La sentencia en tribunales por estafa con el dinero electoral de la campaña presidencial para el 2010 mancha la ética y el voluntariado, los valores que más ha blandido el partido en su discurso.
El Partido Acción Ciudadana (PAC) y la pequeña aldea política costarricense acabarán el año intentando digerir la peor noticia posible para quien intente llevar la bandera de la probidad en el futuro.
La noticia se dice rápido: los tribunales condenaron este lunes a dos representantes del PAC y al partido mismo por estafar al Estado con dineros de la campaña electoral del 2010.
O se puede decir de manera más amplia: acaba de ser condenado por estafador público el único partido que ha tomado de manera más o menos eficaz el estandarte de la ética y el voluntariado en la compleja reconfiguración política del siglo XXI.
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“Esto nos causa un daño político terrible, pero sus dimensiones dependerán de lo que haga después el partido, como ocurrió cuando en 2002 se fue la mitad de la fracción legislativa”
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Seis años de cárcel para el extesorero Maynor Sterling y tres para un humilde empleado de la agrupación rojiamarilla, Manuel Antonio Bolaños, dictó el Tribunal Penal de San José. Además, el PAC resultó condenado de manera solidaria y deberá pagar ¢600 millones -más de un millón de dólares- por los perjuicios contra el Estado y los costos procesales.
La sentencia la leyó el juez Raúl Madrigal por la defraudación de ¢352 millones cometida por la agrupación política al cobrar los supuestos gastos sufragados durante la campaña del 2010, cuando el candidato presidencial era Ottón Solís y enfrentaba, siempre asido a la bandera anticorrupción, a la candidata Laura Chinchilla.
¿El PAC estafando al Estado? Muchos dentro del partido no se lo creen e incluso afuera hay quienes lo dudan, pero así son las reglas electorales.
Estas dicen que un partido no puede cobrar al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) dinero que antes no ha gastado. El PAC así lo hizo fraguando 179 contratos por trabajos que en realidad los prestatarios habían realizado de manera gratuita.
Aquí está otro valor del PAC inmiscuido: el voluntariado.
El golpe de la condena contra la agrupación política supone no solo un corte en su discurso de austeridad y ética, sino también un cuestionamiento a los métodos casi artesanales con que el partido quiso operar en sus primeras tres campañas presidenciales.
Le llamaban “mística” y no era una pose, pero apenas pasada las elecciones la agrupación quiso ponerse realista y aprovechar una parte del dinero al que tenía derecho por el caudal de votos recibidos en la elección de febrero. Hasta reformaron el estatuto en mayo de 2010.
El problema fue que quisieron garantizarse recursos hacerlo mediante el cobro de trabajos que había retribuido a los prestatarios mediante bonos casi incobrables.
Era un acuerdo tácito de regalo del tiempo, como declararon decenas de testigos en el juicio.
Ellos nunca tuvieron la expectativa de recibir pago alguno y nunca lo recibieron, aunque el PAC dijo al TSE que sí había incurrido en esos gastos.
Es un delito, decidieron los jueces en el “por tanto” de una sentencia de más de 2.000 folios que leerán en enero y que podría servir para una eventual apelación, aunque el golpe político está dado y los partidos opositores lo saben bien. Lo saben, lo esperaban y lo celebran en voz baja.
El PAC, a pesar de la lucha interna que ha alojado desde esa derrota electoral del 2010, es en la formalidad el mismo que llevó al poder a Luis Guillermo Solís en 2014 y que se juega las cartas para el 2018 en un entorno aún crudo.
A sus oponentes les resultará conveniente (y correcto) decir “condenado el partido de Gobierno por estafar al Estado”. Nada podrá evitarlo, aunque el PAC aplique la rigurosidad que establece su artículo 75 del estatuto y expulse al extesorero Sterling y a Bolaños, el obediente y voluntarioso amo de llave del partido.
Porque este partido fue condenado como institución por no controlar lo que hacían sus dos funcionarios, según la sentencia.
En un principio, cuando el TSE pasó el caso al Ministerio Público, aparecía también como responsable de la falta la secretaria general, Margarita Bolaños, pero durante la investigación de los fiscales las responsabilidades quedaron centradas en Sterling, como autoridad financiera del partido, y Bolaños, como ejecutor de las órdenes que recibió.
No hay evidencia, ni siquiera sospechas, de que estos funcionarios se hayan embolsado ese dinero o lo hayan dirigido a terceros.
Las faltas demostradas en el juicio las cometieron en favor de la agrupación política, esa que ahora amenaza con aplicarles la expulsión establecida en el artículo 75 del estatuto, como se mencionó en un comunicado de prensa hecho público en la tarde de este lunes (después de las infaltables negociaciones internas sobre qué decir y cómo).
“De adquirir firmeza la sentencia condenatoria, la Asamblea Nacional procederá sin excepción a la expulsión del Partido”, se lee en la primera reacción oficial, la cual satisfizo al excandidato y ahora diputado Ottón Solís, autodeclarado como un radical de la ética en la política.
Lo dijo a pesar de reconocer que tiene dudas sobre la ilegalidad del mecanismo y de que le dolió ver ahí sentado en el banco de los condenados a “Tony” Bolaños. También señaló que el partido debe investigar ahora quién más tuvo responsabilidades internas en esa decisión.
“Esto nos causa un daño político terrible, pero sus dimensiones dependerán de lo que haga el partido, como ocurrió cuando en 2002 se fue la mitad de la fracción legislativa después de querer cambiar el código de ética con el cual pedimos los votos durante la campaña de ese año”, recuerda Solís, quien consideró que en este caso el TSE actuó de manera “exageradamente rigurosa”, como lo calificó en un artículo publicado en la prensa el 3 de octubre del 2012.
En 2010 había una similitud. Solís era el candidato y prometía atenerse a un porcentaje muy bajo para cobrar deuda política correspondiente a los 815.513 votos que recibieron por la papeleta presidencial en ese mes de febrero.
Al perder la elección contra Chinchilla perdió también buena parte del liderazgo y el partido empezó a tansformarse bajo la conducción de la presidenta Elizabeth Fonseca y la secretaria Margarita Bolaños.
Tres meses después, una asamblea partidaria reformó el artículo 53 del estatuto interno y decidió cobrar todo el dinero al que se tenía derecho por esa cantidad de votos.
Lo justificaba así en ese momento Elizabeth Fonseca:
“El nuevo Código Electoral asigna más responsabilidades a los partidos, que no solo deben funcionar por cinco meses cada cuatro años, sino que funcionan como instituciones permanentes. Les asignan nuevas funciones como formación y capacitación de sus adherentes”.
Hasta el momento no hay certeza sobre el momento en que se decidió utilizar contratos falsos o cobrar por los servicios que los partidarios habían dado de manera voluntaria, aunque en un principio el propio Ottón Solís lo justificó:
“No considero carente de ética haberle pedido a partidarios que facturaran trabajo y servicios efectivamente ejecutados, y que si les era posible no cobraran para que el partido tuviese recursos”, añadió en el mismo artículo, titulado “Es mi responsabilidad”.
Ahora, ante instancias legales, Sterling es el único miembro del Comité Ejecutivo hallado responsable. Ni Fonseca, ni Bolaños, ni Solís. Tampoco fue citado el jefe de campaña del PAC en 2010, Francisco Molina, quien considera, atenido a la sentencia en primera instancia, que eso fue “un error grave sin malas intenciones”.
[padding type=”medium_right”][quote_colored name=”Francisco Molina, Jefe de campaña 2010″ icon_quote=”no”]
“A mí en ese momento no me tomaron en cuenta y ni siquiera fui llamado a declarar, pero el PAC tiene un reto en frente al ser un abanderado de la ética y la transparencia. Si se sostiene la sentencia, el partido tendrá que revisarla con mucha autocrítica, aunque creo que fue un error grave sin malas intenciones”
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