“Carlos” fue investigador del Organismo de Investigación Judicial durante 30 años. Hace un tiempo, decidió que “no valía la pena”, puso la renuncia y ahora trabaja como investigador privado.
El exagente trabajó en Limón y en San José. Según cuenta, le dio “todo” a la institución durante tres décadas y se dedicó tanto al trabajo que su salud mental, su matrimonio y la relación con su hija pagaron el precio.
“Yo siempre quise ser policía o detective, como en las series que veía de chiquito. Todos queríamos ser Kojak, por eso entré al OIJ y le di todo. Es un trabajo muy estresante, es difícil y uno se expone muchísimo, pero hace lo suyo”, dice.
Cuando le faltaban tres años para pensionarse, en abril del 2018, los diputados aprobaron la reforma al régimen de pensiones del Poder Judicial. Ahora, en vez de tres años, tendría que laborar quince más para poder retirarse con los beneficios correspondientes.
“Con el ritmo de trabajo y el estrés, después de años uno hasta paranoico se pone, jamás hubiera aguantado. Por algo los agentes en todo el mundo se pensionan a los 20, lo más 25 años de trabajar”.
Puso la renuncia y ahora se dedica a lo privado. “No me he hecho millonario, pero no me va nada mal, a veces pienso que hasta mejor y no tengo ese peso de antes”, dice.
Al igual que él, en los últimos cinco años 518 personas trabajadoras del Poder Judicial han renunciado, según datos de la institución. Solo del Servicio Jurisdiccional (programa del Poder Judicial que incluye tribunales, juzgados y otras instancias), han renunciado 157 personas y el OIJ ha perdido a 178 empleados de esta forma.
Adicionalmente, del programa de Dirección, Administración y Órganos de Apoyo se han ido 90 personas; del Ministerio Público, 50; de la Defensa Pública, 29; y del Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos (que cuenta con un personal de apenas varias decenas), 14.
Si se analizan las renuncias por puesto, los técnicos jurisdiccionales son los que más han renunciado (139); seguidos por policías, custodios e investigadores (121); jefaturas y profesionales (78); y jueces, fiscales y defensores públicos (77). Además, entre el personal de apoyo, operativo, técnico administrativo y especializado se han presentado 101 renuncias más.
Cabe destacar que, en el estrato gerencial, —gracias a una resolución de Corte Plena— en 2010 recibió un aumento salarial de entre 10% y 55%, solo se dieron 3 renuncias en cinco años.
Trabajo difícil con condiciones que empeoran
Según Álvaro Rodríguez, de la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (ANIC), los cambios en las pensiones, el nulo crecimiento de los salarios y los “malos tratos” que recibe el personal judicial de parte de las autoridades son parte de las razones que expulsan personal “sumamente selecto” de las instituciones.
“El trabajo de un investigador o policía judicial es difícil por definición y no todo el mundo está hecho para eso, de cada 100 personas que aplican solo uno pasa las pruebas. Ya en el campo, los oficiales se exponen, el trabajo es desgastante, se podría decir que hasta traumático, pero en vez de cuidarlos, cada vez más las condiciones empeoran”, dice Rodríguez.
Para el sindicalista, medidas como el congelamiento a los aumentos salariales y anualidades, la mala compensación de horas extra, el no pago de rubros como zonaje, regionalización o dedicación son algunas de las medidas que han deteriorado las condiciones laborales y mellado la voluntad del personal. “Y eso sin empezar a hablar de empleo público”, indica.
Otro oficial que renunció hace poco, al que llamaremos Marco, resume: “Uno como ser humano quiere sentirse apreciado, sobre todo cuando anda todos los días exponiendo la vida, no que lo traten a la patada y, honestamente, así se siente todo esto”.
“Carlos” dice que el desmejoramiento de las condiciones ha llevado también a una baja en los requerimientos, lo que resulta alarmante, pues implica tener agentes menos preparados. “La frontera entre el mundo del crimen y la sociedad es la policía, una vez que esa frontera se llene de huecos, estamos listos”, asegura.
“Marco”, quien ahora ejerce su profesión de forma privada, asegura que es preocupante que las condiciones se deterioren tanto, porque “ya no dan ganas de ser policía y si los buenos no quieren ser policías, ¿cómo hacemos para que el sistema de justicia funcione?”.
En efecto, el Poder Judicial informó mediante su oficina de prensa que en la actualidad el Organismo de Investigación Judicial cuenta con 267 plazas vacantes, decenas de las cuales tienen hasta cinco años sin ocuparse, mientras que el Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos tiene 3 plazas que quedaron vacantes en los últimos dos años.
Sección de Apoyo Psicológico: Salud mental de agentes tiene drástico deterioro antes de cumplir 20 años de trabajo
La salud mental de las personas investigadoras judiciales tiene fuertes cambios después de 10 años de trabajo, en el caso de las mujeres, y 15 años en el caso de los hombres.
Esto concluye un estudio del 2017, de la Sección de Apoyo Psicológico Operacional (Sapso) del OIJ al que UNIVERSIDAD tuvo acceso. Según el documento, que analiza la “eficiencia psicológica y de comportamiento” de las y los oficiales, que después de esos períodos puede generar “afectaciones” tanto a nivel laboral como personal.
Además, identifica como mayores desencadenantes del desgaste emocional a las circunstancias que los agentes enfrentan a menudo en su labor, tales como atención de escenas de muerte de niños o niñas, muerte de compañeros de trabajo y riesgo de sufrir lesiones serias o que las sufra un compañero de trabajo.
Así, cita, “la constante exposición a situaciones de alto impacto emocional y las deficiencias administrativas y operativas” de la institución son las fuentes de las afectaciones emocionales y psicológicas en el personal.
Cabe destacar que un año después de la emisión del documento se aprobó la reforma de pensiones, que amplió el período que deben trabajar para retirarse con todos los beneficios.
“Esto lo que está causando es un deterioro del sistema judicial y si el sistema no sirve, lo que está en jaque es la democracia”, dice Álvaro Rodríguez. “El Poder Judicial tiene que tener afianzada a su gente para poder cumplir bien su función”, agrega.
El estudio realiza recomendaciones, como crear un “programa de intervención” para el personal con más de diez años, mejorar el proceso de selección de jefaturas (que se consideró era inadecuado), capacitar a los jerarcas para mejorar sus relaciones interpersonales y descentralizar el servicio de apoyo psicológico, entre otras.
“Claramente, en el contexto que tenemos, donde todo empleado público se tacha como malo, toda inversión pública se sataniza y solo las condiciones de los de arriba mejoran, pues no se han aplicado esas recomendaciones, al contrario, las cosas cada día están peor”, dice Rodríguez.
UNIVERSIDAD expuso estas situaciones y consultó al Poder Judicial sobre cómo espera la institución sostener la eficiencia de su trabajo y qué medidas se han contemplado para proteger la salud mental del personal, pero al cierre de esta edición no se recibió respuesta.
