A la cárcel Jorge Arturo Mora Castro, ubicada en el complejo penitenciario La Reforma, desde el 20 de marzo solo ingresan dos tipos de personas: las que trabajan en ese centro y los hombres que van presos (por condena, por medida preventiva o por impago de pensión alimentaria).
Jeffry Mesén está recluido en ese centro penal y ya cumple casi un mes sin ver a su familia. Su interacción se limita a unas cuantas llamadas desde el teléfono público de la prisión.
Dice extrañarlos mucho, pero no se queja de la falta de visitas. Al igual que él, las más de 16.000 personas privadas de libertad en los 20 centros penales cerrados del país dejaron de encontrarse cada semana con sus seres queridos. La medida pretende evitar que la pandemia de COVID-19 entre a las cárceles; o al menos intentarlo.
Un solo preso que caiga enfermo por el nuevo coronavirus generaría un “contagio masivo catastrófico”, según auguraron dos jueces de Ejecución de la Pena de San José la semana pasada, cuando ordenaron al Instituto Nacional de Criminología (INC) sacar de prisión a quienes tengan enfermedades de riesgo ante la pandemia.
Con un hacinamiento carcelario que ronda el 30% a nivel general -aunque en algunas prisiones la cifra es muy superior- sería difícil creer lo contrario.
Camarotes apiñados, poca ventilación y débiles condiciones de salubridad, dificultan seguir las medidas de distanciamiento social, esas de las que tanto habla el ministro de Salud, Daniel Salas, cada mediodía en las conferencias de prensa que los privados de libertad observan en los televisores de los centros penales.
La tarea es titánica, pero las autoridades lo intentan y también las personas privadas de libertad, según reportan los presos que tienen el papel de representantes de los módulos.
El plan es evitar que el coronavirus traspase los controles implementados porque hasta ahora no se tiene rastro de él dentro de los centros. Tres casos de funcionarios ya fueron descartados y ningún preso ha tenido que someterse a la prueba según el reporte dado hasta el martes, al cierre de esta publicación.
Las personas recién llegadas obligatoriamente pasan por un protocolo de revisión, el cual incluye la toma de temperatura y un análisis de síntomas y antecedentes, explicó la ministra de Justicia, Fiorella Salazar.
Ante la preocupación de que el dañino virus ingrese, los otros privados de libertad se muestran de acuerdo con la suspensión de las reuniones familiares de los fines de semana y de las visitas íntimas, destacó la jefa de Psicología del Ministerio de Justicia, Denia Núñez.
La población penitenciaria incluso se unió en una cruzada de lavado, no solo de manos como pide el ministro Salas, sino también de las celdas, contó la ministra Salazar.
“De ahí salieron escombros, basura y están limpiando lo que queda. Están manguereando paredes, el suelo, limpiando los baños, los espacios donde comen”, describió.
Algunos presos hasta grabaron una canción de reggae en la que piden a la gente quedarse en su casa y tener paciencia.
“Yo soy comprensivo, no me gustaría que mi familia por venir a verme, en bus o en tren, o en el modo que tengan para viajar, se contaminen”, dice Allan Vives, otro privado de libertad en el Jorge Arturo Mora, quien con ayuda de funcionarios penitenciarios grabó un video para responder a unas consultas enviadas por UNIVERSIDAD.
Esto a pesar de que, al encierro obligatorio, se une este nuevo confinamiento que implica perder el contacto físico con quienes aman.
Una situación similar ocurrió el año pasado, cuando un brote de paperas dejó a cinco cárceles sin visitas por un tiempo, pero no a todo el sistema penitenciario, como ocurre ahora.
Para ayudarles a sobrellevar la carga emocional, las autoridades de Justicia mantienen algunas actividades como reuniones para discutir temas o “la visita virtual de la semana”, en la que algún personaje público les transmite un mensaje de ánimo por medio de un video. Uno de los primeros en aparecer en esa pantalla fue precisamente el ministro de Salud, Daniel Salas.
Cantantes, actores, actrices y futbolistas también en remitido sus palabras de ánimo.
Además, se permite la entrega de encomiendas de alimentos y se realizan actividades deportivas que resultan terapéuticas.
“Los que más nos pueden enseñar a nosotros a quedarse en la casa son los privados de libertad, ellos están en el mismo lugar durante periodos bastante largos, entonces su válvula de escape son las visitas, y si ahora tuvimos que suspenderlas, estamos muy pendientes de cómo están los ánimos dentro”, asegura la ministra Salazar.
Justicia está coordinando con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) la instalación de más teléfonos público y no se descarta programar videollamadas con familiares de las personas presas, indicó la jerarca de Justicia.
El único evento violento que se reportó en los últimos días fue un enfrentamiento entre reclusos y policías en la cárcel de Puntarenas durante una revisión para decomisar teléfonos celulares.
Justicia se prepara
Aunque la intención de las autoridades es mantener alejado al coronavirus de las cárceles, también reconocen que, tarde o temprano, ese escenario podría llegar y procuran estar preparados.
Desde finales de febrero, cuando todavía faltaban unos días para que se presentara el primer caso en el país, Justicia implementó una mesa de trabajo con el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
Las primeras semanas de la emergencia se permitieron las visitas siguiendo protocolos de lavado de manos, toma de temperatura y distanciamiento; sin embargo, conforme aumentaron los casos de COVID-19 detectados en el país se tomó la medida de suspenderlas.
Tampoco se realizan movimientos de presos entre centros penitenciarios y el personal que debe salir y reingresar, así como las personas presas que llegan por primera vez, deben cumplir con el proceso de revisión de su estado de salud.
La mayor cantidad de funcionarios que mantienen trabajo presencial son los policías. También hay funcionarios del área administrativa, aunque una parte realiza teletrabajo.
“Cuando entran los funcionarios que van a dormir todas las noches a sus casas o los cambios de escuadra (de policías), tienen que cumplir los protocolos de lavarse las manos, distanciamiento social y si alguno se siente con síntomas, debe ir a los servicios de salud que tenemos”, explicó la ministra Salazar.
En total, el Ministerio de Justicia cuenta con 87 funcionarios del área de Salud entre los cuales hay 24 médicos, 26 enfermeros y tres auxiliares de enfermería, repartidos en los centros penitenciarios.
Además de la población privada de libertad, este personal médico puede atender a los 5.528 funcionarios (3.840 de ellos son policías). Si el caso lo amerita, se trasladaría a un hospital de la CCSS.
Justicia además habilitó casi 4.000 espacios para realizar cuarentenas, en caso de que presos o funcionarios lo requieran. De hecho, a las personas de nuevo ingreso se les pide mantenerse apartadas del resto del grupo por dos semanas, en las cuales se ubican en sitios como capillas acondicionadas para este fin.
También se está en conversaciones con autoridades del Poder Judicial para que, en la medida de lo posible, los presos participen en audiencias judiciales por medio de videollamadas y así no tengan que salir de los centros.
“Adicional le enviamos otras propuestas, para que ellos los valoren, en relación con medidas alternativas a la prisión preventiva. El tema es que eso lo deciden los señores jueces y juezas con cada caso”, detalló la ministra de Justicia.
Justicia da atención psicológica a presos con depresión o ansiedad por COVID-19
El departamento de Psicología del Ministerio de Justicia está dando atención prioritaria a las personas privadas de libertad que presenten cuadros de depresión, estrés o ansiedad debido a la pandemia de COVID-19.
Denia Núñez, jefa nacional de Psicología de Justicia, explicó que se giró esa directriz para abordar las consecuencias que puede tener en los presos el distanciamiento físico con sus familiares.
“Ya de por sí la privación de libertad implica una limitación en el contacto social y eso tiene un impacto psicológico en la persona privada de libertad. El cómo se asume depende mucho de los propios recursos con que la persona cuente, de los recursos familiares, sociales, de las condiciones mismas de privación de libertad. La situación de emergencia por el COVID-19 añade una situación adicional que es la restricción de visitas íntimas y familiares”, explicó la especialista.
Núñez comentó que las personas presas que ya eran tratadas por algún trastorno clínico, como cuadros depresivos o ansiedad, pueden tener recaídas. “Podría presentarse nuevamente trastornos del sueño o trastornos del estado de ánimo”, detalló.
De momento, la mayoría de consultas psicológicas se relacionan con temores al contagio propio o de la familia, según la jefa de Psicología.
“De hecho, la mayor parte, por no decir que todos los privados de libertad, no solo han respetado todas las medidas que se han tomado orientadas a la prevención, sino que también mantienen una actitud de absoluta colaboración”, destacó Núñez.
Según la experta, el brote de paperas ocurrido el año anterior en algunas cárceles pudo hacer sentir excluida a la población penitenciaria, pero en esta ocasión el sentimiento es “como que no estamos solos en esto, que esto está afectando el país y somos parte de este país”.
Los videos que graban figuras públicas para darle ánimos a los privados de libertad producen precisamente el efecto de hacerles sentir acompañados, opinó la psicóloga.
Los más de 70 funcionarios del área de Psicología laboran en los centros cerrados, semiabiertos y también con las personas que están en libertad con alguna medida.
Justicia también está dando este tipo de atención profesional al personal que así lo requiera.
Jueces preocupados por eventual “contagio masivo catastrófico” en cárceles
Dos jueces de Ejecución de la Pena de San José advirtieron de un eventual “masivo catastrófico” de COVID-19 en las cárceles.
Los juzgadores Roy Murillo e Irene Barrantes ordenaron el 3 de abril que el Instituto Nacional de Criminología (INC) del Ministerio de Justicia valore a personas privadas de libertad con enfermedades de riesgo ante la pandemia, para que sean ubicadas en un régimen semiinstitucional (donde pasan unas noches) o excarceladas temporalmente.
“Las limitaciones de la infraestructura carcelaria, las limitaciones de ventilación adecuada, la dinámica y convivencia carcelaria, la ocupación y sobrepoblación carcelaria, donde la propagación del COVID-19 generaría sin duda un contagio masivo catastrófico para toda la población penal”, indicaron en una resolución relacionada con los centros Vilma Curling (de mujeres) y San Agustín (en Heredia). También a los de régimen semiinstitucional San José, San Agustín, San Luis y La Mujer.
Un día antes el el juez de Ejecución de la Pena de Alajuela, Mario Rodríguez Arguedas, también dictó una medida para la cárcel Jorge Arturo Montero Castro (conocida como La Reforma) y para los centros Luis Paulino Mora, Reinaldo Villalobos y Nelson Mandela; así como la cárcel de Adulto Mayor.
En la resolución se ordenó “permitir la valoración extraordinaria para aquellas personas privadas de libertad vulnerables y de alto riesgo en la salud, según criterio médico, en aquellos casos diagnosticados con complicaciones severas por enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes , obesidad mórbida, insuficiencia renal; pacientes inmunosuprimidos como aquellos diagnosticados con VIH, enfermedades autoinmunes, pacientes oncológicos, esclerosis múltiple, bronquitis crónica, asma, enfisema pulmonar, EPOC, y enfermedades obstructivas del pulmón, además enfermedades cardiacas”.
También el 3 de abril, el juez Jorge Luis Umaña Jiménez, del Juzgado de Ejecución de la Pena de Cartago, dictó una medida correctiva para el centro penal Antonio Bastida de Paz (en Pérez Zeledón) y para la Unidad de Atención Integral Pabru Presberi.
El juez Umaña pidió a los centros un informe sobre las medidas sanitarias tomadas hasta el momento e indicarle si se ha levantado una lista identificando a las personas con factores de riesgo en la que se tomen en cuenta las enfermedades.
También solicitó se le detalle qué metodología se emplea para las valoraciones extraordinarias (para reubicación o egreso) y si estas se han realizado para personas que estén en más riesgo ante la pandemia.
El INC todavía está analizando cómo se ejecutarán esas órdenes judiciales.
