La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, aguarda un par de movimientos del Poder Judicial que seguramente definirán gran parte de su gestión al mando de la Hacienda pública: la consulta obligatoria de la reforma fiscal a la Corte Plena y la posterior consulta facultativa del proyecto ante la Sala Constitucional (si diez diputados la solicitan).
A pesar de que apenas lleva cinco meses en el despacho del ministerio, su legado en ese espacio dependerá en gran medida de qué decidan los magistrados. A ellos les guarda todo su respeto; sin embargo, dice que parte con “la ventaja de que son personas preparadas y que entienden perfectamente, sin necesidad de grandes explicaciones, la importancia que tiene el proyecto para el país”.
De cualquier manera, los fantasmas de las reformas tributarias que se cayeron en esta etapa durante los gobiernos de Abel Pacheco y de Laura Chinchilla dejan en la mente de Aguilar únicamente dos escenarios posibles: que este sea el inicio de un “proceso de consolidación” o el último paso ante una posible crisis como la de los años ochenta.
Aguilar apuesta por el optimismo y no desiste con sus planes. Tiene la mira puesta sobre reformas estructurales al empleo público y a las instituciones para “hacer más con la misma plata”, aunque eso es algo que ocurrirá hasta que “quite el elefante de la sala”, como se refiere a la superación del trámite de la reforma fiscal. Cuatro días después de que se aprobara ese proyecto en primer debate, esto dice la ministra de Hacienda.
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De lo que me podría arrepentir el día de mañana es de no sacar adelante la tarea, pero jamás de haberla asumido, sigo con el mismo entusiasmo del primer día.
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Me imagino que estará un poco más aliviada con la primera aprobación del proyecto en la Asamblea Legislativa.
–Vamos a ver, yo diría que uno siente un nivel de satisfacción porque se haya aprobado el proyecto en primer debate con el apoyo de más del 60% de los diputados, sobre todo considerando que la fracción del gobierno son solo diez diputados y que el tema de los impuestos siempre es difícil de abordar. Me parece más bien muy valiente de parte de tan importante número de diputados; aunque no sea la llegada a la meta final, porque falta un trayecto importante; seguimos por la dirección correcta. No haberlo aprobado hubiese sido un día complicado para el mercado financiero y para el ánimo de los inversionistas, las empresas y muchísimos grupos. Por eso vale la pena aprovechar este momento para agradecer a todas las personas que han conversado, adversado y que, a través de diferentes puntos de vista, hicieron lo propio por mejorar el proyecto.
Usted bien señala que al proyecto le falta camino. Ahora mismo depende de los magistrados (Corte Plena y Sala Constitucional). Si los tuviera aquí sentados, ¿qué les diría?
–Bueno, yo creo que uno tiene la ventaja de que los magistrados son personas preparadas y que entienden perfectamente, sin necesidad de grandes explicaciones, la importancia que tiene el proyecto para el país. Yo creo que los magistrados entienden perfectamente que muchísimos de los derechos por los cuales la Sala Constitucional aboga, casi que todos los días, no van a poder ser satisfechos si no tenemos un Estado con las finanzas públicas lo mejor ordenadas posibles. Eso, por supuesto, con todo respeto a que es otro Poder y que a ellos les corresponderá hacer la valoración respectiva.
Yo espero –porque estamos hablando de personas que día a día ven las falencias del mismo Estado para otorgar oportunamente los derechos– que van a tener la inteligencia necesaria para comprender que el escenario de no contar con este proyecto sería un escenario que ni a ellos ni al resto de los costarricenses les va a significar algo bueno.
En las calles, sin embargo, uno ve a algunos sectores deseando que el proyecto fracase. ¿Qué significaría que este proyecto fracase?
–Esa es la paradoja. Al fin y al cabo, en la medida en que el Estado logre por lo menos equilibrar sus finanzas, va a ser posible que nosotros sigamos pagando, por ejemplo, los salarios. Valdría la pena que se pregunten de dónde van a provenir los ingresos para poder hacerle frente a sus salarios. Yo creo que es un ejercicio que vale la pena que hagan; creo que no se han preguntado cuáles son las consecuencias, ni para los empleados públicos, ni menos para las clases más bajas, cuyo porcentaje de sus ingresos depende entre un 20% y un 25% de las transferencias estatales. A ellos les diríamos: “les salvamos la canasta básica, pero ahí va la inflación y se acaban las transferencias”, y eso es muchísimo más costoso y va a incidir mucho más en la pobreza que el 1% en la canasta básica, sin demeritar que evidentemente en las clases más bajas tendrá un mayor peso relativo.
Aunque la reforma es insuficiente.
–Es correcto. Si alguien me asegurara hoy que yo llego con una reforma del 5% (del PIB) en impuestos y me la aprueban (en la Asamblea), podríamos seguir discutiendo, pero sabemos que no. Esta es la reforma que políticamente fue posible, toca parte de los ingresos y toca parte de la evasión.
Ese es un término repetitivo en sus intervenciones: lo que “políticamente fue posible”. Lo ha utilizado para explicar por qué se debilitó la norma de subcapitalización o por qué no se gravaron las rentas de las cooperativas. ¿Qué papel jugó la “viabilidad política” a la hora de construir esta reforma?
–Vamos a ver, una reforma fiscal es un tema eminentemente técnico. O sea, lo que sale desde el Ministerio de Hacienda en el primer texto sustitutivo es lo técnicamente correcto. No obstante, los impuestos no los aprueba el Ejecutivo, no los aprueba el Ministerio de Hacienda y se aprueban en un Congreso, donde hay diferentes fuerzas políticas, diferentes visiones, ideologías y grupos de la sociedad que se sienten representados. Allí, por más que todos estos grupos crean que es necesario corregir el tema de los impuestos, siempre van a buscar los apoyos del caso. Si ese trámite no hubiera sido necesario, tenga la seguridad de que el rendimiento del proyecto en materia de ingresos estaría por encima del 1,7% del PIB y no del 1,29%. Ese diferencial yo lo llamo “la viabilidad política”.
¿Qué será lo que más extrañe Hacienda de esa diferencia?
–Yo creo que sería más importante rescatar lo que sí tenemos. Llegar al final de este proceso y haber transformado el Impuesto de Ventas al IVA, independientemente del porcentaje, es ganancia. Haber logrado renta global para todas las actividades y no solo para los bancos es ganancia. La norma de subcapitalización, si bien no se parece a la que nosotros hubiéramos deseado, será más fácil de reformar a futuro. En el tema de las cooperativas hay un proyecto de ley para el que se ha comprometido un grupo importante de diputados. Así que no veamos todo como algo que se perdió, sino veamos las cosas que se ganaron. No vamos a resolver nuestro problema con todas estas cosas, pero nos permite un buen paso para recuperar la confianza de los mercados.
Hablemos de la regla fiscal. Es una norma que asusta a muchos sectores que no sienten tranquilidad por la seguridad de programas sociales y de transferencias.
–Yo creo que quien piensa eso debería pararse mejor en el escenario de cuánto va a afectar a los diferentes sectores no aprobar la reforma. ¿Qué es lo que permite la regla fiscal? Permite no tener que atender de manera automática destinos específicos legales. Hay instituciones que hoy reciben más de lo que necesitan y otras que reciben menos. Esto permite orientar de mejor manera la política pública y las decisiones del Ejecutivo. Se trata de tener capacidad de acción sin tener que estar amarrado para atender otras necesidades más urgentes. Yo no me imagino, eso sí se lo puedo asegurar, a ningún gobernante pensando en reducir las transferencias del sector social; posiblemente, más bien haya retos en ciertas áreas para aumentarlas, pero hoy no tengo esa flexibiidad. Además, hay que transferir lo que se requiere, no más de lo que se requiere, y hacerlo a órganos más eficientes.
Ahora, sobre empleo público. Las movilizaciones sindicales ya iniciaron, pero además del plan fiscal viene en camino un proyecto específico en esa materia.
–Es correcto. Vamos a ver, el proyecto de empleo público va más allá de las remuneraciones; es un reordenamiento total de la materia de las rectorías, de la forma en la que yo me incorporo y desincorporo del sector público, de cómo ir orientando de mejor manera las competencias que requiere el Estado. Ese es un cambio más grande.
Lo que en este proyecto de reforma viene sobre remuneraciones del empleo público, no altera los derechos adquiridos. Es decir, todo aquello que ya está en la esfera patrimonial de un funcionario público ahí se va a quedar; el cambio más importante es que le quita el crecimiento exponencial hacia adelante. Hacia futuro es probable que mi ajuste salarial esté más asociado con el costo de la vida que con el resto de los pluses. Ese es un buen balance que nos permite atacar un disparador como la planilla, un disparador importante.
Queda materia por trabajar, como las transferencias, donde nos va a ayudar el capítulo de regla fiscal y todo lo que se ha hecho y se seguirá haciendo en materia de “pensiones de lujo”, donde ya hay cambios vigentes y algunos que están pendientes en la Sala IV. Esperamos que en los próximos días salgan con noticias muy positivas.
En distintas intervenciones usted ha dicho que la debilidad de la reforma fiscal obligaría a actuar “con dolor”. ¿Tendrá el Gobierno que actuar “con dolor”?
–Nosotros hemos buscado en esta reforma el mayor de los equilibrios posibles, pero en la medida en que yo empiece a quitar ingresos solo puedo actuar por el gasto, eso es lo que yo llamo “actuar con dolor”. Actuar sobre el gasto significará menos transferencias a los sectores sociales o reducir la planilla del Estado, y reducir la planilla del Estado tiene un alto costo social, no solo el costo económico de las liquidaciones; por eso es que uno habla de “dolor”. Uno querría, en la medida de lo posible, que los ingresos más las medidas de gasto sean suficientes para lograr esa aspiración.
Es una aspiración de reducir el déficit y no es el déficit por sí mismo, es el endeudamiento que nos está causando ese déficit. Me estoy endeudando para cubrir gasto corriente y ni siquiera es para carreteras, hospitales, acueductos… es para la operación arroz y frijoles, como le decimos nosotros. Es para pagar los salarios, las pensiones, las transferencias; entonces es ahí donde está la importancia de reducir el déficit. Más allá de eso, es cambiar la trayectoria de la deuda.
Hablando de reducciones y también a futuro, usted también ha mencionado una reforma institucional. Ciertos sectores sostienen que el aparato estatal es muy grande y que debe reducirse. ¿Está de acuerdo con esa afirmación?
–Yo conozco de este tema y no recientemente, desde que estaba en la Contraloría. La reforma institucional o administrativa es una tarea pendiente de hace muchos años. El país transformó su modelo económico, su modelo de desarrollo, incursionó en el sector financiero con cambios importantes, pero en los demás no y ahí nos fuimos quedando; y cada vez que algo no funcionaba, en lugar de arreglarlo, hacíamos otra institución. Por eso en algunos sectores uno encuentra instituciones que hacen más o menos lo mismo, solo que se llaman diferente.
Son duplicidades con problemas de coordinación y con un alto costo administrativo. Es el caso clásico de ministerios que tienen hasta diez órganos desconcentrados y cada uno de ellos tiene una contabilidad, una auditoría, un encargado de presupuesto, un asesor legal, la contraloría de servicios y todos posiblemente hacen lo mismo y podrían reunirse. La reforma pendiente nuestra es más de índole administrativa. Usted podría eliminar esas duplicidades fusionando instituciones, por ejemplo, haciendo centros de servicio compartidos dentro de los mismos sectores o ministerios, y lograría hacer más con la misma plata.
¿Pero con la misma plata o haciendo recortes?
–El recorte no es un fin en sí mismo. Lo que debo buscar es cómo hacer cada vez más con lo mismo y para hacer más con lo mismo tengo que buscar ser más eficiente. Entonces, donde yo tengo duplicidades lo que tengo son oportunidades, podría fusionar instituciones. Por ejemplo, está el proyecto CERRAR que planteó don Ottón (Solís) y con el que todos los servicios se siguen prestando, no hay ninguno que se haya eliminado.
Ya hablamos mucho de lo que vendría después de la reforma y yo sé que no quiere ser pesimista. Pero ¿qué pasa si los magistrados deciden que no hay reforma?, ¿cuál es el siguiente paso?
–Bueno, el siguiente inmediato, sin que la ministra ni siquiera mueva un dedo, es que la economía se lo ajusta. Habría que ver qué va a pasar con el tipo de cambio, con la inflación y con las tasas de interés. Eso es lo primero que pasaría antes de que alguien tome una decisión. Es un ajuste automático del que se va a encargar la economía. Además, cuando yo vaya al mercado al día siguiente a captar los fondos para pagar la planilla, las transferencias, las pensiones, la deuda o lo que sea, la pregunta es a qué tasa lo voy a hacer y cuál va a ser el impacto inmediato en mi deuda, cuál va a ser el impacto inmediato en el déficit… Esto pasaría sin hacer nada, solo con el ajuste que haría el mercado…
Pero pongámoslo mejor en contexto, ¿cuál es la diferencia en las tasas que podría obtener Hacienda?
–Se lo voy a poner mejor diferente y esto es meramente especulativo. Ubíquese en 1980. En los ochenta, el nivel de pobreza pasó al 50%, esa es la primera consecuencia; la segunda, el “riendazo” en el tipo de cambio, que hoy sería el equivalente a que en un plazo muy corto el precio del dólar sea de ¢3.000 y no de los ¢600, que es a lo que estamos llegando. En tasas de interés de la época, las tasas de interés eran del 36% para industria, imagínese, esas eran las tasas de interés… Yo no me quiero imaginar lo que sería hoy para cualquiera de nuestros ciudadanos que tiene un préstamo por su casa, su carro o sus estudios… Se harían impagables y entonces el problema es que el sistema financiero colapsa.
Costa Rica, lamentablemente, perdió los vientos a favor, con tasas de interés y precios del petróleo; agréguele eso a esta crisis interna. Eso es lo que uno llamaría la tormenta perfecta. Estamos ante la posibilidad de tratar de ordenarnos de la mejor forma posible para pasar por ese periodo de ajuste, tampoco es que al día siguiente de la reforma arreglamos todo, pero ahí empezamos en un proceso que va a significar decisiones importantes de disciplina fiscal, de disciplina en el gasto y, por supuesto, de reactivación económica. Una vez que usted quita “el elefante” del tema fiscal de la sala, como alguien le decía, entonces vuelve a recuperar la confianza y la gente volverá a invertir, aunque no sea al día siguiente.
Los efectos de la reforma no serán inmediatos, con excepción de las amnistías. Ahora, entonces, ¿qué va a pasar en este lapso en el que no va a haber un impacto o un ingreso por impuestos?
–Bueno, la amnistía es una suma interesante, nada despreciable, esperamos. Luego, y esto no es una frase gramaticalmente correcta, lo que ingresa inmediatamente es la confianza y la confianza sí tiene un efecto directo sobre la tasa a la que nos financiamos, como también tendría un efecto directo e inmediato la no aprobación de la reforma.
Ahora, en los temas de gasto no hay que esperarse seis meses o un año; son temas que se pueden empezar a gestar de inmediato, pero sobre todo es la confianza lo que ganamos. Eso nos puede volver a poner en un plano de reactivación.
El rendimiento de la reforma será ciertamente pequeño.
–Vamos a ver, el rendimiento en ingresos es de por lo menos un 1,29% del PIB, luego está el rendimiento que genera la regla fiscal y el tema de remuneraciones; todo en conjunto es del 3,5% del PIB, que no es despreciable. Como usted bien lo señalaba, no es que al día siguiente tengo el 3,5%, no. Hay que trabajarlo, hay que trabajar en reglamentos, hay que hacer una serie de trabajos importantes, pero tendríamos las herramientas y hoy día no las tenemos.
Cuando usted fue nombrada Ministra de Hacienda apenas había asumido la Sugef –yo no sé si sería menos trabajo, pero ciertamente era menos exposición mediática–. Cinco meses después de entrar a este edificio, ¿qué le diría a la superintendente Aguilar? ¿Tomaría la misma decisión?
–Tenga la seguridad de que sí. Este no es un tema nuevo para mí, no fue que de accidente llegué yo por aquí y que ni siquiera sabía yo de qué se trataba. Tenía clara consciencia de a lo que venía y también tenía claro el compromiso de querer contribuir al país en ese campo. Desde el punto de vista de dolores de cabeza, alguien podría decir que era más acotada la otra posición, pero yo diría que desde el punto de vista personal siquiera imaginarse que tiene uno la posibilidad de contribuir al país es algo que solo lo puede llenar a uno de satisfacción. No me arrepiento ni por un instante de haber tomado este reto. De lo que me podría arrepentir el día de mañana es de no sacar adelante la tarea, pero jamás de haberla asumido, sigo con el mismo entusiasmo del primer día.
