En los debates de la campaña electoral no oficial, que ya corre, los candidatos ofrecen al electorado costarricense, como en la Edad Media, “el oro y el moro”, pero evitan por todos los medios referirse a una solución concreta para el creciente déficit fiscal.
Y, sin embargo, la mejor campaña que podrían ofrecer a cambio de los votos ciudadanos sería la de comprometerse seriamente con una salida a este problema, pues, de no hacerse nada, los aguinaldos del 2018 sí podrían estar en peligro.
Así lo reconoció, ante una pregunta de UNIVERSIDAD, el director de la División Económica del Banco Central de Costa Rica (BCCR), Róger Madrigal: “Razonablemente, es un escenario que cualquier economista no puede descartar. Hay una manifestación que ya está ocurriendo en la economía, por ejemplo, lo que sucedió recientemente en el mercado cambiario, que son los costos de que la sociedad costarricense no realiza el ajuste que debe hacerse en las finanzas. No pasamos de la discusión del problema a su solución”.
La advertencia también está contenida en el informe de “Revisión del Programa Macroeconómico 2017-2018”, emitido por el BCCR en julio pasado:
“Esas condiciones podrían llevar a un ajuste no ordenado. La sociedad costarricense puede escoger no realizar las reformas legales e institucionales que demanda recobrar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Sin embargo, ello no evita el ajuste económico inducido por desequilibrio fiscal. La diferencia entre estos escenarios consiste en el mayor costo económico y social que una solución no ordenada implica, como lo ha demostrado la experiencia nacional e internacional”, dice allí.
Y es que las soluciones paliativas se están agotando. Una de ellas consiste en un proyecto de ley que se encuentra actualmente en la Asamblea Legislativa cuyo propósito es derogar la “Ley para desincentivar el ingreso de Capitales Externos”, No. 9227, del 2014.
Puesta en efecto cuando las tasas de interés estaban casi en cero, esta norma consistió en una forma rápida, pero a la vez torpe, de evitar que los capitales externos que buscan inversiones muy rentables, pero en períodos muy cortos, conocidos como “capitales golondrina”, llegaran al mercado nacional, pues, en ciertas condiciones, pueden pulverizar el valor de la moneda local.
Pero hoy, se necesita remover esa traba de modo que el Gobierno pueda emitir bonos en el exterior para captar dinero, siempre evitando a las ‘golondrinas’.
En esto coinciden tanto funcionarios especializados como economistas independientes consultados por UNIVERSIDAD. Ellos también expresaron criterios parecidos en cuanto a las posibles salidas técnicas al problema de las finanzas públicas.
La solución de fondo al problema, sin embargo, es que la sociedad llegue a un acuerdo oportuno sobre cómo ajustar las cuentas, pues todos los sectores tendrían que sacrificar algo. Y los candidatos, posiblemente algunos votos. Veamos.
- ¿Está de acuerdo con derogar la “Ley para desincentivar el ingreso de Capitales Externos”?
Fernando Rodríguez, viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda:
-Tendría un impacto positivo porque esa ley para lo que sirve es para desincentivar el ingreso de capitales, punto, ya que es muy difícil distinguir los capitales de corto plazo de los de mediano y largo plazo. Es una recomendación de la OCDE, porque crea una diferencia en el tratamiento de las personas según su condición de residentes en Costa Rica o no. Hacienda no vende títulos a corto plazo. Los capitales golondrina son a plazos de 1 a 3 meses máximo. La oferta sería a medio y largo plazo (a 3, 5, 7, 10 y más años). Abarataría mucho los costos financieros en el exterior. Esa ley ha originado problemas también a los bancos que buscaban financiarse externamente.
Ronulfo Jiménez, economista:
-Es correcto derogar la ley indicada porque fue pensada para una época de abundancia internacional de capitales y ahora vamos hacia una normalización de la liquidez internacional. La ley hace aparecer al país más riesgoso de lo que realmente somos y aumenta el costo de nuestro financiamiento en el exterior.
Rudolf Lücke, economista del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la UCR:
-Desde un inicio, la Ley para Desincentivar el Ingreso de Capitales Especulativos no fue de mi agrado. El país debe poder manejar a lo interno del sistema financiero el exceso de liquidez y, mediante la supervisión prudencial y la política monetaria, procurar reducir el impacto de la entrada y salida de capitales especulativos. Por eso considero una buena medida derogar dicha ley. Además, un país que posee emisiones de deuda externa y además mantiene una economía bi-monetaria, no debiera restringir el flujo de capitales con el resto del mundo.
Carlos Solórzano, economista:
-Esa legislación ha sido y es absolutamente inoperante en Costa Rica. Desconozco un solo caso de aplicación de las eventuales sanciones. La única verdadera manera de impedir el ingreso de capital especulativo es establecer una tasa impositiva a inversiones financieras a plazo menor de por ejemplo, tres años (como es el caso chileno).
- ¿A qué más podría recurrir el Gobierno para hacer frente a lo que calificó de “crisis de liquidez”?
Fernando Rodríguez
– Nos pegamos un susto en este momento, pero ¿qué va a pasar más adelante, en nueves meses? Los proyectos están en la Asamblea Legislativa. Si no hacemos algo, no va a haber plata en mayo del 2018. Y aunque los diputados digan que es culpa de nosotros, esta es una atribución de la Asamblea Legislativa. Es la que tiene que tomar decisiones. Si no, lo va a resentir el país.
Ronulfo Jiménez
-El país puede no puede apostar a vivir de capitales internacionales de corto plazo para financiar su déficit fiscal. Los riesgos del financiamiento del sector público en el mercado local y externo hay que acotarlos mediante la búsqueda de la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Rudolf Lücke
-Las opciones son: endeudarse aun más, bajar el gasto, aumentar impuestos o vender activos para amortizar deuda interna (algún banco o aseguradora, por ejemplo).
Carlos Solórzano
-Una opción sería declarar una emergencia fiscal que se remita a lo dispuesto en el título XIII de la Constitución Política y de conformidad con ello limitar todos los gastos corrientes ordinarios al ingreso ordinario previsto. Determinar un Presupuesto Extraordinario que rebaje correspondientemente todos los gastos ordinarios. Incluso subejecutar el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia al límite establecido, de 6% de los ingresos corrientes.
