País

Magistrados abandonan pelea por altas jubilaciones

En una noche y una mañana se fraguó un giro radical en la posición que sostenían los magistrados de la Corte Suprema de Justicia

En una noche y una mañana se fraguó un giro radical en la posición que sostenían los magistrados de la Corte Suprema de Justicia sobre el tope que debían tener las jubilaciones del Poder Judicial.

Desde la noche del pasado domingo, la presidenta de la Corte, Zarela Villanueva, llamó a sus compañeros para hacerles un llamado a “reflexionar” y desistir de defender el tope del 75% del salario más alto recibido por un funcionario judicial que, actualmente, resulta en una jubilación máxima de 7,1 millones; una lucha por la que, hasta entonces, a ella le había correspondido dar la cara ante los diputados de la Comisión de Pensiones y ser el blanco de críticas de la opinión pública.

La mañana del lunes, se terminó de definir el acuerdo, se convocó a la prensa y poco antes de las 3 p. m., la jerarca judicial inició la sesión de Corte Plena.

“El propósito (de la convocatoria) ha sido hacer una reflexión sobre la responsabilidad institucional, el respeto a la independencia de poderes y evitar cualquier conflicto (…). Y con esa finalidad les he propuesto que la Corte deje a criterio de la Asamblea Legislativa los temas del tope y la contribución solidaria, variando la propuesta inicial y promoviendo una reflexión tranquila y técnica en el tema”, inició Villanueva.

“Este proyecto debe avanzar para tener equilibrio y sostenibilidad. Hago un llamado a la reflexión para salvaguardar la institucionalidad. Propongo que la posición de la Corte en estos temas sea variada y expresamente comuniquemos que el tope sea discutido en el seno de la Asamblea Legislativa”.

“Cuestiones de este tipo, como lo es el tope y la contribución voluntaria, no debe ser ningún motivo para poner en riesgo todo el aporte que hemos hecho para una democracia fuerte”, añadió la presidenta Villanueva.

El planteamiento no necesitó una votación, pues todos estuvieron de acuerdo, con excepción de los magistrados de la Sala Constitucional, quienes se abstuvieron de decidir porque actualmente estudian seis recursos contra la reducción y aportes solidarios que se decretaron para las jubilaciones de exdiputados y exmiembros del Gobierno.

Entre los magistrados de la Sala, el único que manifestó su voto fue el presidente Ernesto Jinesta, quien respaldó la idea de Villanueva y reiteró que se abstendría de votar cualquier asunto relacionado a pensiones por haber emitido criterio previamente.

Jinesta varió así la enfática defensa previa de un tope alto para las jubilaciones que fue portada del diario La Nación solo seis días antes. El juez incluso había advertido que tendría una actitud “activa y combativa”.

Otros magistrados que intervinieron en la sesión fueron Iris Rocío Rojas, quien felicitó a Villanueva por la iniciativa, y el vicepresidente de Corte, José Manuel Arroyo, quien respaldó la propuesta pero recalcó que nunca ha sentido que le estén “regalando nada” o que estuviese haciendo “algo indebido”.

“Creo tener la autoridad de haber aportado durante estos 38 años entre un 9% y un 11% de mi salario conforme fue decidido en un principio, frente a otros regímenes que no pasan del 2% o 3% del aporte personal”, expresó.

También participó Julia Variela, con un criterio similar al de Arroyo, y Orlando Aguirre, quien apeló a que los cambios se hagan con “proporcionalidad y prudencia”.

Este mes, la Universidad de Costa Rica (UCR) entregará un estudio actuarial sobre el Fondo de Pensiones del Poder Judicial, el cual servirá en la discusión legislativa para decidir las reformas.



Distintas visiones

Los gremios y la Corte también han tenido diferencias en cuanto a la contribución solidaria para las pensiones que excedan el tope (puede ser porque fueron fijadas previamente). Para los gremios, debe ser de un hasta un 50% sobre el monto que se exceda, mientras que la Corte sostenía que ese aporte no puede ser superior al 20% y se debe tomar en cuenta el 11% que ya se aporta.

Otra divergencia se daba porque los gremios abogan por la creación de una Junta Administradora del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial, mientras la Corte pedía que la administración se mantuviera en manos del Consejo Superior.



Entrevista

Presidenta de Corte tuvo que defender propuesta en la que no creía

Zarela Villanueva Monge, Presidenta de la Corte
Zarela Villanueva Monge, Presidenta de la Corte

El pasado 18 de octubre, la presidenta de la Corte, Zarela Villanueva Monge, se presentó ante los diputados de la Comisión Especial de Pensiones de la Asamblea Legislativa para defender un tope a las jubilaciones del 75% del salario más alto que se paga en la institución (¢7,1 millones) y oponerse a la propuesta de los gremios de que se fije en 12 veces el salario más bajo (¢4,7 millones).

Ahí sostuvo que los empleados judiciales aportan a su Fondo de Pensiones hasta cinco veces más que miembros de otros regímenes como el de Invalidez, Vejez y Muerte.

Villanueva hizo su exposición con vehemencia pese a que, hace tres años, en la sesión de Corte Plena del 8 de julio del 2013, ella votó por impulsar la propuesta del tope más bajo. El único que la acompañó en esa posición fue el también magistrado de la Sala Segunda, Orlando Aguirre; sin embargo, este lunes, Aguirre dijo a UNIVERSIDAD que si la votación hubiese sido ahora, probablemente él tendría otro criterio.

En aquella ocasión, por aplicar como monto máximo a las jubilaciones el 75% del salario más alto de la institución votaron Luis Guillermo Rivas, Román Solís, Anabelle León, Carmenmaría Escoto, Rolando Vega, Eva Camacho, Jesús Ramírez, Carlos Chinchilla, Fernando Cruz y los suplentes  de apellidos Sanabria Rojas, Pacheco Salazar y Hernández Gutiérrez.

Mientras, José Manuel Arroyo, Ernesto Jinesta, Fernando Castillo, Paul Rueda y el suplente apellidado Guerrero Portilla respaldaron la idea de que el tope fuese el 75% del salario de cada servidor judicial.

El lunes, luego de que Villanueva impulsara que la Corte dejase la discusión sobre las jubilaciones en manos de la Asamblea Legislativa, UNIVERSIDAD le consultó sobre su actuación en este tema.

En el 2013, cuando la Corte discutía las reformas a la ley orgánica y se votó sobre el tope a las jubilaciones, los únicos dos votos que coincidían con la actual propuesta de los gremios fueron el suyo y el de don Orlando Aguirre. ¿Usted varió su criterio o siempre se inclinó por ese tope más bajo?

– Yo expresé en esa oportunidad que esa era mi opinión, pero la mayoría decidió otra cosa y hay una disposición legal que dice que yo debo representar a la Corte, entonces mi posición ha sido respetar lo que dijo la Corte y no insistir en mi propuesta. Ha sido mi trabajo tratar de lograr acuerdos, no ha sido posible, y por eso también ahora volvemos a la reflexión, al análisis y a la revisión de posiciones para que podamos llegar a algún consenso o que por lo menos se analizan los puntos que verdaderamente inciden en la sostenibilidad del fondo.

Tomando en cuenta su criterio como magistrada y no como presidenta de Corte, llama la atención que se haya inclinado por un tope más bajo. ¿Cuál fue el análisis que hizo sobre este asunto?

-Bueno, en ese momento estaba un informe actuarial del señor Melinsky que hacía una propuesta concreta, que fue la que acogió la mayoría, que era un 75% del salario más alto, pero también habían variado muchas circunstancias, el Poder Judicial no había crecido y eso disminuía el número de cotizantes. También las inversiones, la tasas de variación y estabilidad estaban afectando, el no crecimiento de intereses y la política que nosotros tenemos de un perfil conservador y sofisticado en el Fondo, nos hacen ver con reserva cualquier tema de aumento, por eso es que de una manera precavida consideré que ese debía ser el tope.

¿Esos factores siguen afectando de la misma forma al Fondo de Jubilaciones?

-Estamos esperando un estudio para ver cuál es la afectación y para que sea algo más real.

En el 2008, se decretó un aumento para el estrato gerencial. Algunos gremios han hecho ver que eso agrandó la brecha salarial dentro del Poder Judicial y que tuvo consecuencias en las pensiones. ¿La estructura salarial que tiene la institución está justificada o también debe ser revisada?

-Tiene usted razón en su pregunta, el tema del aumento gerencial estaba relacionado con una necesidad grande que tiene la institución de que la gente permanezca, que no se vaya, que los salarios sean en una mejor condición, en determinados puestos. Se considera que hay puestos que tiene una experticia, somos una institución muy diversa, tenemos policías, médicos, defensores y defensoras, tenemos fiscales en muy diversos puestos, en cada uno invertimos en capacitación y mantenerlos y mantenerlas es importante.

Pero la preocupación ha sido en el tema de los salarios más bajos, que sean competitivos también con el resto del sector público, sin embargo, me parece oportuno revisar, pero le digo, difícilmente podríamos salir y que la solución sea un aumento salarial, me parece muy difícil hablar hoy de aumento salarial. Entonces, diría yo, revisemos los porcentajes de contribución de acuerdo con las escalas salariales, entonces sería una buena manera de compensar, que coticen más los que más ganan.

Existen críticas en cuanto a que los empleados del Poder Judicial tengan salarios superiores al resto del sector público. ¿Cree usted que esté mal el resto del sector público o que tienen privilegios los funcionarios judiciales?

-No, yo le voy a decir una cosa, yo no participo en ninguna posición que desprestigie sin fundamento la función pública, respeto muchísimo a quien se dedica a la función pública, sea en la Asamblea Legislativa o en cualquier institución autónoma o en cualquier poder del Estado, yo parto del respeto y no podría estar nunca de acuerdo y en descalificar de manera general, ni tampoco en satanizar este tipo de situaciones.

Entonces, mi enfoque en este tema ha sido que nosotros tenemos que garantizar la evaluación, el rendimiento y la calidad del servicio; mejoremos esos tres factores, esa es la tarea del Estado. Si se pueden uniformar los salarios, creo que habría que hacerlo, siempre respetando todos los derechos adquiridos, y para eso necesitaríamos muchos años y entonces, en esos años nos vamos a pasar descalificando.

Mi posición es que podamos llegar en un tiempo a hablar dignamente de funcionariado que responda bien, que gane bien y que gane igual, pero primero que trabaje bien, que dé cuentas y que rinda.

Me parece que enfocar mi actividad en un periodo tan corto en luchar para disminuir derechos o para decir que ganen menos, no tiene sentido.

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