Magistrados piden a Asamblea Legislativa aclarar fuente de recursos para aplicar nueva ley ambiental

El «Acuerdo de Escazú» obligaría al Poder Judicial a realizar modificaciones para atender solicitudes en la materia, pero aún desconocen de dónde provendrán los fondos necesarios.

La Corte Plena declaró que el proyecto de ley “Aprobación del acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe», conocido como «Acuerdo de Escazú», afecta la organización y el funcionamiento del Poder Judicial.

Ante esto, los Magistrados pedirán a la Asamblea Legislativa que aclare de dónde provendrán los recursos necesarios para aplicar los cambios que el proyecto establece.

«(La Asamblea Legislativa) que nos indique de dónde vamos a coger los recursos. Pasa como con la Ley de Bienestar de Animales, no se ha podido implementar porque no hay recursos, entonces se convierten en una letra muy bonita pero sin contenido, y además la gran responsabilidad que representaría para nosotros no advertirlo y luego que nos digan que hay una inactividad por parte del Poder Judicial porque no ha ampliado los servicios», expresó la Magistrada Iris Rojas, durante la sesión de Corte Plena.

El Acuerdo de Escazú establece que, para facilitar que las personas o grupos en situación de vulnerabilidad accedan a la información que particularmente les afecte, las autoridades competentes deben divulgar la información ambiental en los diversos idiomas usados en el país, por medio de canales de comunicación adecuados.

«Para cumplir con ello es conveniente pedir a la Dirección de Planificación un estudio a fin de determinar si se siguen contratando los servicios de personas traductoras e intérpretes en LESCO, idiomas indígenas, entre otros; o bien, se contrata personal de planta que se ocupe de esas funciones, pues la información ambiental debe divulgarse en los distintos idiomas que se hablen en el país por medio de canales adecuados, en lo cual debe trabajarse», afirma el informe del Poder Judicial.

Otro artículo que obligaría a cambios presupuestarios es el pide formar y capacitar en derechos de acceso en asuntos ambientales a autoridades y funcionarios públicos.

«Lo anterior exige un replanteamiento de la Escuela Judicial y las Unidades de Capacitación institucionales con el objetivo de fortalecer las actividades de capacitación asociadas a la materia ambiental, lo cual podría lograrse con una reorganización de los recursos, o bien y de ser estrictamente necesario conforme a la situación financiera del país, a valorar la asignación de más recursos presupuestarios, lo cual genera un impacto institucional significativo», reza el informe.

El Poder Judicial concluyó que «se trata de un proyecto muy importante para el país, especialmente para la atención idónea de los procesos judiciales vinculados con la materia ambiental», pero pide que las dudas presupuestarias sean consideradas por los legisladores antes de aprobar la ley.

El Acuerdo de Escazú pasó a segundo debate. Según su artículo 1 el objetivo es «garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales».

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