Las magistradas Roxana Chacón, integrante de la Sala Segunda e Iris Rocío Rojas, de la Sala Primera, pidieron al fiscal general interino Warner Molina priorizar los casos rezagados en la Fiscalía, especialmente los “grandes, sobre los que el país lleva años esperando resolución”.
El pasado lunes 17 de enero la Corte Plena recibió al Molina para escuchar y aprobar las metas propuestas por el jerarca y un breve informe de cumplimiento. En la propuesta del fiscal, sin embargo, no había ninguna meta relacionada con la reducción de los pendientes acumulados.
Tras la exposición de Molina, Chacón tomó la palabra e increpó al fiscal, explicándole que desde que la anterior fiscala, Emilia Navas, asumió el cargo, existió un compromiso de revisar el estado de las fiscalías, de la cantidad de casos pendientes y las razones de los atrasos, y la consecuente entrega de un informe a la Corte Plena.
En ese momento, explicó Chacón, las personas magistradas consultaron a la fiscala sobre varios procesos pendientes “muy sonados”, que incluso en la actualidad no han entrado en proceso de jucio. “Ella dijo que en cuatro meses esos temas iban a juicio y aquí seguimos pendientes de saber qué pasó”.
“Yo se que su nombramiento es de transición y que es un cargo difícil, pero creo necesario que se emita un informe el estado de las fiscalías y saber cuáles procesos están acumulados”, dijo Chacón y recordó a Molina que a mediados de año cumplirá un año en el cargo, reclamando que en ese tiempo no se planteara siquiera una meta de aclarar los atrasos.
“La opinion pública viene preguntando hace años”, insistió la magistrada, “esas metas tienen que ampliarse con unas más concretas para que el país sepa cual es el estado de la fiscalía, el país entero necesita un informe de fondo”.
Molina por su parte indicó que él asumió el cargo “de manera sorpresiva” y que no conoció la gestión que llevaba la anterior fiscala general. “Yo no recibí ningún informe de ella, ni fui informado del estado de la fiscalía o el Ministerio Público”, reconoció.
No obstante, el jerarca indicó que por su propia cuenta se revisaron los principales asuntos, de los cuales algunos se han resuelto y otros “están varados porque están pendientes informes del OIJ”.
“Tenemos un gran retraso pues parte de la prueba es lo que conocemos como prueba tecnológica, que implica apertura de teléfonos y dispositivos, la seccion del OIJ que se encarga de eso tiene un retraso de dos años. El fiscal adjunto de cibercrimen me informó que hay unos 6000 asuntos atrasados por prueba técnica que está en proceso de apertura y revisión por parte de esa división”, explicó.
Además, el fiscal detalló que a su llegada al cargo había un rezago general de unos 10000 asuntos y un rezago “priorizado” que rondaba los 8000, pero dijo que cerca de 5000 de estos casos atrasados ya se han resuelto.
Tras el intercambio, la Corte sometió a votación lasmetas propuestas por Molina y fue entonces que la magistrada Rojas intervino, señalando que también consideraba que “el país espera más del rezago fiscal, más de la fiscalia y no encuentro que esas metas impliquen verdadero compromiso hacia la disminución de mora”.
Según Rojas, a la propuesta no parecía completa, siendo que la evaluación de desempeño de Molina se realizaría en el futuro a la luz de esas metas fijadas, que consideró insuficientes.
Sin intervenciones adicionales, la propuesta de metas (que no oncluyó el tema del rezago fiscal) fue aprobada con 18 votos a favor y 3 en contra.
