Ocho años después, el Partido Acción Ciudadana (PAC) está en el Gobierno y acude también al dinero ágil del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para pagar consultorías y servicios de comunicación e imagen, a pesar de haber criticado sin sutilezas en 2008 al gobierno de Óscar Arias por hacer lo mismo, o algo similar.
El millón de dólares anual que el BCIE ofrece a sus gobiernos fundadores cada año, un tema de activó críticas en 2008 sobre todo el entonces ministro Rodrigo Arias, ha sido reclamado por el gobierno de Luis Guillermo Solís y puesto en manos ajenas al erario público para evitarse los controles y atrasos usuales.
La sede local de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) es la administradora de los recursos que el BCIE, donde Costa Rica es representada por el politólogo Alberto Cortés, ya giró para aprovechamiento de la Presidencia de la República.
El tema, publicado esta semana en el periódico La Nación, activó de inmediato las críticas de seguidores del Partido Liberación Nacional (PLN), que reprochan al gobierno del PAC estar haciendo lo mismo que criticaron con fiereza en 2008, al evitar someter a controles públicos el dinero del BCIE de naturaleza privada, como considerado la Contraloría General de la República (CGR)
El caso no es idéntico al del 2008. Para empezar, el documento de convenio entre el Gobierno y el BCIE está publicado en el sitio web presidencial, a diferencia del carácter secreto que en aquel momento se le quiso conferir al tema.
En aquel momento el dinero lo manejó la oficina local del BCIE, en San Pedro de Montes de Oca, que contrataba y pagaba a los profesionales que la Presidencia le indicaba, lo que permitió hacerse con los servicios de personas allegadas al PLN o al gobierno de ese momento, aunque no todos.
Los nombres, en este caso, no se conocen todavía. Los contratos se harán por concurso, según explica Cortés para Universidad.
“El BCIE al igual que otras entidades multilaterales de cooperación y desarrollo tiene fondos no reembolsables para apoyar a los gobiernos con los que trabaja para digamos necesidades o prioridades que tienen estos estados. En el caso del BCIE, se acordó apoyar con $1 millón a cada uno de los países fundadores del banco que son Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Costa Rica.
Es decir, el uso de este dinero es discrecional del gobierno de turno.
– Sí, las prioridades las define el gobierno. Correcto.
Durante la administración Arias del 2006 se hizo una operación similar que fue muy controvertida.
– Creo que hay varias diferencias. Primero, la forma; en aquel momento no había un claro plan de inversión con un destino específico y definido de previo, sino que el Mininistro de Presidencia tenía potestades y discrecionalidad para definir las contrataciones conforme se fuera efectuando el presupuesto.
¿No se contratará a dedo?
– Esa es otra diferencia. En aquel momento, el Ministerio de la Presidencia designaba en la mayoría de los casos de manera directa la persona que se tenía que contratar y se lo comunicada al director del banco quien a su vez procedía a la contratación de esa persona sin que mediara concurso en una buena cantidad de las contrataciones que se hicieron.
¿Cuál es el método ahora?
UNOPS canalizará los fondos del BCIE, habrá un primer desembolso de la mitad del total del millón de dólares que será ejecutado contra un plan de inversión que ya fue definido por el gobierno y será UNOPS quien hace los contratos y bridan los servicios o productos que el gobierno solicite. Es decir, no es el BCIE ni el Ministerio de la Presidencia quien designa la contratación. Esto se hace por medio de concurso, esa es una diferencia importante, que se hace siguiendo los principios de transparencia y eficiencia siguiendo los principios de UNOPS.
¿En qué se usará ese dinero?
– Hay tres ejes principales: análisis de procesos de inversión, capacitación de funcionarios y desarrollo de un sistema de gestión para la gestión pública. Este eje va a estar a cargo de los ministerio de Hacienda, Planificación y BCCR, aunque el responsable directo es Hacienda.
El segundo eje es el del fortalecimiento de capacidades técnicas para la ejecución de obra pública y para contrataciones. Esto va al Ministerio de la Presidencia. ¿Por qué? Porque evidentemente el país tiene un serio problema de ejecución de obra pública y la ida es que este tipo de contrataciones puedan resolver cuellos de botella en problemas concretos que estén afectando la ejecución de la obra pública en el tiempo establecido.
El último componente está a cargo del Ministerio de Comunicación y es de apoyo al “gobierno abierto” y al mecanismo de consulta indígena. Es decir, gobierno abierto ahí se incluirá análisis de información, desarrollos de productos para comunicar la gestión pública que se está haciendo y voy a decir algo que posiblemente no se tiene claro: el gobierno está comprometido en la rendición de cuentas por convicción propia y en parte porque así lo plantea el ingreso del país a OECD. Esto va más allá de la publicidad, esto va con que la ciudadanía tenga contacto y que los actores políticos y económicos tengan contacto con el gobierno en la toma de decisiones.
Usted habló de las diferencias. Hay una cosa en que ambos procesos coinciden y es en que el dinero no ingresa a las arcas del estado. Si es una donación a CR, ¿por qué ese dinero no ingresa a las arcas del estado con todos los controles usuales?
– En este caso el gobierno es el que plantea no utilizar, no un mecanismo privado, sino a la agencia de Naciones Unidas para hacer la ejecución. Creo que en su valoración el Gobierno tomó en cuenta varios elementos: los plazos para la aprobación de los fondos en el presupuesto nacional, pues seguramente esto no hubiera ingresado hasta el año 2017 perdiendo prácticamente un año de ejecución de fondos que son gratuitos para el estado y teniendo urgencia porque como toda la ciudadanía lo saben, como todo el país lo sabe, el país se encuentra muy entrabado.
¿Y qué pasará con las garantías y los controles?
– UNOPS garantiza estándares de calidad muy alta, porque tiene una trayectoria de ejecución de obra pública de primer nivel: ha demostrado capacidad para reducir costos, ha demostrado capacidad para reducir el ciclo de ejecución de los proyectos y tiene el compromiso de transferir capacidades a la vez que ejecuta obra pública. Es decir, UNOPS está comprometida a capacitar a los trabadores de las entidades con las que desarrolla obra pública.
El gobierno de Laura Chinchilla sí incorporó ese dinero al presupuesto estatal. ¿Por qué ahora no se hizo también así?
– Sí, pero en ese momento la ejecución del $1 millón solo alcanzó un 66%. Hubo una subejecución de los fondos del 34%, lo que significa que fueron fondos donados que no fueron utilizados. Entonces, la administración Solís Rivera valoró que siendo un mecanismo claramente legal, el utilizar UNOPS garantizaba transparencia y eficacia.
¿En 2014-2015 no estaban disponibles?
– No se usaron y creo que eso tiene que ver, muy importante, no se utilizaron en parte porque el gobierno se tomó muy en serio dos elementos: la transparencia y la agilidad en la ejecución, dada la urgencia por apoyar la ejecución de obra pública.
En 2008 la controversia estalló sobre las asesorías de la administración Arias con fondos de BCIE, en parte porque se alegó que eran de naturaleza privada. ¿Qué garantías tendrá ahora la ciudadanía?
– El gobierno y UNOPS irán poniendo en línea la ejecucón del proyecto. En cada una de las contrataciones, la empresa que se contrate, la firma que se contrate, será señalada y puesta en línea la contratación. Creo que será un proceso distinto en ese sentido.
¿Puede haber seguridad de que no se beneficiará a personas cercanas al partido PAC?
– No hay componente partidario, hay un componente técnico y es un concurso convocado por UNOPS. Son concursos y contrataciones públicas y desarrolladas con los estándares de UNOPS. Para decirlo así, ni el director del banco, en este caso yo, ni los ministros correspondientes serán quienes contraten a las personas.
¿Cuánto cobra UNOPS por los servicios?
– $50.000 por la gestión de los servicios. Creo que eso se trae abajo la idea de que son excesivamente costosos, que a veces ha salido la crítica. Es un monto razonable para gestionar estos fondos y también para las garantías que ellos dan de que este proceso va a cumplir con los objetivos que tiene el gobierno. Hay $50000 para UNOPS y $50.000 para contratación, por parte del BCIE, de una firma auditora que de hecho ya está contratada, que también va a darle seguimiento a la ejecución de los fondos por parte de nosotros. El auditor externo se llama Díaz y Zeledón y fue contratado por la sede central en Honduras.
