Uso de nombramientos fraccionados

Maniobra en Sala III permitió a magistrados suplentes cobrar dietas y jubilación a la vez

Corte los nombra en períodos que exceden el mes, pero con pausas de uno a tres días. Así, eluden restricción legal y reciben dietas –que al mes rondan los ¢3,5 millones– y también sus jubilaciones de más de ¢6 millones.

Estos jueces empezaron a hacer suplencias en Corte unos años antes de su jubilación, lo cual les permitió aumentar en sumas millonarias el monto mensual para su retiro.

El Poder Judicial evadió una prohibición existente en la ley orgánica de la institución y les pagó de más a tres funcionarios jubilados que realizan suplencias como magistrados.

Con ello se beneficiaron Rosibel López Madrigal, Jorge Enrique Desanti Henderson y María Elena Gómez Cortés, quienes sonjueces penales pensionados del Poder Judicial y en ocasiones fungen como magistrados suplentes. Es decir, ejercen ya sea para conocer casos en los que algún propietario debe inhibirse o cuando existen vacantes en las plazas, como ocurre actualmente, pues hay ocho puestos de propietarios disponibles en la Corte Plena, que es el máximo órgano de esa institución.

La maniobra permitió que los tres cobraran de manera simultánea sus pensiones y, a la vez, las dietas que se pagan a los magistrados suplentes.

En distintas fechas del 2017, el Poder Judicial contrató a estos tres funcionarios jubilados para que realizaran suplencias y para ello aplicó sucesivos nombramientos de solo un día que se extendían por un mes exacto. Luego, se les hacía una breve pausa de apenas uno, dos o tres días laborales, y se les confeccionaba un nuevo nombramiento.

De esa manera, las autoridades de la institución eludieron una prohibición contemplada en el artículo 63 de la Ley orgánica del Poder Judicial, la cual establece que los magistrados suplentes devengarán dietas por cada día de trabajo o sesión, y que estas serán proporcionales a la remuneración de los magistrados propietarios. Pero ese mismo artículo precisa que,cuando se trata de pensionados o jubilados de cualquier régimen, “el desempeño del cargo por más de un mes suspenderá el goce de su pensión o jubilación”.

En otras palabras, los jubilados del Poder Judicial o de cualquier otro régimen que ejerzan como magistrados suplentes por más de un mes solo podrán recibir el pago correspondiente a ese nombramiento y durante ese tiempo debería suspenderse el pago de su pensión.

No obstante, al interrumpir brevemente los nombramientos antes de llegar al mes consecutivo, el Poder Judicial avaló que se les entregara tanto el dinero de la pensión como los pagos por dietas. En algunos de esos meses, algunos suplentes recibieron más de ₵10 millones (en monto bruto) al sumar el monto de su jubilación y lo que percibieron por dietas.

Estos hallazgos surgen de una investigación que realizó UNIVERSIDAD sobre los nombramientos de todos los magistrados suplentes que ejercieron en las cuatro salas desde el 2016, con base en información remitida por la coordinadora a.i. de la Unidad de Investigación y Control de Calidad de la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial, Jazmín Orozco Arias.

En los datos revisados, solo en la Sala Tercera se detectaron las contrataciones de jubilados durante un mes, seguidos por pausas breves y un nuevo nombramiento.

Uno de los casos es el de Rosibel López, de 56 años de edad, a quien en tres ocasiones se le contrató por 29 días continuos (tres meses en total), periodos en los que luego se le dejaba brevemente sin nombramiento y se volvía a realizar una contratación, a pesar de que la designación de los suplentes se hace por medio de un sorteo.

En ese año, López fungió como magistrada suplente de la Sala Tercera entre el 3 y el 31 de julio del 2017, con nombramientos seguidos de solo un día que sumaron 29 días. Posteriormente, se le dejó sin nombramiento dos días, el 1° y 2 de agosto, y se le volvió a contratar a partir del 3 de agosto y hasta el 31 de ese mes.

Luego, volvió a tener nombramientos de 29 días seguidos, entre el 2 y el 30 de octubre del 2017. Después, se le dejó sin nombramiento un día y regresó a laborar entre el 1° y el 3 de noviembre de ese año.

Por esas contrataciones, López recibió en total ¢12,4 millones por concepto de dietas, a pesar de que esos meses también obtuvo una jubilación mensual de ¢6,6 millones (en monto bruto).

A ella también se le había hecho un nombramiento de 31 días seguidos entre el 1° y el 31 de enero del 2017, periodo en el cual recibió por concepto de dietas ¢3,9 millones. Su jubilación en ese momento era de ¢6,5 millones. No obstante, en ese momento no se le recontrató hasta el 17 de febrero de ese año.

La jueza jubilada realizó suplencias en otros momentos a cambio de dietas, pero durante una menor cantidad de días.

Actualmente, ella cubre una plaza de la Sala Tercera de manera indefinida, hasta que se nombre a un propietario, por lo cual en este momento sí tiene la jubilación suspendida y se le paga el salario correspondiente al puesto. De hecho, ocupa el cargo de presidenta de ese despacho judicial.

López dijo a UNIVERSIDAD que desconoce cómo se determinaban los nombramientos. “A mí me llamaban, me necesitaban, y yo llegaba”, alegó.

Además, argumentó que en las contrataciones señaladas se presentó a suplir a distintas personas, por lo que se trataba de plazas diferentes.

Por ejemplo, en agosto del 2017, según indicó, se le contrató para reemplazar por ese mes a Arroyo, a pesar de que el exmagistrado se había jubilado desde el año anterior, por lo cual su plaza estaba vacante no solo un mes, sino hasta que la Asamblea Legislativa contrate propietarios. De hecho, actualmente todavía es un puesto vacante.

En otro de los nombramientos fue a sustituir a Carlos Chinchilla y en otro a conocer casos por inhibitorias de algunos titulares, según dijo.

La jueza consideró que es justo que se pague una remuneración y se mantenga la jubilación en estos casos.

“La jubilación era por un monto con todas las diferencias salariales; me llegaban ₵3 millones algo (por las reducciones de ley y la contribución solidaria impuesta este año). Es más dinero lo que le tienen que pagar a un compañero que viene a trabajar tiempo completo; para el Poder Judicial es más erogación”, manifestó.

López es magistrada suplente desde el 2012, cuando todavía era empleada judicial, pues se retiró el 1° de setiembre del 2016. Ella había presentado su nombre como candidata a propietaria en el puesto que dejó vacante José Manuel Arroyo en diciembre del 2016; no obstante, este lunes dijo a UNIVERSIDAD que ya no está interesada en ese puesto.

“Se lo garantizo que a mí nunca me han pagado un centavo más de lo que a mí me corresponde, y nunca jamás buscar una estrategia para que me paguen más porque yo gracias a Dios tengo principios y valores. Y tampoco comprometer a alguien, no; más bien, para mí es venir y prestar un servicio”, expresó en entrevista telefónica con este medio.

La directora a.i. del Centro de Apoyo y Coordinación del Poder Judicial, Maricruz Chacón, indicó vía correo electrónico que la designación de los suplentes se realiza mediante el Sistema de Sorteo de Magistrados Suplentes del Poder Judicial, denominado SIMAS. “La solicitud la formula cada Sala a través de un servidor de enlace designado por cada presidencia o secretaría de Sala; no existe rol o rotación, sino que es aleatorio por sorteo”, detalló.

Chacón aseguró que la cantidad de días de los nombramientos la determina la presidencia de cada Sala en el momento en que el despacho solicita que se realice el sorteo.

El año pasado, la presidencia de la Sala Tercera estuvo ocupada primero por Carlos Chinchilla, quien en mayo dejó ese cargo para ocupar la presidencia de la Corte Plena. Por ello, en junio, su entonces compañera Doris Arias asumió la cabeza de la Sala.

Ambos funcionarios se jubilaron en julio de este año, en medio de cuestionamientos por haber desestimado –con prueba falseada– una de las investigaciones relacionadas con el caso del cemento chino en las que figuraban exdiputados.

UNIVERSIDAD intentó contactarlos pero no respondieron las llamadas ni los mensajes enviados a sus celulares.

Sobre los nombramientos de solo un día y de forma continua, la funcionaria Chacón respondió: “Los nombramientos se hacen a solicitud de la secretaría de la Sala; se registran conformen indiquen para cada caso en concreto. Por un principio de continuidad podría prorrogarse a solicitud de la Sala el nombramiento del suplente, el cual es reportado a la Dirección de Gestión Humana”.

En otra de las respuestas enviada por Gestión Humana se indicó que cada nombramiento “no excede el periodo establecido en el artículo 63 de la Ley Orgánica”.

Contratos fraccionados

Otro magistrado suplente a quien se le fraccionó el nombramiento –con lo cual pudo mantener su jubilación mientras trabajaba– es el juez Jorge Enrique Desanti Henderson, de 60 años de edad.

Desanti se acogió a su jubilación el 1° de diciembre del 2016 y actualmente es candidato a ocupar como propietario la silla de magistrado.

A él se le hicieron nombramientos entre el 1° y el 11 de marzo del 2017 (de miércoles a sábado). Después, se le dejó sin nombramiento dos días; retomó el puesto desde el martes 14 hasta el 31 de marzo; y luego, a pesar de que los días eran seguidos, se le hizo un nuevo nombramiento del 1° al 2 de abril de ese año, según la información remitida por el Poder Judicial.

Con ese fraccionamiento, se le mantuvo el pago de su jubilación mensual de ¢6,8 millones (bruto) y por dietas recibió ¢3,7 millones.

En otros casos, se le hicieron nombramientos seguidos que sumaban exactamente 29 días. Por ejemplo, se le contrató los días del 1° y el 29 de agosto, incluyendo los días de fin de semana en los cuales no se labora en estas salas. Ese mes recibió ¢3,6 millones por dietas y la jubilación de ¢6,8 millones.

En noviembre de ese mismo año, a Desanti lo nombraron del 1° al 29 de ese mes, con excepción de los días 4 y 5, que fueron fin de semana. Recibió ¢3,4 millones por dietas y la jubilación completa, aunque la siguiente semana, en diciembre, estuvo nombrado como suplente otros dos días, el 4 y 6 de diciembre.

Actualmente, Desanti está nombrado de forma indefinida como magistrado, mientras se llena la vacante. Por ello, se le suspendió la jubilación.

Este lunes, el juez respondió a UNIVERSIDAD que las contrataciones son realizadas por el Departamento de Gestión Humana conforme a las necesidades del nombramiento y que los suplentes no pueden determinar la cantidad de días en que se harán las suplencias.

Desanti dijo no tener el detalle de a cuáles magistrados suplió en las fechas en que hubo continuidad en los nombramientos. No obstante, consideró que es adecuado que, cuando no se exceda el mes, se mantenga la pensión y se reciban dietas.

“En mi caso, o en el de otro jubilado, se tiene la opción de dedicarse a tiempo completo a trabajar en forma privada con su profesión y estaría recibiendo su monto determinado por jubilación porque eso ya es un derecho adquirido. El hecho de que vayamos a asumir los nombramientos como magistrados suplentes significa una altísima responsabilidad, va a estar resolviendo en una función sumamente delicada y usted está igual que todo funcionario público sometido a un altísimo grado de responsabilidad. No veo por qué razón no vaya a recibir un pago de dietas”, manifestó el juez que ahora aspira al cargo de manera permanente.

En el caso de la jueza María Elena Gómez Cortés, de 63 años, a ella se le contrató como suplente de la Sala Tercera entre el 1° y el 29 de agosto del 2017, también con nombramientos de un día. Luego, se le dejó de nombrar los días miércoles 30 y jueves 31 de agosto, así como el viernes 1° de setiembre. Sin embargo, a partir del lunes 4 de setiembre y hasta el 29 de ese mes se le hicieron nombramientos seguidos.

En total, en esos dos meses recibió por dietas ¢6,8 millones y una jubilación mensual de ¢7,3 millones.

Gómez se jubiló el 1° de mayo del 2017 y es una de las magistradas que desestimó la causa penal que se seguía contra diputados en el caso conocido como “cementazo”, y por ello fue sancionada con dos meses de suspensión, al igual que Chinchilla y Arias, quienes se jubilaron.

A ella se le intentó contactar pero no respondió ni las llamadas ni mensajes enviados a su teléfono celular.

Tanto Desanti como Gómez realizaron suplencias en otros momentos del periodo analizado, pero por menor plazo a un mes.

Desde el 2016, en total se contrató a 34 magistrados suplentes, de los cuales ocho eran funcionarios jubilados.

A quienes son empleados regularmente de la institución se les paga un complemento a su salario, con base en el cálculo de las dietas.

Para quienes ejercen como abogados de manera privada, la ley establece que se les pague dietas por días de trabajo o sesión, proporcional al trabajo de los magistrados propietarios. Además, cuando alguna de estas personas esté en funciones de magistrado suplente por un lapso mayor de tres meses, “entrará en receso de sus funciones de abogado y notario por todo el tiempo de ese ejercicio”, ordena la ley.

Pensión mejorada

UNIVERSIDAD solicitó al Poder Judicial el listado histórico de puestos ocupados por López, Desanti y Gómez; sin embargo, la institución los envió con datos desde el 2004.

En esa información se refleja que López y Desanti pudieron mejorar considerablemente el monto de su jubilación al realizar suplencias de magistrados desde el 2012, pues se beneficiaron de la ley anterior que calculaba la pensión como el 100% del promedio de los últimos 24 salarios.

Hasta antes del 2012, el salario más alto de López era de ¢4 millones. Antes de jubilarse, en ese puesto recibía una remuneración de unos ¢4,2 millones. No obstante, en las ocasiones en que hizo suplencias como magistrada, su salario aumentó hasta los casi ¢8 millones, en monto bruto, en algunos periodos.

Esto le permitió que, al momento de jubilarse, en setiembre del 2016, su jubilación se aprobara en ¢6,5 millones, en monto bruto. Desde mayo de este año, a esa cifra se le rebaja una contribución solidaria debido a la reforma legal.

En el caso de Desanti, su salario como juez era de ¢3,8 millones. Pero en el momento de hacer suplencias, la remuneración a veces superaba los ¢7 millones. Por esto, el monto de su jubilación, aprobado en diciembre del 2016, fue de ¢6,7 millones.

En abril de este año, los diputados de la anterior Asamblea Legislativa cambiaron la ley del Poder Judicial para que el cálculo de la jubilación sea el 83% del promedio de los últimos 240 salarios.

También aplicaron un tope máximo de ¢4 millones e instauraron contribuciones solidarias, que van desde un 35% a un 55%, a las pensiones ya existentes que sobrepasen ese tope.

Reclamo de beneficios

Los magistrados suplentes son electos por la Asamblea Legislativa con base en una nómina que envía la Corte Suprema de Justicia, a diferencia de los propietarios, quienes se postulan directamente en el Congreso.

Los nombramientos de estas personas son de cuatro años, con posibilidad de reelegirse.

El pasado 14 de agosto, en la sesión de Corte Plena, la magistrada Rosibel López solicitó que la Corte conociera si los suplentes deben o no utilizar vehículos discrecionales, como hacen los propietarios.

Según dijo, su solicitud la hizo para dar continuidad a una gestión presentada anteriormente por la presidencia de la Sala y no por un interés personal.

Resaltó que existe un criterio de la dirección jurídica de que no se puede hacer diferencia entre los titulares y los suplentes.

“Me gustaría que la corte conozca al tema y tome una decisión al respecto, porque creo que el criterio de don Rodrigo (Campos, director jurídico) es muy claro en que no se puede hacer diferencia entre los titulares y los suplentes que se encuentran en plaza vacante en este momento”, indicó.

Similar preocupación expresó Martha Esquivel, suplente de la Sala Constitucional Martha Esquivel, quien dijo que debe existir claridad en el tema.

El magistrado suplente Jorge Desanti aprovechó para unirse a la solicitud y consideró que “no hay razones para hacer ninguna separación, ninguna discriminación (entre titulares y suplentes”.

Aunque finalmente se acordó que este tema le corresponde resolverlo al Consejo Superior, otros suplentes también pidieron la palabra para dejar constancia de que no están interesados en hacer uso de esos carros.

Entre esos estuvieron Jaime Robleto, José Paulino Hernández, Héctor Blanco y María Alexandra Bogantes.

Incluso, Bogantes manifestó que, en su criterio, el carro debe emplearse cuando es necesario para cumplir las funciones del cargo. Mencionó que ella hizo una suplencia de más de un año en la que nunca llegó a necesitar ese vehículo.

Colaboró con esta publicación: Pamela Torres


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