trabajar y estructurar el presupuesto del año 2022” contó Zúñiga.
Sin embargo, en setiembre el Ministerio de Hacienda presentó el presupuesto nacional sin contemplar los nuevos fondos y en el último minuto, tras acercamientos del PANI, presentó una moción para incorporarlos, pero la Comisión de Hacendarios, en una votación ajustada, la rechazó argumentando que incumplía con el crecimiento presupuestario máximo que establece la regla fiscal.
“Desde el PANI tenemos el criterio de que a estos fondos no les aplica la regla fiscal porque la ley 9941 es posterior a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Además, es una norma especial, entonces no aplica la regla fiscal” agregó Zúñiga.
La Ley Orgánica del PANI establecía un 7% a las autoridades de la institución, que a pesar de fallos constitucionales nunca se les otorgó. Esta ley fue derogada por la regla fiscal, pero la ley 9941 recupera la misma forma de financiamiento, pero ahora con un 5%.
Zúñiga dice que la institución está a la espera del criterio de la Procuraduría General de la República respecto de si la regla fiscal afecta o no estos fondos, pero la ventana del presupuesto está cerca a cerrar, por lo que la jerarca cree “ya es un poco difícil” que las personas diputadas lo incorporen en el presupuesto, y la siguiente alternativa sería apelar por un presupuesto extraordinario el próximo año.
