¿Y los responsables dónde están? Es la pregunta que flota en el aire tras el revuelo mediático y político causado los últimos días por la decisión de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) de elevar la cuota obrera, a partir de junio próximo como medida de contingencia para inyectar recursos al Fondo de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y no utilizar los intereses que genera ese fondo para pagar las pensiones porque los ingresos por cotizaciones no alcanzan.
La medida siguió a la publicación del estudio actuarial encargado por la institución y la Superintendencia de Pensiones (Supén) a la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica (UCR). Los resultados de la Escuela de Matemáticas propusieron drásticos ajustes de corto plazo para salvar el fondo, con diversas posibilidades en cuanto a aumentos en la edad de jubilación, cotizaciones y reducción de beneficios para el millón y medio de afiliados al fondo.
Por años, las autoridades de la CCSS han negado que peligre la salud financiera del sistema, asegurando que su sostenibilidad está asegurada hasta la década del 30, y descalificaron evaluaciones actuariales externas y alertas de la Supén que advertían de la necesidad de tomar decisiones urgentes para una crisis financiera del fondo a corto plazo.
Cuando en el 2009 el IVM utilizó por primera vez los rendimientos de las inversiones para pagar pensiones y en la comisión legislativa que estudió la crisis financiera de la Caja en el 2010 se le preguntó a la presidenta ejecutiva de la CCSS, Ileana Balmaceda, por la salud financiera del IVM, la funcionaria aseguró que esa había sido una medida transitoria.
Pero los intereses generados por el fondo se siguieron usando para pagar los gastos del IVM y no para capitalizarlo, hasta que la semana antepasada la actual presidenta ejecutiva, María del Rocío Sáenz, anunció en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto público, que la junta directiva de la Caja había acordado un incremento de 1% del salario en la cuota obrera a partir de junio, la que de 2,84% pasaría a 3,84%.
Con eso esperan recaudar ₡100.000 millones, lo que se sumaría a ₡60.000 millones adicionales que aportaría el aumento de la cuota del Estado que se acordó el año pasado, que pasó de 0,58 a 1,24% (aumento que, por cierto, el gobierno no ha aceptado por lo que no se ha materializo ese ingreso).
Como antecedentes, valga recordar que un estudio encargado por la Supén a la firma mexicana Nathal Actuarios y Consultores, advirtió que el IVM sería deficitario en seis años y comenzaría a gastar las reservas en el 2015.
Las autoridades de la Caja se mostraron disconformes con el informe mexicano, y contrataron una valuación actuarial de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que en 2010 validó los estudios de la CCSS asegurando la sostenibilidad del régimen hasta el 2035.
Tras reiteradas denuncias del entonces superintendente Edgar Robles sobre problemas del IVM que exigían la adopción de medidas para evitar un colapso, lo que era negado por la Caja, se contrató al actuario argentino Eduardo Melinsky para que hiciera una evaluación.
Este advirtió que el régimen sería deficitario en 2023 si no se adoptaban una serie de medidas, pero el estudio fue descartado por las autoridades de la Caja y el nuevo superintendente, Álvaro Ramos, achacándole deficiencias técnicos y no cumplir con la información solicitada.
Entonces se contrató un estudio actuarial de la UCR, según el cual el IVM entrará en crisis a partir del año 2027. El informe que, según la Caja y la Supén, ha de servir una para una amplia discusión de sectores sobre las medidas para tomar con el fin de fortalecer el fondo.
Algunos reclamos se han dejado oír para que se llame a cuentas a los responsables de errores, omisiones, desidia o impericia en los mandos a cargo de la administración que se han venido denunciando públicamente sin que haya consecuencias, y causa enojo que los supuestos responsables de las decisiones equivocadas que han puesto en riesgo el fondo, sean los mismos que propongan y decidan medidas para tapar los huecos que ellos dejaron, cargándoselas a los asegurados.
Reproches en esa línea se escucharon la semana pasada en la Asamblea Legislativa, donde se analiza la situación financiera de la CCSS, y donde comparecieron el superintendente Ramos y el exsuperintendente Robles.
Se mencionó por ejemplo responsabilidad de tres gobiernos: el del presidente Abel Pacheco (2002-2006), el de Óscar Arias (2006-2010) y parcialmente el de Laura Chinchilla (2010-2014), que durante 12 años dieron largas y no implementaron la aplicación del artículo 78 de la ley de Protección del Trabajador.
La ley, promulgada en el 2000 durante la administración de Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002), creó una contribución de hasta 15% de las utilidades de las empresas estatales, para fortalecer el IVM. Pero fue no fue sino hasta en el 2012 que la presidenta Chinchilla y la ministra de trabajo de entonces, Sandra Piszk, emitieron el reglamento para realizar el cobro a las empresas públicas.
Esto luego de múltiples instancias de la Caja para que el Ejecutivo emitiera el reglamento ordenado por la ley, después que la Sala Constitucional falló favorablemente recursos de amparo interpuestos por el abogado Rafael Espinoza y el ciudadano Roberto Mora, conocido como “el cobrador de la Caja”, obligando a las autoridades a implementar el cobro.
Existe un amplio expediente de notas y oficios enviados a funcionario como Ricardo Toledo, en su momento ministro de la Presidencia, luego al presidente Óscar Arias y su ministro de Trabajo Francisco Morales; posteriormente a los ministros de trabajo Álvaro González y Sandra Piszk, entre otros, sin que la decisión se tomara.
Tras la emisión del reglamento, la Procuraduría General de la República (PGR) dictaminó que no se podía hacer el cobro retroactivo de esos dineros, de modo que se perdieron cuantiosos recursos que el IVM pudo haber recaudado.
Por añadidura, algunas empresas estatales como el Instituto Nacional de Seguros y el Instituto Costarricense de Electricidad se han negado a pagar el tributo, aduciendo que están exonerados por ley, y han entablado litigios en los tribunales que originan gastos a la Caja para atender esos procesos legales.
Por esa demora en la aplicación de la ley, se perdieron más de ₡500.000 millones que pudieron haber ingresado al IVM (partiendo del 15% de las utilidades de las empresas públicas más intereses), según cálculos de Jorge Herrera, administrador de empresas que dedica estudio a las finanzas de la Caja.
Herrera es del criterio de que el hecho de que las propuestas de reforma vengan de los actuarios y otros funcionarios que con sus errores originaron los problemas que hoy enfrenta el IVM es injusto para los trabajadores que se van a perjudicar y le resta legitimidad a las medidas.
“No hay legitimidad ni transparencia al obligar a la gente a pagar un 1% más de cotización y al imponer al Estado también un aumento, hay conflictos de interés porque es la misma gente que con sus decisiones van a tapar los errores que cometieron”, opinó el profesional.
A propósito, llama la atención que en el rubro de ingresos del IVM los actuarios de la Caja incluyeron en el 2007 un 7,5 % correspondiente a las utilidades de las empresas públicas contemplados en la Ley de Protección al Trabajador (aunque esos recursos en esa fecha aún no existían).
La misma observación viene en una valuación actuarial de la Supén, la cual agrega que “como se muestra en algunos escenarios, la aplicación efectiva de dicha ley puede repercutir positiva o negativamente en la solvencia del IVM”.
Disparó el gasto
En el periodo 2006 – 2010, durante la administración de Arias Sánchez, y siendo presidente ejecutivo Eduardo Doryan, la Caja registró una subida del gasto tras un fuerte aumento de plazas, incrementos de las pensiones y aumentos en las remuneraciones del personal de la institución.
Los presupuestos registran en ese periodo un aumento de 10.956 nuevas plazas (un incremento de 29%), se aprobaron aumentos anuales en las pensiones, observándose un pico de incrementos en los años 2007 al 2009 (aumento de 29% en la pensión promedio). El entonces presidente ejecutivo Eduardo Doryan declaró al diario La Nación que el aumento se había hecho con base en un estudio de la gerencia de pensiones, y que su sostenibilidad estaba garantizada por 100 años.
En ese lapso se aprobaron aumentos de remuneraciones a los diferentes grupos de funcionarios de la Caja, y se acordaron aumentos escalonados del tope de la cesantía de 12 a 20 años (que a partir de julio pasado ya es completo), sin que hubiera los debidos estudios que respaldaran la sostenibilidad de esas erogaciones, y más aún, pese a informes que evidenciaban números rojos en las proyecciones de ingresos y gastos de la CCSS, según consignaron informes de la auditoría interna en el 2012 (informes Assai 191 – 2012 y Assai 187 – 2012).
Los egresos salariales pasaron de ₡300.000 millones en el 2006 a más de ₡600.000 en el 2011, con un crecimiento promedio de 14%, según los registros de la institución.
Las propuestas para aumentar las remuneraciones “no fueron fundamentadas en estados financieros, actuariales y legales que garantizaran su viabilidad y sostenibilidad”, se lee en el informe (Asaai-191-2012).
La Dirección Actuarial de la Caja presentó proyecciones del número de jubilados y del costo de las pensiones que resultaron erradas en más de un 100%, según evidencian los estados de las liquidaciones, las cuales fueron tres tantos mayores que las calculadas.
“Las estimaciones ficticias y falsas que realizó la Dirección Actuarial sirvieron para sustentar esos pagos”, declaró en su momento al semanario El Financiero el economista y exdirectivo de la Caja Pablo Sauma.
Ante las diversas críticas el jefe de la Dirección Actuarial, Luis Guillermo López, escribió, en una nota dirigida a la presidenta ejecutiva, que es necesario “reconocer que existió de parte de esta instancia técnica un error material e involuntario que subestimó el costo de ese beneficio (DAE 706)”.
Por la aprobación de los aumentos de la cesantía la auditoría de la CCSS recomendó instruir investigación administrativa para ver posibles responsabilidades de Eduardo Doryan, en su momento presidente ejecutivo; Manuel Ugarte, gerente financiero, Sara González, directora de presupuesto, Luis Guillermo López y otros mandos de la institución.
Sin embargo, la comisión de investigación preliminar nombrada recomendó archivar el expediente por no encontrar razones para iniciar un proceso administrativo a los denunciados.
La auditoría también recomendó instruir una investigación contra algunos de esos mismos funcionarios y otros de las áreas financiero contables por la aprobación de los aumentos de las remuneraciones a los empleados de la Caja sin contar con los debidos fundamentos técnicos y legales. En ese caso sí se inició un procedimiento administrativo sin que se conozca el resultado final cuatro años después.
LaCaja fue golpeada por una crisis de liquidez en el 2010 porque los ingresos no alcanzaron para salarios y a los proveedores, lo que originó una investigación por parte de una comisión legislativa, cuyo informe final pidió el despido de varios gerentes, pero no fue atendido por la institución.
INSOSTENIBLE
En sesión de junta directiva de mayo del 2012, el gerente financiero, Gustavo Picado, expuso que el pago de la cesantía para el 2018 estaba proyectado en ₡55.000, lo cual era insostenible.
Al estar el IVM y el seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) bajo el mismo paraguas de la CCSS rigen las mismas reglas laborales para los empleados de ambos, hay vasos comunicantes que pueden contagiar problemas como se ha visto con las inversiones de las reservas del IVM, propiedad de trabajadores y pensionados.
Un ejemplo entre muchos otros es el alquiler que se cobraba por los dos edificios que ocupan las oficinas centrales de la Caja en la Avenida Segunda de San José y que pertenecen al IVM.
Por los 28 pisos de esos edificios el IVM cobraba alquiler anual de ₡39,5 millones, mientras que a la operadora de pensiones complementarias de la CCSS le cobraba ₡63,5 millones por un solo piso (a ese precio el SEM debería haber pagado ₡1.778 millones por año en vez de ₡39,5 millones).
Ante una denuncia de la Supén, la Contraloría General de la República instruyó un procedimiento al gerente financiero de la Caja, Manuel Ugarte, al que responsabilizó de esa situación y ordenó el año pasado su despido sin responsabilidad patronal. La sanción sin embargo quedó en el aire, el funcionario ya se había acogido a la pensión.
Ugarte figura entre una lista de altos cargos de la Caja, incluida la anterior presidenta ejecutiva, Balmaceda, que fueron denunciados penalmente en el 2012 ante la Fiscalía por Daniel Muñoz, exjefe de investigaciones económicas de la Dirección Actuarial y exmiembro del comité de inversiones del IVM, por una serie de supuestos delitos e irregularidades cometidos en el manejo de la institución, y particularmente la administración del IVM.
El denunciante, quien había previamente hecho numerosas denuncias ante los jerarcas de la Caja que no fueron atendidas, señaló entre las faltas la de prohijar supuestamente un conflicto de intereses con cuantiosas inversiones de las reservas del IVM en la compra de bonos del SEM para inyectarle liquidez durante la crisis financiera que se vivió en el 2010, sin pujar para lograr la mayor rentabilidad posible en el mercado para el IVM, lo cual era su obligación como administradores de ese fondo propiedad de los trabajadores.
Con motivo de las recientes informaciones relativas al IVM, el mencionado Roberto Mora reiteró al fiscal general Jorge Chavarría la solicitud de información sobre el estado de esa denuncia (Expediente 12-000046-0615-PE) contra los altos cargos de la Caja, que yace en la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, sin que cuatro años después se conozcan avances en la investigación.
Además de Ugarte y Balmaceda, la denuncia involucra a Gustavo Picado, gerente financiero; José Luis Quesada, exgerente de Pensiones; Dinorah Garro, gerente de logística; Luis Guillermo López, director actuarial y económico; Iván Guardia, director financiero contable; Sara González, directora de presupuesto; Alberto Acuña, director financiero administrativo del IVM; Álvaro Vega, director de inversiones IVM; Carlos Montoya, jefe área Tesorería General; Roy Retana, jefe Área Crédito y Cobros IVM; y Christian Hernández, jefe Área Colocación de Valores.
En el año 2012 la Supen también presentó una denuncia ante el Ministerio Público por eventual incumplimiento de deberes de las autoridades de la CCSS, a raíz de que la rendición de cuentas por parte del IVM “no ha sido transparente, y por el contrario, han presentado obstáculos a la supervisión”.
“Portillo”
La junta directiva aprobó en el 2005 una restricción para la pensión anticipada, y era que monto de la pensión reducida debía ser mayor al monto de la pensión mínima. Esto evitaría que las personas que por las cuotas aportadas solo tuvieran derecho a una pensión menor al monto de la pensión mínima, se acogieran a la pensión para obtener la pensión mínima.
Sin embargo, en el 2007 cambió el reglamento, donde se omitió el requisito, lo que abrió un portillo que aumentó significativamente el gasto en pensiones, reconoció un informe actuarial de la Caja.
(La restricción se restableció en el 2013 con 18 meses de gracia para su aplicación, por lo que suspensión se prolongó por más de siete años)
“En efecto, en el Artículo 5° del Reglamento del IVM aprobado en el artículo 12° de la sesión N°7950 y artículo 7° de la sesión N°7952 del 21 y 28 de abril del 2005, respectivamente, se estipulaba la restricción de que el derecho al retiro anticipado se supeditaba a que el monto de la pensión reducida superara el monto mínimo de pensión vigente”.
(…)
“De lo anterior, llama la atención que la eliminación del párrafo donde se refiere a la condición sobre la pensión mínima, no aparece en la propuesta de la Gerencia de Pensiones, hecho que abrió un “portillo” que incrementó significativamente el gasto”.
Fuente: Documento Valuación Actuarial de IVM al 31/12/2014