A pesar de haber reformas puntuales en algunos países –entre los que se encuentra Costa Rica-, los sistemas de pensiones en América Latina reproducen la desigualdad y exclusión que enfrentan las mujeres en el conjunto del mercado laboral.
A esta conclusión arriba el estudio “De beneficiarias a ciudadanas. Acceso y tratamiento de las mujeres en los sistemas de pensiones de América Latina”, recientemente publicado por el Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina (Cepal).
La investigación encontró que las mujeres continúan teniendo menor acceso que los hombres a una pensión y “si bien en la región se ha avanzado en la inclusión por medio de pensiones no contributivas, estas son las prestaciones de menor monto y no permiten a las mujeres superar la situación de pobreza”.
En la región, “la proporción de mujeres de 65 años y más que reciben algún tipo de pensión o jubilación es menor que la de hombres”, explica.
“En estos sistemas persisten brechas que reproducen la desigualdad entre hombres y mujeres y en muchos casos la agudizan. Se trata de sistemas centrados en la experiencia masculina en el mercado laboral y, además, en una trayectoria continuada y de empleo formal que desde hace tiempo ha dejado de ser la regla”, se afirma en el documento.
“La inclusión de las mujeres en los sistemas de pensiones es indispensable para hacer frente a la nueva estructura de edades de la población, a la demanda y la necesidad de autonomía económica y al ejercicio de sus derechos. Además, es también un requisito para la sostenibilidad de los propios sistemas”, agrega.
El estudio reconoce que Costa Rica “ocupa un lugar destacado en el contexto regional por sus políticas sociales” y, por eso, “es comprensible que la impronta privatizadora de los años noventa aterrizara tarde y experimentara adaptaciones en ese país”.
Resalta que en el 2004 se inició aquí un proceso de diálogo social integrado por instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil en el cual el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) “destacó las fuentes de desigualdad de género en el sistema, tanto las derivadas de las desigualdades en el empleo como las que obedecían al diseño del sistema (por ejemplo, el hecho de que la pensión de viudez equivaliera en promedio al 60% de la pensión por derecho propio).
Sobre esa base, el Inamu exigió facilidades para la integración de las autoempleadas (trabajadoras por cuenta propia), así como medidas de acción positiva y de reconocimiento del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres”.
Como resultado, se hicieron reformas que tuvieron un efecto positivo en los indicadores de igualdad entre mujeres y hombres, pues se incrementó la proporción de perceptoras de pensión contributiva y no contributiva y aumentó la afiliación en sectores de baja productividad, tanto en hombres como en mujeres. La brecha de género en los montos de las prestaciones también disminuyó (ver el gráfico).
Curiosamente, el informe no menciona la reforma introducida por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), que permitió el acceso al seguro social a las trabajadoras domésticas que laboran medio tiempo.
Según la CCSS, al 16 de octubre del año pasado, 5.678 mujeres trabajadoras domésticas habían sido aseguradas gracias a esta reforma.
Sobre este tema, así como sobre la situación general que enfrentan estas trabajadoras consultamos a las señoras Rosita Acosta, fundadora de la Asociación de Trabajadoras Domésticas (Astradomes) y Carmen Cruz, actual presidenta de su junta directiva.
Sin embargo, Acosta manifestó la inquietud de que esta modalidad pudiera haberse convertido en un “portillo” por el cual los patronos podrían estar asegurando por medio tiempo a trabajadoras que en realidad laboran tiempo completo y afirmó que el irrespeto de sus derechos laborales y humanos continúa (ver: “Muchas mujeres terminan en un asilo”).
A su vez, Cruz aseguró, a partir de las experiencias recogidas por Astradomes, que muchas trabajadoras domésticas aún no cuentan con seguro social (ver: “Seguimos enfrentando mucho maltrato”).
Por su parte, la gerencia financiera de la CCSS alentó a las trabajadoras domésticas a denunciar formalmente a los patronos que no respeten sus derechos (ver: “No es posible condonar las deudas”).
Y el Ministerio de Trabajo aseguró que están cumpliendo el acuerdo firmado con Astradomes para mejorar sus salarios y realizar procesos de inspección para prevenir el atropello de sus derechos laborales.
Además, afirmó que toman medidas para que, en un plazo de 15 años, el Renglón Ocupacional de Servicio Doméstico desaparezca y el trabajo doméstico remunerado pase a formar parte de la clasificación Trabajador en Ocupación No Calificada por Jornada par que obtenga así el mismo trato salarial (ver: “Se ha venido dando cumplimiento al acuerdo”).
