En entrevista con UNIVERSIDAD, el Ministro de Salud, Fernando Llorca, abordó las críticas surgidas al interior de esa entidad debido a una nueva reestructuración interna; afirma que la reglamentación para proceder con un aborto terapéutico quedará lista bajo su gestión; y explica por qué ese ministerio no puede actuar para bajar los precios de los medicamentos.
Personal del Ministerio de Salud ha expresado que existe una crisis en esta entidad debido a que no ejerce la rectoría que le corresponde en materia de salud pública. ¿Qué dice usted al respecto?
-Estas aseveraciones son reales. El ejercicio de la rectoría no es pleno. Y hablamos de una rectoría en salud, nutrición y deporte, como está contemplado en el decreto de sectorización del Gobierno y que es impulsado por Mideplán.
Inmediatamente, la Dra. María Elena López (Ministra que antecedió a Llorca) se aboca a efectuar una evaluación de las funciones esenciales de salud pública, que están tipificadas por la Organización Panamericana de la Salud, y que explican la forma como se debe ejercer la rectoría en distintos campos. Era la segunda vez que se efectuaba una evaluación de esta naturaleza en Costa Rica y lo importante es que se detectan grandes falencias. Por ejemplo, una ausencia del buen ejercicio de la rectoría en promoción de la salud; limitaciones enormes en el desarrollo de políticas de salud; en la calidad de los servicios que reciben los y las costarricenses. Y, la más grave de todas, donde salimos muy, muy mal como país, fue la gestión integral del recurso humano de salud.
¿A qué atribuye usted esas falencias y ese vacío en la rectoría?
-Son problemas históricos que se han venido arrastrando. Hay que mejorar el sistema. El ejemplo más conocido es que la planificación del recurso humano en salud, en nuestro país, se efectúa a nivel institucional, si acaso, pero no existe una visión nacional. Por lo tanto, tenemos serios problemas en la cantidad de profesionales en salud que requiere el país. Incluso, ahora hay alguna evidencia de la calidad de dichos profesionales y también hay profesiones o especialidades cuya formación no se planifica. Tenemos falencias enormes. Y me atrevería a decir que uno de los problemas más serios es la ausencia de una adecuada articulación entre las distintas instituciones para conseguir esta finalidad.
Entonces, uno de los problemas más serios es la planificación en general. Cuando nosotros llegamos, la planificación se encontraba en serios problemas, había dos planificaciones dentro del Ministerio. Una estrictamente institucional y una de carácter intersectorial, desvinculada de la primera. Por ejemplo, la Caja planifica los especialistas que requiere, pero resulta que, cuando se gradúan, instituciones del propio sector público -como el INS- se los llevan, e inclusive el sector privado también hace uso de ese recurso que ha sido formado por la Caja y por la Universidad de Costa Rica. Entonces, cuando usted planifica a nivel institucional pensando en situaciones muy encasilladoras, perdemos de vista la gran planificación nacional.
Lo cierto es que no se percibe dirección del Ministerio de Salud.
-Exactamente. Yo he hablado, no de ausencia de rectoría, sino de ausencia de Ministerio en algunos campos. Un ejemplo dramático es el hecho de que hubo tráfico y venta de órganos. Y eso no es más que una ausencia de Ministerio, no ya de rectoría. Cuando usted le pregunta a un director de un hospital privado qué pasó con esa venta del órgano que se trasplantó en su centro y él dice que solo alquila la sala de operaciones y que no sabe lo que pasa allí dentro, eso es ausencia total de reglas claras puestas por el Ministerio de Salud. Ese es un tema al que nos abocamos al principio. Se había aprobado una ley para regular esto; nosotros la reglamentamos y lo hemos ordenado. Ahora sí hay rectoría y una presencia del Ministerio en todas las etapas. Hay un programa único, nacional, de trasplantes. Si aparece un órgano en el Hospital México, puede ser utilizado en el Cima. O si aparece un órgano en la Clínica Bíblica, puede ser utilizado en el Hospital México, porque existe una lista única de candidatos. Por primera vez en la historia quien lleva todo eso es el Ministerio de Salud.
A las personas que han señalado las falencias en el ejercicio de la rectoría, yo tengo que decirles que tienen razón. Nosotros también nos las encontramos cuando llegamos y por eso hemos propuesto una serie de cambios que consideramos están en la dirección adecuada.
Ha sido notoria la ausencia del Ministerio de Salud en cuanto a los casos recientes de niñas violadas y embarazadas por sus padres. Existe la figura legal del aborto terapéutico; existe el deber del Estado de resguardar el interés superior de la persona menor de edad, en este caso de las niñas; se sabe que queda a criterio de la objeción de conciencia de ciertos médicos el practicar o no abortos, pues ese procedimiento no está reglamentado de modo que no quede en manos de las creencias personales de los médicos. ¿Qué dice el Ministerio cuando, coaccionadas por la creencia personal religiosa de sus madres, las niñas repiten lo que estas dicen, pero sabemos que su futuro va a quedar completamente condicionado por estas maternidades producto de violaciones?
-Lo primero que hay que decir es que esa es una situación absoluta y completamente condenable. El Ejecutivo ha sido claro en manifestar que allí se han cometido actos absolutamente ilegales, tipificados en nuestro marco jurídico. Pero, al mismo tiempo, la convergencia de rectorías en esa materia, están tipificadísimas: los procesos legales escapan de la competencia del Ministerio de Salud; el PANI es claramente el ente rector en materia de la niñez y ya se han pronunciado sobre este caso. Las víctimas del problema, los padres, tienen su opinión y tienen derecho a manifestarla, y también hay ejercicios de patria potestad. Sin entrar aquí a valorar creencias de fe religiosas sobre cualquier naturaleza, el Estado tiene la obligación de respetarlas.
Definitivamente que la salud de las personas se puede ver afectada en este proceso y allí es donde puede entrar el Ministerio de Salud cuando se demuestre esto. La Caja monitorea esto, y en el momento en que se demuestre que hay riesgos, habrá que establecer esas líneas de acción dentro de lo que nos permita la legalidad.
Es cierto que existe el artículo 121 del Código Penal que exime de culpa a dos tipos de profesionales que ejecuten lo que, de otro modo, es un procedimiento que está tipificado como delito. Pero también es cierto que esto no está debidamente reglamentado en nuestro país, y nos encontramos en el proceso de normar dicho proceso, pero todavía no ha terminado.
¿Pero se hará la norma bajo su gestión?
-Sí. Inclusive hay procesos internacionales, de carácter legal, y hay tiempos y plazos que debemos cumplir y se están cumpliendo.
Otro tema importante es el precio de los medicamentos. El Ministerio de Economía (MEIC) debe decidir si autoriza una nueva concentración de ese mercado, mediante la compra de farmacias La Bomba por farmacias Fischel, a pesar de que un diagnóstico realizado por el MEIC reconoce que no se sabe cuál es el poder de mercado que tiene cada actor, aunque sí han identificado los factores que encarecen los precios de las medicinas. A pesar de esto, el MEIC nunca ha impedido una concentración. ¿Qué dice el Ministerio de Salud al respecto?
-Este es un tema fundamental. Lo primero que le preocupa al Ministerio de Salud es el acceso y calidad de los servicios en general, incluido el acceso a los medicamentos que recibe la población. Tenemos un servicio público que cubre los medicamentos a la grandísima mayoría de la población. Podemos hablar de cobertura universal. En una segunda línea, nos interesa la calidad de esos productos y hemos estado presionando en cuanto al registro de los que se distribuyen en todo el país y también directamente con la Caja, para que sus propios laboratorios efectúen este monitoreo. En el sector privado también hay lotes que se evalúan mediante un convenio con la Universidad de Costa Rica y se monitorea su calidad constantemente.
Pero la rectoría en materia comercial, de precios, de monopolios, de oligopolios la ejerce el MEIC y es el MEIC quien está atendiendo este caso.
Pero uno de los factores que ellos identifican influyendo en encarecer los precios de las medicinas son las autorizaciones que da el Ministerio de Salud a las droguerías para importar directamente de los laboratorios.
-Lo que le puedo asegurar es que las autorizaciones que se dan son de carácter sanitario. Para garantizar la calidad de los medicamentos tiene que mantenerse, por ejemplo, una cadena de frío; condiciones de almacenamiento que deben ser contempladas. Esas autorizaciones son de carácter muy sanitario, no tienen que ver con el impacto económico.
¿El MEIC consulta con ustedes en casos como el de la concentración solicitada?
-Una de las cosas que estamos mejorando es la relación que tenemos con el MEIC en todas estas materias, porque históricamente han existido grandes vacíos. Y le voy a decir que, cuando nosotros llegamos, detectamos un intenso vacío en adecuada supervisión y control. Hay tráfico de medicamentos que se pasan por la frontera en condiciones insalubres. Esa es la realidad. En esta administración hemos realizado una cantidad de operativos históricos, conjuntamente con el MEIC, por ejemplo, incautación de medicinas que no están garantizadas, en el Barrio Chino; el etiquetado es competencia del MEIC, pero nosotros tenemos mucho qué decir. En temas de precio y de comercialización, no.
Se dice, por ejemplo, que la Dra. López renunció después de las presiones que ejercieron grupos de interés cuando el Ministerio intentó ejercer la rectoría y no dio la autorización sanitaria para las fiestas de Puntarenas. En otro momento hubo un conflicto ante el ejercicio de la rectoría que hizo el Ministerio frente a la empresa GNC. ¿Ha sentido usted la presión de grupos de interés?
-Yo siento presión todos los días, de toda naturaleza y origen. Desde otorgar una entrevista hasta distintos grupos dentro del propio Ministerio, que tienen sus intereses. Este es un Ministerio que tiene una capacidad de compromiso todavía rescatable por parte de los funcionarios, donde hay gente realmente comprometida con su tema. Y, sí, esos grupos también ejercen presión. Es natural que haya presión. Yo recibo también presión externa al Ministerio, de entidades del sector, de universidades, colegios profesionales, de instituciones como la Caja, el INS y también del sector privado. Hemos recibido una intensa presión de las cámaras para mejorar los tiempos de registro. Esto implica un montón de cosas, porque si ellos no pueden registrar sus productos, no los pueden comercializar. Es natural que exista esa presión.
Yo también he recibido presión de grupos de productores de queso Turrialba. No de las marcas de queso, sino de la región, que les encantaría tener una denominación de origen. En Costa Rica no se han dado esas denominaciones de origen porque en el momento que ellos la tengan, el resto de la industria no puede usar el nombre de Turrialba cuando produzcan el queso en Guanacaste, por ejemplo. Entonces, presiones yo recibo todos los días.
Me interesa aclarar que la Dra. López renuncia por razones personales. Ella lo manifestó así. Por supuesto que hubo situaciones vinculadas a situaciones difíciles, que nosotros las mantenemos y se producen todos los días. Uno de los temas más serios y donde hemos tenido que efectuar grandes cambios es en la forma en que se ejerce esa rectoría en eventos masivos. No solamente en las fiestas de Santa Cruz, que son culturalmente especiales, sino en eventos masivos como los de Zapote, los desfiles, los domingos familiares sin humo, carreras en las que han fallecido personas y no ha habido la suficiente asistencia que se requería. Quiero decir que los vacíos de ejercicio de rectoría son enormes.
En la gestión de María Luisa Ávila se hizo una reorganización del Ministerio que costó más de ¢900 millones. Bajo las siguientes administraciones, e incluso ahora, se hacen más cambios. ¿No sirvió aquella costosa reestructuración? ¿Cuál es el sentido de los cambios que se hacen ahora?
-Efectivamente, en esa oportunidad fue una contratación externa que tuvo un costo. No voy a entrar a valorar si fue alto o bajo, si fue correcto o no. Hubo un gran cuestionamiento entonces y, al ser un proceso externo, no necesariamente se participó a todo el mundo y hubo algún malestar en algunos sectores. Luego, la doctora Daisy Corrales (Ministra de Salud de la administración Chinchilla 2010-2014) identificó algunas oportunidades de mejora en ese proceso y las empezó a implementar. Un ejemplo es que no se habían tomado en cuenta las implicaciones que tiene la rectoría del Ministerio para la salud ambiental humana. Entonces, todo el manejo de la basura, no se contempló. La Dra. Corrales comenzó a rescatar la Dirección de Ambiente Humano. Y el Ministerio de Salud da permisos para plantas de tratamiento de agua; tiene que ver con la contaminación no solo de fluidos, sino de gases. La Dra. López lo intensificó y una Dirección que hace unos años tenía un funcionario, hoy tiene unas dos decenas. Y en los últimos dos años se han aprobado 29 reglamentos sobre manejo de residuos, reciclaje y otros. Todo ese trabajo no se contempló adecuadamente en aquella reestructuración.
Los esfuerzos que inició la Dra. López son los mismos que nosotros estamos terminando. Pero si lo hacemos, es por el mismo origen y justificación. Había aspectos muy pobremente abordados. Si este país no mejora la promoción de la salud, no habrá sistema de salud que soporte la administración de recursos necesarios para apaciguar el abordaje de la enfermedad. Debemos trabajar en la promoción y en la prevención. Ese es un giro que se está dando. Promoción de la salud no es hacer campañas por televisión. Hay una verdadera estrategia de cambio en distintos niveles para lograrlo de manera muy responsable. La fase en la que estamos no ha costado un cinco adicional y todos han participado en el proceso. Muchos no están de acuerdo con lo que se está haciendo. Pero, hasta en el sector privado hay resistencia y oposición al cambio.
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Yo recibo también presión externa al Ministerio, de entidades del sector, de universidades, colegios profesionales, de instituciones como la Caja, el INS y también del sector privado”.
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