Altos niveles de discrecionalidad, jueces en condición de interinos por muchos años y una cuota de poder significativa en los altos mandos de la Corte Suprema de Justicia, son los mayores obstáculos en Costa Rica para que sus jueces sean independientes, a criterio del juez español Perfecto Andrés Ibáñez.
Ibáñez es magistrado emérito de la Sala Segunda (de lo Penal) del Tribunal Supremo de España, máster en argumentación jurídica y escribió varios libros sobre la independencia de la judicatura.
Por este último tema y sus múltiples escritos al respecto, participó el lunes anterior como panelista en el foro Independencia de la judicatura costarricense: propuestas de funcionamiento y organización del Poder Judicial, organizado por el Colegio de Abogados.
Ibáñez considera que la intervención política en los nombramientos de altos mandos siempre se dan, pero que los márgenes de discrecionalidad en Costa Rica son enormes.
El juez español habló con UNIVERSIDAD sobre la independencia judicial, los casos de otros países y las limitaciones al abuso de poder.
En Costa Rica, para aspirar a una plaza, los jueces llegan con una puntuación establecida por la judicatura, luego queda una terna final para que el Consejo Superior decida, pero no siempre gana el mejor calificado. ¿Es utópico eliminar la libre decisión de los miembros del Consejo y automatizar estos nombramientos?
-No conozco bien la política de nombramientos en Costa Rica, pero creo que hay márgenes enormes de discrecionalidad. En España, la inmensa mayoría de los puestos en la carrera judicial son fijos y estables. Se ganan por examen y antigüedad, de modo que ahí no cabe interferencia. Las interferencias que pueden ser interesadas empiezan con los nombramientos discrecionales, los de las presidencias y los del tribunal supremo, ahí sí interviene la política, a través de la participación de los partidos en el consejo judicial.
Usted habla del caso italiano como un modelo ejemplar. ¿En qué se diferencia?
-El sistema italiano se ha caracterizado por la abolición de la carrera. Los jueces solo se distinguen por el lugar que ocupan. Si quiero no me muevo de lugar, desde los 20 años. Voy mejorando de estipendio en función de la antigüedad.
Si yo quiero ir al tribunal de casación, tendré que pasar por un concurso, un examen de méritos, donde, naturalmente, como es una decisión discrecional, intervienen factores como la pertenencia a una determinada asociación, que si es mayoritaria en el Consejo, tendré más oportunidades de entrar al sistema.
Entonces, también es vulnerable a la intervención política.
-Sin embargo, es el sistema más limpio de los posibles. Es el que permite menores interferencias políticas y donde el capítulo de la discrecionalidad está bajo fuerte escrutinio. Los méritos tienen que ser evaluados y hay que justificar el porqué del nombramiento.
La independencia judicial y la justicia bien ejercida es casi el único remedio de poner coto a esas ilegalidades del poder que son masivas, no solo en Costa Rica.
La mayoría de los poderes de los países soportan muy mal la legalidad, por eso no quieren jueces demasiado profesionales, por eso quieren influenciar en la política de nombramientos. Si no hay jueces independientes, el Estado está perdido. No porque los jueces seamos el poder bueno, sino porque somos el poder otro, el poder distinto, el poder desde el derecho. Ese es un freno fundamental para las degradaciones de la política.
¿Y el otro freno?
-El otro sería que la gente elija bien. Si la gente no elige bien y el político es corrupto, tiene que haber un juez que persiga esa conducta. Con esto no se está evadiendo la política ni se está judicializando la política, es la propia política que se mete de cuatro patas en el juzgado.
¿Cómo se maneja la cuestión de los jueces interinos en España?
-El caso de un juez interino, estable, durante tantos años en esa condición de interino, allá es inconcebible. Puede haber una interinidad breve por la premura de cubrir un puesto, pero interinidades endémicas, no.
¿Cómo afecta esto a la independencia judicial?
-Un juez interino es un juez tocado en su independencia. Si puedes dejar de ser juez, si pueden cambiarte de sitio porque no tienes inamovilidad, no eres independiente. Una Corte Suprema que tiene los poderes que tiene la costarricense, es un obstáculo grave para la independencia judicial.
La reforma en Italia es revolucionaria porque entre los jueces no hay situaciones de poder, todos los jueces son iguales y se diferencian solo por el lugar en el que ejercen. No tienen un superior jerárquico a quien mirar para poner una sentencia. La sentencia no la verán superiores, esto es fundamental.
La idea de la carrera judicial es un peligro. Estos peligros están presentes en Costa Rica de manera aparatosa.
Usted habla de Italia como un ejemplo en Europa. ¿Cómo es un fiscal independiente en Italia?
-Un fiscal independiente se caracteriza, en el caso italiano, porque tiene un estatuto similar al de un magistrado, es autónomo en sus decisiones y está sometido únicamente a la ley, no tiene un superior que le diga qué hacer. No existe fiscal general en Italia. El problema de una fiscalía desjerarquizada es que muchas veces hay que perseguir acciones que exigen unidad de actuación. Los italianos han buscado algunas formas para evitar caer en una anarquía.
Lo que no hay es una fiscalía organizada de forma vertical, con un jefe en la cima, nombrado por el gobierno, que diga a cada fiscal lo que tiene que hacer. Es una organización mucho más horizontal, donde los fiscales, que no se distinguen de los jueces, tienen un ámbito de independencia grande para sujetarse a la legalidad.
Generalmente se habla de la corrupción en la política, pero hay indicios de que la lupa debe acercarse también al Poder Judicial.
-Corrupción la hay en todos los sistemas de justicia. El poder tiene esos riesgos siempre. Los índices de corrupción en la justicia no tienen nada que ver con los de la política, son casos aislados, pero estadísticamente no tienen nada que ver con la política. En estos países casi no hay corrupción, son casos contados con la mano.
En todos estos países ha habido mucha corrupción en la política. Siendo esto cierto, la verdad es que al final, el único freno posible es la justicia.
Los parlamentos no han controlado a los gobiernos. Es al revés, los gobiernos dirigen la acción parlamentaria. Los partidos miran a otro lado, porque son instituciones oligárquicas que se nutren de dinero ilegal en una gran medida.
¿Por qué hay tanto hermetismo en lo que respecta a la información del Poder Judicial?
-La justicia tiene un problema en el mundo de la opinión. Siempre tiene algo de oscuro, de difícil y técnico, de manera que la gente de a pie no se entera de muchas cosas. Se debe crear cultura de un poder que es esencial y fundamental para la calidad de vida civil en un país. Costa Rica necesita un apoyo enorme en la prensa para que este tema se mantenga en la mente de todo el mundo.
En el caso de los diputados es más fácil saber en dónde se ubican ideológicamente porque lo dicen todo el tiempo, a diferencia de los jueces. ¿Debería la ciudadanía estar al tanto de sus creencias e ideologías?
-En el caso del juez normal, en principio, el perfil no interesa particularmente. Las personas deben y tienen derecho a saber de qué pie cojea cada juez. Tampoco se puede pedir que los jueces hagan un striptease, pero esto debe producirse con cierta normalidad. Es justo que la gente sepa quién la juzga. Ahora, a los jueces se les va conociendo a lo largo de su profesión por las sentencias que hacen y por las actitudes que mantienen.
