“En ningún momento han existido de mi parte actos de hostigamiento, intimidación o interferencia que se llevaron a cabo en su contra afectando con ello la independencia del Ministerio Público”, asevera el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, en un documento que envió al Relator de Naciones Unidas sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados.
La misiva de Cruz es una respuesta al documento que la ex fiscala general Emilia Navas envió al relator Diego García-Sayán desde el 6 de agosto, en la que plasmó denuncias que ya había externado ante medios de comunicación, según las cuales dijo haber sido víctima de “represalias”, “sanciones encubiertas” y “persecución penal” por parte de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia.
En este nuevo documento, fechado el 8 de setiembre, Cruz subrayó que Navas no aportó pruebas que sustenten “una afirmación tan grave, pues no se indica cuáles fueron los actos realizados, en qué consistieron, quién los realizó, así como la fecha en que se llevaron a cabo, motivo por el cual no se puede comprobar la existencia de una amenaza real y evidente en contra de la exfiscala General de la República”.
Cabe recordar que Navas en su documento al Relator detalló que la Corte Plena solicitó un estudio sobre su rendición final de labores a la Auditoría del Poder Judicial, la cual se consideró que fue “incompleta y que carecía de los elementos que la normativa exige en su contenido”.
También apuntó que la decisión de Corte Plena de solicitar a la misma Auditoría un “estudio previo para la determinación y cuantificación de los posibles daños ocasionados, con motivo del cese del cargo de Fiscala General de la República”, así como poner en conocimiento de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción y a la Contraloría General de la República (CGR) ese último informe de labores.
Para Navas, ello constituyó una serie de acciones “dirigidas a hostigar, sancionar, interferir e intimidar a cualquier Fiscal o Fiscala del Ministerio Público, y no sólo a su jefatura”.
También reiteró al denuncia de una supuesta llamada que según ha dicho le hizo Cruz el 25 de junio, para presionarla para dejar el cargo.
Salida de Navas
En el documento enviado a García-Sayán, Cruz recuerda que Navas aseveró en su denuncia que “ninguna acción de hostigamiento, intimidación o interferencia cobró tanta fuerza como lo fue a partir del así llamado a nivel de la policía judicial caso cochinilla”, que reventó en la opinión pública el 14 de junio.
Al respecto, el Magistrado además de negar tal acusación en los términos ya citados, observó que el 17 de junio Navas en conferencia de prensa rechazó la idea de dejar el cargo a raíz de la creciente presión porque su esposo es abogado defensor de uno de los acusados y por ello se inhibió de conocer el caso, tal como lo había hecho con otros.
Anotó que es “fundamental” analizar la “incongruencia de que se denuncian presiones en casos de corrupción en los que la exfiscala general de la República no podía intervenir al encontrarse inhibida”.
Cruz destacó también que ya desde el 26 de mayo, “antes de que saliera a la luz el caso cochinilla, la señora Navas Aparicio presentó solicitud para que se le reconociera su derecho a la jubilación”.
Así, el magistrado a lo largo del documento de 25 páginas, insiste en ofrecer una línea tiempo del trámite de la jubilación de Navas y la presentación de su informe de labores.
Detalla que el 21 de junio la Junta Administradora del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial, aprobó el derecho de jubilación de Navas a partir del 25 de agosto y ella así lo comunicó a la Secretaría General de la Corte el 24 de junio.
Sin embargo, el domingo 27 de junio Navas comunicó a la misma Secretaría el adelanto de la fecha de su jubilación al 29 de junio.
“Lo expuesto evidencia que la decisión de acelerar su proceso de jubilación fue estrictamente personal, probablemente adoptada en el contexto de la presión de la opinión pública, porque se separó del caso en cuestión por el conflicto de intereses que surgió en el ámbito de su vida privada”, apuntó el Magistrado.
De acuerdo con Cruz, el lunes 28 a las 6 p.m. mediante un correo electrónico Navas envió su informe de labores.
El 5 de julio la Corte Plena acordó enviar el informe a esa misma Auditoría Judicial, una decisión que “no es arbitraria, ni mucho menos puede ser considerada como una sanción encubierta, pues es una actuación justificada en nuestro ordenamiento jurídico y constitucional”.
El 12 de julio Corte Plena conoció oficio de la Auditoría sobre informe de Navas, el cual señaló que “carece de los elementos mínimos necesarios exigidos por la normativa”. Entonces se acordó trasladarlo a la Contraloría General de la República, como también solicitar a la Auditoría Judicial que realizara un estudio para cuantificar los posibles daños ocasionados, con motivo del cese del cargo de Navas. También se acordó enviarlo al Ministerio Público.
Llamada fantasma
Respecto a la aseveración de Navas de que Cruz la llamó el 25 de junio -ya con la jubilación de la exfiscala aprobada- para presionarla para que dejara el puesto, el Magistrado señaló: “desmiento categóricamente que como Preidente de la Corte Suprema de Justicia, haya llamado telefónicamente el 25 de junio de 2021 a la Sra. Navas Aparicio, para presionarla a que dejara el cargo de forma inmediata”.
“Esa supuesta llamada no existió de mi parte, en absoluto, porque la decisión de acogerse a su derecho a la jubilación y de acelerarlo es muy personal y en ello no tuve ninguna injerencia”, insistió.
Cruz además aportó una certificación notarial de que no existe prueba de tal llamada a través de Whatsapp el 25 de junio, así como el registro oficial de Kölbi de que entre el 8 de junio y el 7 de julio no existen llamadas salientes de su celular al número de Navas.
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