El presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Román Macaya, defendió este jueves los acuerdos suscritos en febrero y agosto con los sindicatos del sector Salud, ante los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa.
Según Macaya, el acuerdo del 20 de febrero que mantenía el pago de salarios e incentivos según el porcentaje establecido para cada puesto, se suscribió dentro del marco de legalidad que existía; no obstante, los decretos fueron cambiando las reglas y así fue como se empezó complicar la paz laboral con los sindicatos.
Hasta el momento se han emitido cuatro decretos en los meses de febrero, mayo, julio y agosto. «Esto ha sido un entorno regulatorio y en evolución», destacó.
Macaya agregó que a la Caja le corresponde aplicar la ley y sus reglamentos y que no le toca calificarlos o criticarlos.
El pasado 28 de mayo, el Poder Ejecutivo aprobó un decreto que estableció nuevas disposiciones en lo referente al incentivo de anualidad y la conversión de incentivos a montos nominales fijos, tanto los ya recibidos previo a la vigencia de la citada Ley como los que se adquieran posterior a su vigencia.
Esto quiere decir que la ley se aplicaría de forma retroactiva y los trabajadores verían disminuidos los montos de sus anualidades acumuladas hasta el momento.
Esto generó el descontento del sector sindical que protagonizó una huelga de ocho días en los servicios de salud, lo que llevó a la Caja a tomar otro acuerdo con tal de finalizar las protestas.
Por esta razón, las autoridades de la Caja, los ministros de la Presidencia y Trabajo y los sindicatos, acordaron mantener vigente el acuerdo de febrero mientras los Tribunales resolvían el conflicto en torno al cálculo de los incentivos y anualidades de los trabajadores.
“Cuando llegamos a huelga había que ponerle fin de forma legal y razonable. En eso se suscribió el acuerdo del 12 de agosto», mencionó.
Macaya dijo que le informó al presidente de la República, Carlos Alvarado, sobre las negociaciones pero no sobre los detalles. Además admitió que no lo hizo con la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar.
Según datos de la Caja, la huelga de agosto dejó a su paso 83 mil citas de consulta general perdidas y alrededor de 1.700 cirugías sin realizar y 13.602 procedimientos sin realizar.
«El año pasado huelga generó una pérdida de 13. 188 millones de colones y sólo está en una semana 7. 399 millones. Más de la mitad del costo de pérdida en una semana. No era tanto cuántos estaban sino quienes estaban como especialistas y enfermeros. Empezaba a tener matiz de 1982», mencionó Macaya.
La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Yorleny León, concluyó que los sindicatos de la Caja tienen secuestrada la institución y que ahora más que nunca es necesario el proyecto que permite regular huelgas.
“Usted ha tenido que asumir costo público. Se reafirma importancia de proyecto de regulación de huelgas. Si hay alguna institución para la que es importante el proyecto es para la Caja», aseguró la legisladora.
El pasado 5 de setiembre la Contraloría General de la República ordenó a la Caja apegarse a la reforma fiscal y anular los acuerdos establecidos con los sindicatos, en febrero y agosto pasado, relacionados con anualidades y pluses salariales.
Ante tal situación, la Junta Directiva de la Caja señaló que acatará todas las órdenes emitidas por la Contraloría.
