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Los privilegios de las zonas francas se acomodan en el centro del país

Los datos de Procomer lo dicen claro: el régimen de exención fiscal ha fallado en el objetivo de favorecer a las regiones del país más necesitadas. Aquí un vistazo a los inquilinos del barrio empresarial que mejor vive.

El régimen de zonas francas malogró en el objetivo de propiciar el desarrollo de economías en todo el territorio nacional. Por el contrario, con el paso del tiempo sus privilegios se afianzan en las comodidades del centro del país.

Del total de las empresas alojadas en ese régimen especial, un 87% se ubican en la zona central del país y generan el 91% de las exportaciones originadas en zona francas, un rubro que hace solo cinco años era de 86,8 %.

Los datos de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) de los últimos diez años reafirman el fuerte sesgo vallecentralista de un modelo que recibe incentivos estatales al exonerarles el pago de impuestos, con el teórico objetivo de atraer empresas a zonas necesitadas, entre otros propósitos.

De las 394 empresas establecidas en zona franca hasta el año 2019, solo 49 están establecidas en las regiones Huetar Atlántica, Huetar Norte, Pacífico Central, Chorotega o Brunca. Y solamente 530 millones de dólares, de un total de 6.100 millones exportados en 2019, salieron desde zonas francas establecidas fuera de la región central.

Una revisión de la data permite ver que el crecimiento de empresas que entran al régimen de zonas francas en la zona central del país, ha crecido en el último quinquenio, relativamente, más que el total de negocios en esta modalidad: 54% frente a 46%.

Las regiones Pacífico Central y Chorotega incluso vieron un descenso en el volumen exportado por empresas en zonas francas entre 2015 y 2019. La primera, respectivamente, pasó de $105 millones a $81 millones, y la segunda de $85 millones a $67 millones, mientras que la Región Central pasó de $3.609 a $5.570 millones.

Por cantidad de empresas en zonas francas, la Región Brunca presenta la peor situación, pues solo posee las tres zonas francas (0,76% del total) que quedan después de que en 2015 hubo ocho en esa zona del sur de Costa Rica.

Por sectores es aplastante la diferencia entre los servicios (58% del total de empresas en zonas francas, 11 puntos más que en el 2010) sobre el agropecuario, debido a que solo hay 30 compañías que representan el  3% del total y que, por su naturaleza, se conectan más con las regiones periféricas del país, aunque deben ser procesadoras. El valor en exportaciones se reduce un poco más y representa 2,5% del total, mientras que la producción de equipo médico y de precisión acaparan el 60% según las cifras del 2019, antes del año de la pandemia en que se alteró la mayoría de indicadores.

“Uno de los objetivos del régimen de zona franca es el promover inversión y oportunidades de empleo que contribuyan con el desarrollo económico en todo el país. La categoría de industria procesadora -en la cual se ubica el sector agroindustrial-, por sus características, ha permitido llevar inversión hacia fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM), lo cual genera oportunidades de empleo no calificado en zonas de bajo desarrollo económico”, asegura Pedro Beitute, gerente de Procomer ante consultas de Semanario UNIVERSIDAD, después de reconocer que “el sector agroindustrial representa únicamente un 3 % de las empresas de zona franca”.

Análisis del Programa Estado de la Nación han identificado que la economía nacional se divide en dos mundos: las empresas que lidian cada día con los impuestos de ley y las que pueden evitarlos al estar operando en regímenes especiales, sobre todo zonas francas.

Por ejemplo, estas han alcanzado tasas de crecimiento interanual superiores al 10% a lo largo de las últimas dos décadas, en momentos en que el régimen definitivo (con todos los impuestos) ha mostrado indicadores inferiores a 5% o incluso negativos.

El problema está, según ha advertido el Estado de la Nación, en que genera un impacto moderado y no ha provocado un contagio de ese dinamismo al resto de la economía. Defensores de este régimen exaltan la producción de empleo de calidad y las contribuciones a la seguridad social, pues el aproximado de puestos laborales es de 120.000, cercano al 12% de los empleos del sector privado.

Un ejemplo de empresas radicadas fuera del GAM y que se alejan de los sectores más sofisticados de la economía es Alimentos Pro Salud (productora de la marca Sardimar), instalada en El Roble de Puntarenas. Esta compañía goza de las exenciones de impuestos y de réditos que incluso propiciaron un crecimiento del 25% de su producción durante el 2020, lo que le permitió aumentar en 300 empleados su planilla, según el sitio informativo de negocios Rumbo Económico.

“La actividad de procesamiento es una actividad económica que agrega valor a bienes o insumos básicos, y que va más allá de un simple empaque”, justifica Beirute.

Dentro del régimen de zonas francas también se encuentran compañías que realizan tareas de poca sofisticación como el trabajo con piedra (Barranca de Puntarenas) o el procesamiento y comercialización de frutas, legumbres y hortalizas (La Palmera de San Carlos).  Además de las propias empresas administradoras de zonas francas, representadas ahora por el hijo del ministro de Coordinación en el Sector Privado, André Garnier.

En Cañas se registra también una empresa que procesa derivados de pescado para fabricación de alimento para animales, así como una fábrica de productos de cacao en Guácimo de Limón, donde tiempo atrás (cuando era negocio para Costa Rica) funcionó una textilera. Y cerca de Puerto Viejo de Sarapiquí está la sede de Alimentos Bermúdez, que también se beneficia de la exención de impuestos para producir los snacks de la marca Soldanza.

Otra compañía que aprovecha el régimen de no pago de impuestos y se sitúa en la categoría “procesadora” es Arkiplast, una empresa de productos de plástico para la construcción. En Limón, Atlantic Container Terminals se encuentra en régimen de zona franca para tramitar contenedores y dar servicios de logística asociados al puerto. Y otros dos ejemplos: una fábrica de alambre de acero en Orotina y una procesadora de orquídeas para la exportación desde el parque industrial El Coyol, en Alajuela.

Así, en la lista de empresas ubicadas en zonas francas, se pueden encontrar otros negocios similares a los que desarrollan empresas en el régimen definitivo; sin beneficios fiscales, pero el grueso de las compañías lo conforman las de servicios de diversos tipos, tecnología y de manufactura de equipos médicos.

Hay, sin embargo, casos llamativos como Uber Costa Rica Center of Excellence, en Ultrapark, Heredia. En este caso, aunque puede dar soporte técnico y servicio al cliente, se especifica que la beneficiaria “no podrá prestar en Costa Rica servicio de transporte público o privado de cualquier tipo” y no podrá dar servicios mediante la plataforma tecnológica de Uber.

Otro caso es el de BAC Latam SSC, del grupo bancario de distintivo rojo. Ubicada en Goicoechea. Esta empresa de servicios está autorizada para brindar programación informática y tareas administrativas, según el registro en que aparece como presidente el Rodolfo Tabash Espinach, CEO de BAC Credomatic.

Asimismo hay otros inquilinos ligados a marcas usuales del mercado que se encargan de brindar servicios administrativos complementarios, como ocurre con Café Britt, Bimbo y Citi.

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