Los últimos cambios de la reforma fiscal: destinos específicos no podrán financiarse con deuda

Presupuestos de instituciones como el PANI o el recinto de la UCR en Paraíso dependerán de los recursos disponibles y se repartirán según sus niveles de ejecución, si la deuda del país supera el 50% del PIB (como sucede actualmente).

Una nueva modificación al plan fiscal realizada a través de una moción de la diputada Silvia Hernández, del Partido Liberación Nacional (PLN), le permitirá al Estado evitar endeudarse para cumplir con las obligaciones presupuestarias establecidas por leyes específicas, como los montos que debe asignar al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) o al Recinto de Paraíso de la Universidad de Costa Rica (UCR).

La propuesta aprobada con el apoyo de las fracciones del PLN, el Partido Acción Ciudadana (PAC) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) establece que si la deuda del Gobierno supera el 50% del Producto Interno Bruto (PIB), Hacienda podrá “presupuestar y girar los destinos específicos legales considerando la disponibilidad de ingresos corrientes, los niveles de ejecución presupuestaria y de superávit libre de las entidades”, algo que deja por fuera la posibilidad de contraer deuda.

En la última versión del proyecto, la única restricción era considerar “la disponibilidad de recursos sanos y suficientes del Gobierno”, una frase que según la verdiblanca era muy amplia y se prestaba para confusiones, como la posibilidad de seguir adquiriendo opciones crediticias que en nada ayudarían a sanear las finanzas estatales.

Al respecto, la verdiblanca señaló que la restricción será únicamente para esas obligaciones legales creadas por los diputados sin un financiamiento propio, de modo que se seguirían cumpliendo los destinos constitucionales, como el 8% para la educación pública.

En esa línea, afirmó que la intención es poner orden sin pensar en instituciones con “nombre y apellido” específicamente, sino para estabilizar una situación financiera que no ayuda al Estado a seguir cumpliendo con sus obligaciones aunque quiera.

“Esto no es para una institución con nombre y apellido, esto es porque si ya usted superó ese nivel de endeudamiento, ¿cómo podemos pedirle al Estado que siga cumpliendo obligaciones legales usando la tarjeta de crédito? Es un asunto de solvencia”, puntualizó la liberacionista.

Además de esta modificación, los mismos congresistas aprobaron otra propuesta de Hernández, la cual simplemente modifica los procedimientos de elaboración y ejecución presupuestaria, de modo que se responsabilice al Presidente de la República de “conocer, saber y autorizar toda la ejecución presupuestaria”; al tiempo que se establezcan los criterios para asignar recursos a los órganos desconcentrados.

“En el texto estaba quedando que usted le va a asignar esos recursos mediante criterios de oportunidad y conveniencia, y eso es muy ambiguo, entonces establecimos que sean criterios de suficiencia fiscal, el respeto de los derechos fundamentales, como salud y educación, y siguiendo las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y del crecimiento que debería o no tener… Son criterios más oportunos”, aclaró.

Evaluaciones

Las mociones de Hernández fueron el grueso de los cambios aprobados por los diputados a la reforma fiscal en la sesión de este jueves; sin embargo, también se  tocó el tema de las evaluaciones de desempeño en el sector público para girar el incentivo de las anualidades.

Los diputados votaron a favor un cambio propuesto por la diputada oficialista Laura Guido, del Partido Acción Ciudadana (PAC), quien quiso afinar la redacción en ese aspecto específico.

En el texto anterior, los empleados de las municipalidades quedaban bajo los lineamientos de la Dirección General del Servicio Civil y el Ministerio de Planificación Nacional; en cambio, ahora se eliminó esa sujeción porque habría significado una intromisión sobre la autonomía de las municipalidades.

“Dado que hay un grado de autonomía, era necesario resolver esta intromisión”, dijo Guido en la sesión del Plenario legislativo de este jueves, en la que se espera que concluya la redacción final del texto que incluso podría aprobarse este viernes.

Cesantía y dedicación exclusiva

Por otra parte, los diputados rechazaron varias mociones de José María Villalta, del Frente Amplio, que pretendían subir los porcentajes por el pago por dedicación exclusiva a profesionales del sector público que propone el plan fiscal, así como los pagos por cesantía, los cuales fueron reducidos sustancialmente en la propuesta de reforma.

Así las cosas, el texto mantiene el pago por dedicación exclusiva de un 25% para licenciados y de un 10% para bachilleres (menos de la mitad de los montos actuales); mientras que la cesantía pagaría un máximo de ocho años para el Gobierno Central y de 12 años en el caso de instituciones con convenciones vigentes.

Los diputados sesionarán este jueves hasta las 9 p.m., con el fin de votar la mayor cantidad de mociones posibles. También sesionarán a doble turno este viernes, con el objetivo de aprobar la reforma fiscal en primer debate.


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