El plan de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) permitiría a las compañías cobrar a los usuarios por descarga de datos en telefonía pospago y además eliminaría el tope tarifario sobre el precio que se cobra por el servicio de Internet y voz. Sutel argumenta que los precios para los consumidores bajarán, pero especialistas y parlamentarios ponen en duda esa afirmación.
La proposición de Sutel de dejar por la libre el mercado de telefonía móvil (sin restricciones de tarifas y planes), y la promesa de que con ello se reducirán los precios para los usuarios, se mueve en un terreno de dudas.
Mientras que la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) apuesta a que liberalizando el mercado y declarando la competencia efectiva las compañías deberán bajar precios y ofrecer mejores ofertas para atraer clientes, especialistas y legisladores sostienen que, más bien, podría ocasionar el efecto contrario debido a la posibilidad de eliminar el tope tarifario y cobrar por descarga de datos en líneas pospago (ya se cobra de esa forma en planes prepago).
El plan denominado “Propuesta de definición de los mercados relevantes asociados a los servicios móviles, análisis del grado de competencia, determinación de los operadores y proveedores importantes en dichos mercados e imposición de obligaciones a dichos operadores y proveedores” se puso en consulta pública el pasado 16 de agosto por un plazo de 15 días hábiles, que vencen el martes 5 de setiembre.
Para revisarlo y canalizar sus observaciones, se puede ingresar al sitio: https://sutel.go.cr/audiencias/publicas
Se trata de un estudio realizado por Sutel en el que se concluye que, actualmente, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) pasó de ser el único operador a tener el 53% del mercado; mientras que Movistar abarca al 26% y Claro al 20%.
Manuel Emilio Ruiz, miembro del Consejo Directivo de Sutel, explicó a UNIVERSIDAD que, en este panorama, se ha determinado que el mercado costarricense de telefonía móvil es ahora más competitivo, que hay más calidad y variedad de ofertas.
Sutel argumenta que en ese escenario de competitividad los precios de servicios de llamadas y datos han disminuido. “Así, por ejemplo, en el año 2016 el precio de las llamadas prepago era un 60% menos que el tope tarifario vigente, mientras que el precio de los datos era un 45% inferior al tope tarifario vigente”, dice el texto.
“Asimismo, se evidencia una caída del 19% en el precio efectivo promedio pagado por los usuarios por el consumo de datos móviles, entre los años 2014 y 2016. Mientras que el precio efectivo de las llamadas disminuyó un 17%, entre los años 2010 y 2016”, añade el planteamiento.
Con esos elementos, Sutel lanzó una propuesta de fe, es decir, de la esperanza de que el mercado seguirá esa tendencia y que, por lo tanto, ya no es necesaria la regulación de tarifas y de otras obligaciones que se venían imponiendo hasta ahora.
“El informe concluye que no existe en este mercado un operador importante o puede ser un grupo de ellos, que puedan influir en precios, en calidad, etcétera, en el mercado, por lo cual se declara en competencia efectiva. Y lo que significa es que Sutel ya dejará de fijar las tarifas y se convierte en el otro rol que es de autoridad sectorial de competencia”, explicó Ruiz.
[padding type=”medium_right”][quote_colored name=”Manuel Emilio Ruiz, directivo de Sutel” icon_quote=”no”]
¿Qué ha pasado con los precios y las estrategias comerciales? Que la Sutel no interviene, los operadores se mueven independientemente, tenemos disminuciones de los precios de las llamadas. ¿Por qué disminuyen? Porque hay esa competitividad, y las ofertas comerciales se han diversificado”.
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Sutel plantea entonces que se levanten las obligaciones contenidas para los operadores en el artículo 75 de la Ley de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) y que sean las compañías quienes vayan definiendo sus precios y estrategias comerciales dentro del marco de la competitividad.
Esas obligaciones que desaparecerían incluyen hacer pública la información que Sutel solicite, mantener contabilidades separadas para cada servicio, someterse al régimen tarifario, entre otras. Es por esto que los detractores de la propuesta señalan que, con ese levantamiento de reglas, se abre un portillo para que las operadoras no solo apliquen el cobro por descarga de datos sino que lo hagan sin los actuales topes tarifarios.
Anteriormente, en el 2014 y el 2015, la Sutel ya había intentado instalar el cobro por descarga; no obstante, la Sala
Constitucional suspendió esos procesos tras recibir varios recursos de amparo que meses después fueron rechazados.
En Costa Rica, la política de uso justo en líneas pospago permite que una vez que los usuarios utilicen los datos de su plan, el operador restrinja la velocidad. En julio pasado, la Sala IV ordenó a Sutel definir una velocidad mínima funcional, pero el fallo no ha sido notificado a la institución reguladora.
LAS DUDAS
La posibilidad de que el mercado de telefonía móvil continuará con el comportamiento de disminución de precios y variedad de ofertas es lo que se mantiene en incertidumbre, según diputados y analistas del tema.
[padding type=”medium_right”][quote_colored name=”Alonso Castro, director del Centro de Informática de la UCR.” icon_quote=”no”]
Nada se puede asegurar, así como Sutel no nos puede asegurar que las tarifas van a bajar por una tendencia que ellos han visto, tampoco se puede asegurar que vayan a subir, porque al liberar el mercado habría que esperar a ver qué es lo que van a hacer las operadoras en realidad”.
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“Ellos no pueden asegurar que cuando liberen el mercado las empresas van a tener una tendencia a la baja. Puede ser que haya una guerra de precios para atraer clientes, lo que pasa es que llega un momento en que si todos los proveedores empiezan a bajar de precio, quiebran. Lo que ha pasado en Europa y Estados Unidos es que los proveedores hacen una tregua, es decir, dicen: ‘vamos a poner tal precio como punto mínimo y a partir de ahí vamos a establecer las ofertas’. Entonces, es posible que los precios puedan bajar, pero no lo pueden asegurar”, manifestó Alonso Castro, director del Centro de Informática de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Castro afirma que en el cobro por descarga, “una persona que actualmente paga ¢3.500 podría llegar a pagar hasta ¢30.000”.
Añadió que esa política “desincentiva el uso de Internet” y aumenta la brecha “porque solo van a poder usarlo quienes puedan pagarlo”. “Normalmente cuando uno va a otro país (y adquiere una línea) apaga la red porque si no te cobran mucho”, puso como ejemplo.
Para el economista Leiner Vargas, investigador y docente del Centro Internacional en Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional (UNA), Sutel “nunca evaluó el sistema o metodología de precios que se basa en tope, por lo tanto los argumentos que se dan en contra no son ciertos, son puros juicios de valor”.
El investigador afirmó que no existen condiciones reales de competencia efectiva porque para ello ningún operador podría tener dominio, como lo sigue teniendo el ICE. “En una discusión anterior se dijo que con una licitación de espectro habría una compañía nueva que promovería la competencia, pero la licitación la ganó Claro”, señaló.
Vargas también aseguró que las tarifas actuales no han disminuido pese a que sí lo han hecho los costos para los operadores. Afirmó que los precios son 10 veces el costo para los operadores y que no ha habido un esfuerzo por desarrollar mecanismos de competencia. “Las tarifas deben bajar sustancialmente”, manifestó.
Criticó el cobro por descarga porque se le quita el excedente al usuario y “el costo por mega se vuelve exagerado”.
El abogado Alfonso Chacón Mata, asesor legal del diputado frenteamplista Jorge Arguedas, explicó que el despacho presentará sus argumentos en contra de la propuesta, principalmente porque el ICE continúa siendo un operador dominante. Además, señaló que los datos utilizados por Sutel están desactualizados.
Chacón mencionó que la liberalización del mercado menoscaba el derecho humano de acceso a Internet y citó como ejemplos los casos de Argentina y Uruguay.
“La experiencia comparada lo que nos ha mostrado es que hay un margen en que las empresas bajan las tarifas y de un momento a otro saltan (aumentan) y dejan afuera a otros operadores, en escenarios bastante desventajosos para los usuarios”, comentó.
Por su parte, el también diputado del Frente Amplio, Edgardo Araya, quien además es candidato presidencial, criticó fuertemente la propuesta de Sutel. “Es un mercado muy pequeño, con operadoras con un peso grande y que son pocas, y es más fácil que se pongan de acuerdo por sus intereses aunque eso signifique afectar a los usuarios”, expresó.
“El Frente Amplio está a favor de los usuarios y defiende el derecho humano de acceso a Internet. No confiamos en que haya disminución de los precios, todo lo contrario, eso es una manera de meternos por la cocina el cobro por descarga, como lo han intentado y no lo han logrado”, añadió el legislador.
“Eso más bien lo que está logrando es evitar la obligación de las empresas de robustecer su capacidad, con el cuento de que todo el mundo sobreutiliza el sistema, hallan más fácil cobrar más caro y limitar el consumo que robustecer sus torres de comunicación”, cuestionó Araya.
DEFENSA
A pesar de esos argumentos en contra de la propuesta, tanto Sutel como las empresas de telefonía sostienen que no se afectará al usuario.
“Si hay un acuerdo (entre las empresas para fijar precios), que no deja de ser difícil de probar, eso es lo peor, es la práctica anticompetitiva más desleal que hay, porque es ponerse de acuerdo para “fregar al consumidor”. La ley castiga eso. Y en el caso de Sutel podemos multar desde 0,5% al 1% de los ingresos brutos del grupo económico”, indicó Ruiz.
La economista Deryhan Muñoz Barquero, de la Dirección General de Mercados de Sutel, adujo que, por ejemplo, el mercado de Internet fijo tiene 10 meses de haber sido liberado y no ha habido incremento de precios.
“En Costa Rica, cuando entraron los operadores, había unas tasas de penetración muy bajas, lo que quiere decir que había un gran espacio para entrar sin una competencia muy fuerte. El principal segmento que estaba descobijado era prepago, porque en el monopolio solo había servicios pospago. Conforme se ha ido acabando esa cantidad de usuarios disponibles, conseguir un cliente nuevo resulta más difícil para el operador, entonces cambia la dinámica hacia una situación en la cual para ganarme un cliente tengo que quitárselo a mi competencia y eso aumenta la rivalidad en el mercado (…) Realmente lo que en este momento está definiendo el precio no es el tope, es la competencia entre ellos que los fuerza a mantener el precio en el nivel”, explicó.
[padding type=”medium_right”][quote_colored name=”Leiner Vargas, economista, investigador de CINPE” icon_quote=”no”]
No hay condiciones reales como dice la teoría. Para que haya competencia efectiva un participante no tiene que tener dominio. No entiendo por qué Sutel insiste en aplicar competencia efectiva donde no hay”.
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La funcionaria agregó que la regulación tarifaria no incluye solamente el tope, sino una serie de condiciones como tecnologías, velocidades y trámites, que migran muy rápidamente y se convierten en una “camisa de fuerza para la innovación”.
“Por ejemplo, elementos que no se pueden dar en este momento con el marco actual tarifario: paquetes de solo datos. ¿Habrá usuarios interesados en paquetes de solo datos? Muy probablemente sí, porque hay gente que ya no realiza llamadas por las líneas tradicionales”, ejemplificó.
Sutel además argumenta que, aunque no regulará tarifas, mantendrá una función de fiscalizador del mercado en competencia, es decir, de verificar que no se realicen prácticas anticompetitivas o se afecte al usuario y que se seguirá aplicando el Reglamento de Prestación y Calidad de los Servicios, el cual establece umbrales de las condiciones técnicas en que se debe operar.
Manuel Emilio Ruiz alegó además que, en caso de detectarse afectación para los usuarios como desmejoras en la calidad, cargos poco transparentes o poca información, así como prácticas anticompetitivas u otras fallas, Sutel puede volver a establecer la regulación anterior.
A FAVOR
Tanto el ICE como la empresa Telefónica (con su marca Movistar) avalaron el planteamiento de Sutel.
José Luis Navarro, director de Relaciones Regulatorias del ICE, comunicó que la declaratoria de competencia efectiva “en nada debilita la posición de los diferentes actores, por el contrario, podría generar beneficios, tanto para los proveedores como para los usuarios de los servicios”.
Agregó que para los proveedores habría más flexibilidad y diversidad a la hora de diseñar sus ofertas comerciales, mientras que los usuarios podrían percibir mayor intensidad competitiva, mayor diversidad y disponibilidad de ofertas y promociones con mejores precios.
“El papel de la Sutel en nada se verá menoscabado, pues lo único que deja de hacer es fijar tarifas, pero mantiene intactos tanto la facultad como el mandato legal de velar por el respeto a los derechos de los usuarios, principalmente en temas como calidad de los servicios y acceso a la información”, consideró.
José Pablo Rivera, gerente de Regulación y Relaciones Institucionales de Telefónica, coincidió en que la declaratoria de competencia efectiva daría “mayor flexibilidad a los operadores para diseñar y configurar planes, paquetes, promociones y ofertas de acuerdo con las necesidades de los clientes”.
Indicó que con la regulación actual se diseñan unas ofertas bastante homogéneas sin considerar las particularidades de los usuarios.
“Cuando salieron las propuestas de cobrar por descarga, se dijo que los operadores lo que buscábamos era cobrar por cada unidad de descarga, eso no es factible, en todo el mundo las tarifas están liberalizadas y se puede cobrar lo que quiera y, sin embargo, la tendencia no es esa, porque básicamente los usuarios lo que requieren es un cupo mayor”, manifestó.
Añadió que los consumidores no deben sentir “temor” de la eliminación del tope porque con las “ofertas y promociones” lo que se busca es que “el precio final promedio sea menor”.
Gilberto Campos, vicepresidente de la Asociación de Consumidores de Costa Rica expresó que la organización avala la declaratoria de competencia efectiva porque la regulación actual favorece a los operadores.
En su criterio, habrá mejoras en el mercado y Sutel no dejará de regular, sino que lo hará de una forma distinta promoviendo el equilibrio.
Campos indicó que se deben ver las estadísticas actuales que analizan la calidad y que no se debe analizar el tema desde el punto de vista ideológico.
Sutel revisará todas las observaciones que se hagan en la consulta pública y la decisión final la tomará el Consejo Directivo de la institución.
