Ni la Ministra de Agricultura y Ganadería, Laura Bonilla, ni el viceministro de Técnico de Agricultura y Ganadería, Edgar Mata aclararon el sustento técnico por el cual el MAG solicitó al Ministerio de Comercio Exterior (Comex) reducir el arancel de importación de arroz de 36% a 4,5% para arroz en granza y de 36% a 5% para arroz pilado con el objetivo de reducir el precio del arroz al consumidor.
Las preguntas acerca de la Ruta del Arroz, impulsada por el Gobierno para bajar el precio del arroz al consumidor, fueron planteadas durante el Foro “Conversando sobre seguridad alimentaria, construyendo juntos la ruta arrocera nacional”, en la Asamblea Legislativa.
El mismo fue organizado por la Fundación Konrad Adenauer, el Colegio de Ingenieros Agrónomos y la Oficina de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa.
A la ministra Bonilla se le preguntó hoy en el foro: “¿Usted puede explicarnos cuál es la base técnica para la definición de esta propuesta?” de reducir el arancel de importación al arroz.
“Quisiera comentarles que no soy técnica, soy productora igual que ustedes. Dejé al señor Edgar Mata, que es técnico en el tema, como viceministro, sabiendo que venía este tema y por supuesto que teníamos que enfrentarlo”. Posteriormente Bonilla pidió al viceministro Técnico de Agricultura y Ganadería, Edgar Mata, que respondiera la pregunta.
Mata señaló: “El objetivo de la Ruta del Arroz es la búsqueda del bienestar de los consumidores y el apoyo a los productores. El arancel fue calculado con base en un monto de ayuda a los productores, que está en el proyecto de ley”.
“Es decir, con lo que se recaude de los aranceles, se dispone de un monto por contribuir, según una escala que ustedes pueden ver en el proyecto de ley. Entonces el arancel, tanto para el arroz granza como para el arroz pilado, constituye el fondo a distribuir entre los productores de menos de 100 hectáreas y la ayuda por una única vez”, respondió Mata.
Sin embargo, ni Bonilla ni Mata explicaron el argumento técnico que justificaba que la reducción de aranceles a la importación era necesaria para bajar el precio del arroz al consumidor, como lo anuncia la Ruta del Arroz.
El pasado 6 de julio se publicó en La Gaceta el anteproyecto de Decreto Ejecutivo intitulado “Modificación de los Derechos Arancelarios a la Importación del Arroz en Granza y Pilado”. Este es parte de la llamada Ruta del Arroz anunciada por el Gobierno. El decreto reduciría el arancel que pagan los importadores de arroz, de 36% a 4,5% para arroz en granza (sin procesar) y de 36% a 5% para arroz pilado (listo para ser vendido y consumido).
Fue la ministra Laura Bonilla quien solicitó reducir el arancel de importación del arroz, como consta en una carta enviada ese mismo 6 de julio por Bonilla al ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar.
Según se lee en el oficio DM-MAG-784-2022, “se considera que los derechos arancelarios a la importación del arroz deben tener un tratamiento de progresividad, esto significa establecer un arancel menor para la materia prima (arroz en granza)”.
El documento argumenta que “en la actualidad se estima que, aproximadamente el 60% del consumo nacional se abastece de arroz importado y el otro 40% es de origen nacional, por consiguiente, la progresividad en el arancel permite diferenciación en el tipo de producto, propicia menores costos en el proceso de industrialización, lo cual se debe traducir en precios asequibles hacia el consumidor final”.
Y posteriormente recomienda: “Por consiguiente, este Ministerio recomienda establecer un derecho arancelario a la importación (DAI) de un 3,5% más el 1% de la Ley 6946 al arroz en granza, así como un DAI de un 4,0% (más el 1% de la Ley 6946) al arroz pilado”.
“Este arancel permitirá contar con recursos por un monto aproximado de 2.800 millones de colones, para brindar a las personas productoras una compensación monetaria equivalente a un 40% del costo del paquete tecnológico (de un productor de menos de 10 hectáreas), para contribuir con su proceso de transformación productiva. Este beneficio se otorgará únicamente a las personas productoras que decidan cambiar a un cultivo con ventaja comparativa, factor indispensable en un mercado en competencia”, agrega la carta.
