El director del Semanario UNIVERSIDAD, Ernesto Rivera, compareció este lunes ante los diputados de la Comisión Especial Investigadora que analiza los hallazgos de la filtración de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, conocida como los Papeles de Panamá, y sus relaciones con personas y empresas de Costa Rica.
Rivera, en compañía del jefe de redacción, Javier Córdoba, explicaron a los legisladores las tres entregas de paquetes de noticias que se han realizado hasta ahora, así como los parámetros de interés públicos que se emplearon para decidir qué casos se publicarían.
Entre otros aspectos, el director de UNIVERSIDAD llamó la atención a los legisladores sobre la forma en la que el bufete panameño se promocionaba ante sus clientes.
“(Mossack Fonseca) se promocionaba como firma de estrategias corporativas, creación de compañías offshore y de fundaciones de interés privado, una modalidad de fundación que permite hermético blindaje”, detalló el periodista.
Asimismo, recalcó que en una presentación realizada por el abogado de ese bufete panameño, Ramses Owens, en julio del 2006, en Guatemala, este definió que las estructuras legales que realizaba su firma eran contra “cónyuges, excónyuges, actuales y potenciales personas con derecho a recibir alimentos, herederos forzosos no deseados y administraciones tributarias”.
“En periodismo, entendemos el concepto de interés público como el derecho de los ciudadanos a conocer los actos de los servidores públicos. También, es de interés público aquella información que es útil que las personas de una sociedad conozcan porque las afecta directamente o porque sea generada por servidores públicos o empresas privadas”.
“También, aquellas informaciones que ayudan a los ciudadanos a tomar decisiones mejor informadas o porque, al desconocerlas, podrían verse perjudicados. También las que afectan a la seguridad de la sociedad y las noticias cuya discusión mejora el entendimiento y participación del público en un tema relevante para la comunidad. Se incluyen las que generan rendición de cuentas y más transparencia”, definió Rivera al explicar por qué las acciones y comunicaciones del bufete panameño eran de interés público y por lo tanto debían ser publicadas.
El periodista resaltó que, aunque la mayoría de los hechos y conductas publicados no eran delitos, “vistas en conjunto, son el retrato de una conducta social, de una cultura y resultan un buen insumo para explicar por qué en Costa Rica la evasión fiscal y la elusión fiscal alcanzan el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) de este país, según un estudio del ministerio de Hacienda con la metodología del Fondo Monetario Internacional (FMI)”, añadió.
El jefe de redacción de UNIVERSIDAD, Javier Córdoba, detalló que en la filtración de 11,5 millones de documentos, filtrados primero al diario alemán Süddeutsche Zeitung y luego analizados por más de 400 periodistas en el mundo que pertenecen al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), se pudo tener acceso a 75.958 documentos relacionados con Costa Rica y que, por ello, se trata de una investigación periodística en curso.
Apoyo a labor periodística
Tras la exposición de Rivera y Córdoba, algunos legisladores como Patricia Mora (Frente Amplio), Marcela Guerrero (Partido Acción Ciudadana), Marco Vinicio Redondo (Acción Ciudadana) y Carmen Quesada (independiente), mostraron su apoyo al trabajo periodístico del Semanario UNIVERSIDAD.
“La mayoría creemos que el trabajo que ustedes han realizado y siguen realizando es un trabajo responsable, de interés público, y que no cabe la menor duda de que existe un sector de la sociedad que está haciendo grandes esfuerzos intelectuales, económicos, logísticos y legales para evitar el pago de impuestos y que sucede en este país y en resto del mundo, y que gracias a esta filtración y al trabajo responsable que ustedes están haciendo y siguen haciendo, nos pueden, además de dar insumos, dar la alerta que se hizo a nivel mundial de que hay personas que les siguen robando a este país y a otros países, que les roban a las clases que menos tienen”, expresó Quesada.
Por su parte, el legislador del Partido Liberación Nacional (PLN) Ronny Monge cuestionó que en las noticias se mencionaran las relaciones de algunas personas con bufetes o agrupaciones políticas.
“Usted hoy hizo alusión, cuando se refirió a una persona, y hace el conecte con la campaña de Johnny Araya, y a mí me parece muy grave porque si estamos investigando es a personas y hacer alusión a las referencias que tienen esas personas le da una connotación peyorativa y negativa que no es lo que pretendemos acá. O usted se refiere a un ligamen directo de (el bufete) Facio y Cañas o de la campaña de Johnny Araya con la investigación o se refiere específicamente a las personas que ustedes tienen información, pero hacer ese ligamen sin tener prueba que justifique me parece irresponsable”, criticó.
Ante eso, el director del periódico le respondió que las personas no se mueven en “el vacío”, sino en un contexto y que dar esa explicación sobre su entorno y sus relaciones es parte de la justificación del interés público. Este razonamiento fue respaldado por la diputada Mora y el legislador Redondo.
El diputado del Movimiento Libertario Otto Guevara abogó por que se dé mayor acceso a las autoridades de Hacienda de los documentos de Papeles de Panamá, pues resaltó que esa entidad está pidiendo más presupuesto y recurso humano para investigar este tema.
