Los protagonistas de las noticias del 2017 sobre el “cementazo” coinciden en el deseo de que pronto se sepa quién va a juicio y quién queda libre de cargos, aunque desde circunstancias muy distintas y sin ser todos sospechosos de los delitos de corrupción que investiga el Ministerio Público.
Las investigaciones de la Fiscalía son especialmente complejas, dijo en días pasados la fiscal general, Emilia Navas. Mientras, se van conociendo elementos parciales por publicaciones del medio digital CRHoy, que ha demostrado tener acceso a los expedientes judiciales. En la última de estas publicaciones, del 26 de marzo, cita a un juez que consideró que se trató de “una estructura creada para distracción de fondos públicos”.
UNIVERSIDAD contactó a las personas más notorias del “cementazo” y recoge aquí su situación actual, como parte de la serie de publicaciones semanales sobre distintos ángulos del caso.
Además, aparecen cinco miembros del cuerpo gerencial que lideraba Barrenechea en el BCR, personas menos conocidas que estuvieron en prisión preventiva y luego retomaron la libertad, aunque permanecen como imputados por delitos. Ellos están fuera del banco.
CELSO GAMBOA
El polémico abogado que ascendió a sus 40 años a la cúpula del Poder Judicial fue destituido de la Corte Suprema de Justicia en una de las últimas votaciones de los anteriores diputados, después de revelarse su cercanía con el empresario Juan Carlos Bolaños, importador del cemento chino, y de actuaciones sospechosas de la Sala III, a la que Gamboa pertenecía.
Ahora es un abogado más, con oficina abierta al público, aunque con clientes tan llamativos como el Gobierno de Venezuela y los cuestionados alcaldes de Nicoya y Santa Cruz, además de consultorías en seguridad que asegura concede a empresas que se negó a identificar.
Gamboa asegura haber sufrido serios perjuicios en sus relaciones familiares, además de ver truncada la carrera política que le había permitido cargos altos en el Ejecutivo y en el Judicial. “Es muy doloroso, porque yo no estoy vinculado al caso del cemento chino. No formo parte de ese expediente y quedó en el imaginario popular que formo parte de esos hechos”, dijo. Se refiere a que fue un “daño colateral”, producto de las repercusiones en el Poder Judicial por las aparentes ventajas que Bolaños recibió en el tratamiento de causas judiciales vinculadas al “cementazo”, en causas a políticos vinculados. Se le investiga por prevaricato.
PAOLA MORA
La presidenta del BCR entre 2014 y 2017 es imputada en las causas del “cementazo” y tiene impedimento de salida, pero permanece en libertad y se desempeña como abogada en temas comerciales y administrativos, dijo.
“Sigo igual que antes de estar en el BCR, aunque claro que ha habido un daño por informaciones mentirosas que se han impulsado desde grupos de interés de la prensa, la política y los empresarios”, según su opinión.
Dice estar preparada para defenderse en un eventual juicio o para limpiar su imagen en caso de ser sobreseída, en referencia a las informaciones que ella considera calumniosas de algunos medios de comunicación. Sostiene incluso discusiones públicas en redes sociales con periodistas.
“Si la Fiscalía considera que tiene elementos para acusarme, ojalá ocurra cuanto antes. Igual que si no están, que se me libere de cargos. Estoy preparada para el escenario A y el B, dijo antes de afirmar que ‘no toda la información (sobre el ‘cementazo’) publicada es falsa”.
“Ahora llevo las de perder, pero solo por ahora”, dijo esta abogada que tiene prohibido acercarse a testigos del caso.
WELMER RAMOS
Fue el ministro de Economía e impulsó una política de apertura a nuevas empresas que vendieran cemento en Costa Rica, de lo cual se benefició el empresario Juan Carlos Bolaños, aunque siempre el Gobierno arguyó que se trataba de una política abierta a quien deseara aprovecharla.
Pese a algunos cuestionamientos políticos, Ramos participó en campaña electoral como candidato legislativo y ahora forma parte de la fracción de diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC), aunque con un perfil más bajo de lo que esperaban incluso muchos de sus compañeros.
Aparece como parte de los numerosos contactos telefónicos que se dieron en 2015 y 2016 con Mario Barrenechea, Mariano Figueres, Paola Mora e incluso el empresario Bolaños, según un informe pericial publicado el 4 de marzo por el medio CRHoy. Sin embargo, no figura como imputado en las causas judiciales.
JUAN CARLOS BOLAÑOS
Cumplió un año y cinco meses de prisión preventiva, un plazo que algunos consideran demasiado largo, si se considera que aún no enfrenta ninguna acusación formal en su contra. El atrevido empresario que se ufanaba de sus contactos en el mundo político seguirá preso en la cárcel del Adulto Mayor, pues el Ministerio Público logró que un juzgado declarara el caso como de “tramitación compleja”, lo que permite extender los plazos de la medida cautelar.
MARIANO FIGUERES
El director de la DIS en el gobierno de Luis Guillermo Solís no figura como sospechoso, aunque su nombre sobresalió en las investigaciones legislativas sobre el “cementazo” como hombre de confianza del mandatario que influyó en los nombramientos directivos del Banco de Costa Rica (BCR).
Figueres se accidentó el 24 de junio del 2018 en una motocicleta y sufrió una lesión en la médula. Tuvo que estar internado en hospitales en Costa Rica y en Estados Unidos, y ahora se recupera de manera lenta pero positiva, según un allegado suyo.
SERGIO ALFARO
Como ministro de la Presidencia, Alfaro influyó en las decisiones directivas del BCR, reconocieron algunos miembros de la junta del BCR. Intentaba impedir que tomara la presidencia del banco Mónica Segnini, crítica del crédito millonario otorgado al empresario Bolaños.
Los cuestionamientos a Alfaro, sin embargo, son solo políticos y no impidieron que el presidente Carlos Alvarado lo nombrara como su embajador ante la Unión Europea, en Bélgica.
“Ahí están los expedientes públicos que explican lo que ocurrió. Es lo único que puedo decir”, dijo a periodistas el 7 de marzo en Bruselas, como respuesta a los señalamientos de Segnini.
“Sobre el tema de las llamadas, no tengo problema en decir que si me llama un presidente del banco público no debe ser problema”, dijo Alfaro sobre contactos telefónicos al calor del debate de directivos del BCR sobre cómo organizarse después de que detonó el “cementazo” de manera pública.
MARIO BARRENECHEA
El osado gerente del BCR nombrado durante el gobierno de Luis Guillermo Solís aparece como imputado en las investigaciones sobre el “cementazo”. Después de pasar siete meses en prisión preventiva, en mayo del 2018 logró que le permitiera cumplir esa reclusión en su propia casa, en Santa Ana. Se ordenó que portara una tobillera.
Durante el arresto domiciliar cayó enfermó y fue intervenido quirúrgicamente por una úlcera, su condición se complicó con síntomas diversos en febrero y aún está en Cuidados Intensivos del hospital público San Juan de Dios, según personas allegadas. “Siguen vigentes las mismas medidas cautelares”, dijo su abogado Andrés Pérez.
VÍCTOR HUGO MORALES ZAPATA
Fue el diputado de confianza del presidente Luis Guillermo Solís hasta 2017 y también se relacionó con Juan Carlos Bolaños. Fue denunciado en la causa que la Sala Tercera desestimó por falta de pruebas, sin considerar un informe de la policía judicial que mostraba abundantes contactos entre el legislador y el empresario. Se le investiga por tráfico de influencias.
Contactado por UNIVERSIDAD, dijo que se dedica a promover las asociaciones de la economía social solidaria, igual que lo hacía antes de ser diputado.
“Ahora puedo leer mejor a los actores. Víctor Hugo es una persona que creció mucho, muy en paz. No he sido indagado y tengo libertad plena, convencido de que nunca actué mal (…) pero obviamente sé interpretar presiones mediáticas y grupos de poder”, dijo Morales Zapata, quien asegura haber perdido contacto con Mariano Figueres y con el expresidentes Solís.
OTTO GUEVARA
El exdiputado y referente del Movimiento Libertario se dedica ahora a su profesión de abogado, a proyectos privados propios y a la academia. No deja de participar en el debate público con los temas que le son afines, como el combate al gasto público.
La Fiscalía le abrió expediente por tráfico de influencias y falsedad en la declaración jurada, pero Guevara goza de total libertad. Fue incluso candidato presidencial por quinta ocasión en los comicios del 2018.
