Pasaron 23 años para que una reforma fiscal volviera a ver luz. En el camino quedaron dos proyectos que incumplieron el procedimiento pero la papa caliente cayó en las manos de Carlos Alvarado, un exministro de 38 años que buscó alianzas antes de llegar a la silla presidencial.
Sin embargo, la reforma tributaria, una de las iniciativas estrella para sanear las finanzas públicas, debió pasar por una serie de complicaciones políticas y sociales para llegar a las puertas de un segundo debate, de donde tendría los votos asegurados.
A continuación, los 10 hechos más importantes que se dieron en torno a la reforma fiscal, el tema más controversial del año (junto al matrimonio igualitario).
- Las elecciones y el pacto Piza-Alvarado
El producto final de la reforma no se entiende sin el resultado de las elecciones. Ya se veía venir un cambio en la composición de la Asamblea Legislativa. El surgimiento de nuevas fuerzas, en detrimento de otras, obligó a construir alianzas entre los grupos que vieron mermado su poder.
Este fue el caso del PAC, que pasó de tener 13 diputados a 10, mientras que su opositor ideológico, Restauración Nacional, dio la sorpresa en campaña y logró llevar a 14 legisladores, conformando así, la segunda bancada más grande de la Asamblea.
Así las cosas, el presidente Carlos Alvarado selló una alianza con el excandidato presidencial del PUSC, y ahora su ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, en donde firmaron un documento con 58 acuerdos que deberán respetar a lo largo de esta alianza. Entre ellos están: la incorporación de la regla fiscal, una propuesta socialcristiana para adaptar el crecimiento del gasto al crecimiento del PIB y asegurar la sostenibilidad financiera del Estado.
En el capítulo económico de este acuerdo también se pacta que el Ministerio de Hacienda garantice que el gasto corriente, excluyendo el pago de intereses, no crezca más que el 85% del crecimiento del PIB nominal.
Con algunos acuerdos y desacuerdos en temas menores, este pacto allanó el camino para que el partido oficialista se apuntara el respaldo de nueve diputados más, con la excepción de la legisladora Shirley Díaz.
- El cambio de Gobierno y el texto rechazado
Con la llegada del nuevo Gobierno, se propuso un texto sustitutivo que incluía gravámenes del 4% a los medicamentos y los servicios de educación y salud privados (propuesta que se cayó). Además, se propuso gravar los bienes de la canasta básica con un 2% del IVA (al final quedó en 1%). También se añadía un impuesto de entre 5% y 20% a las ganancias de las cooperativas, lo que hubiese permitido obtener unos ₡12.000 millones. Varias de estas iniciativas no fueron del agrado de los partidos opositores, así como de la fracción del PLN, afín a la reforma fiscal pero opuesta a varias de las normas que propuso el Ejecutivo. El texto fue desechado el 17 de julio con el rechazo de los diputados Carlos Avendaño y Eduardo Cruickshank, de Restauración Nacional; Silvia Hernández, Yorleny León y Gustavo Viales, de Liberación Nacional; y José María Villalta, del Frente Amplio.
El tira y encoge en la comisión que modificó la reforma fiscal comenzó a hacer los cambios de acuerdo a sus intereses, pero sin duda, el rechazo al texto dio a conocer en dónde estaba parado cada partido y su disposición de negociar.
- El ajuste de pantalones
En una acción inusual, la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, se dirigió a los diputados en el Plenario, como así lo hace el presidente en ejercicio cada 1° de mayo. La jerarca respondió al llamado que hacían diputados de dos legislaturas y distintas bancadas: si van a impulsar más impuestos, ¿qué van a hacer por el lado del gasto?
Aguilar anunció un paquete de disposiciones a corto y largo plazo, las cuales etiquetó como “el conjunto de medidas más relevante que se han realizado en la contención del gasto desde la década de los ochenta”.
La ministra congeló los aumentos en anualidades del Gobierno central para que cada incremento salarial se realice con una suma fija. Además, fijó una nueva escala para reducir el incentivo por dedicación exclusiva para los nuevos funcionarios y ordenó reducir el presupuesto por el pago de horas extra en un 50%.
También se exigió la reducción del presupuesto de publicidad en un 30% (con excepción del ICT), una disminución del mismo porcentaje en el gasto de viajes al exterior (con excepción de Comex, ICT y Cancillería) y una reducción del 50% de actividades protocolarias, en donde las últimas tres instituciones también quedaron por fuera de esta regla.
- El hueco financiero
En medio de la discusión fiscal, en agosto pasado se dio a conocer que el gobierno de Luis Guillermo Solís heredó un faltante de recursos, a raíz de un problema de liquidez que le obligó a aumentar el uso de títulos de deuda de corto plazo. Antes de dejar el poder, no se presupuestó cuánto costaría la amortización en el pago de esos títulos.
Esta situación obligó al gobierno de Carlos Alvarado a solicitar un presupuesto extraordinario de ₡600.000 millones (1,73% del PIB), lo que ocasionó un ambiente de indignación y molestia entre los diputados de la oposición, justo en medio del proceso de elaboración de una reforma fiscal.
Luego, se dio a conocer que faltaban otros ₡300.000 millones para cubrir los ingresos que no pudo recaudar en ese año. “Es un efecto de tipo círculo vicioso. Como la situación empeora, la capacidad de hacer gestión de deuda es más difícil, eso obliga a la Tesorería a irse a plazos más cortos, por lo que el gasto por intereses incrementa. Los plazos de la deuda se acortaron mucho, eso no estaba previsto a inicios del año”, dijo Fernando Rodríguez, viceministro de Hacienda del gobierno anterior. “No es que de repente el paciente se mostró enfermo, los síntomas venían desde antes”, agregó.
- De parche a curita, el proyecto se debilita
La discusión de cuatro meses en comisión le quitó un porcentaje importante al impacto de la reforma fiscal. Tras un sinfín de negociaciones e intereses amenazados, los diputados recortaron unos ₡260.000 millones que Hacienda pretendía recaudar en un inicio. Si desde la presentación del proyecto se dijo que la reforma no sería la pomada canaria contra el déficit, con la eliminación de varios impuestos, mucho menos.
Se redujo el IVA a la educación privada, alquileres, electricidad y productos agropecuarios. También se eliminó el impuesto de renta a las utilidades de las cooperativas, una medida en la que el PLN no cedió un centímetro.
El primer texto de la reforma fiscal pretendía recolectar ₡561.903 millones (1,72% del PIB), mientras que el segundo recaudaría unos ₡463.230 millones (1,42% del PIB). Al final, con otros recortes, la reforma recaudará un total de ₡422.400 millones.
- La huelga que paralizó al país
La oposición a la reforma fiscal, que incluía capítulos de reformas de empleo público en los incentivos que reciben los funcionarios movilizó a un grupo masivo de personas, encabezado por los sindicatos de educadores, a dejar sus trabajos y lanzarse a las calles para pedir el engavetamiento del proyecto fiscal.
El movimiento inició el 10 de setiembre y hasta el cierre de esta edición aún hay personas que no han vuelto a sus puestos de trabajo. Los servicios de salud figuran entre los más perjudicados con la huelga: 112.000 citas canceladas, 3.500 operaciones reprogramadas y un total de ₡1.100 millones utilizados para comprar servicios y pagar horas extra, al no tener al personal completo en hospitales y clínicas.
A finales de setiembre, el MEP reportó que siete de cada diez empleados de escuelas y colegios no asistieron a trabajar. A otro grupo de 42 personas se les abrió un expediente por irse de viaje en media huelga.
La huelga por la reforma fiscal también puso a prueba la Reforma Procesal Laboral aprobada por Luis Guillermo Solís, la cual había sido vetada por la expresidenta Laura Chinchilla. De una veintena de declaraciones de ilegalidad, no hay claridad de cómo proceder ante eventuales despidos, rebajas de salarios o sanciones.
En medio de bloqueos, marchas multitudinarias por Paseo Colón y avenida Segunda, así como intentos por desabastecer el combustible, ni el Gobierno ni los diputados cesaron con la reforma, como así lo pedían los líderes sindicales.
- Malas señales: los bonos del tesoro
A finales de setiembre pasado, el Ministerio de Hacienda anunció que vendió ¢498.000 millones en ‘letras del tesoro’ al Banco Central, con el objetivo de obtener recursos para pagar salarios, pensiones, programas sociales y otros gastos corrientes.
La medida de emergencia no se empleaba desde 1994, y también fue una de las cartas utilizadas por el expresidente Rodrigo Facio, en 1980, cuando estalló la última crisis en el país.
Las letras del tesoro son préstamos temporales (de 90 días en este caso) que el Banco Central le hace al Gobierno para enmendar el desbalance entre gastos e ingresos; sin embargo, recurrir a esto no dice nada bueno del estado de las finanzas públicas.
- La aprobación y los fantasmas del pasado
El 5 de octubre llegó el día que todos esperaban: 35 diputados aprobaron en primer debate el proyecto 20.580 y enviaron a consulta con las instituciones, un proceso que algunos actores, como el Poder Judicial, señalaron como “tardío y que debió realizarse cuando la iniciativa se discutía en comisión”.
Los diputados de Restauración Nacional, Frente Amplio e Integración Nacional sometieron el proyecto de reforma fiscal a consulta constitucional.
Tomando en cuenta que las iniciativas de plan fiscal en los gobiernos de Abel Pacheco y Laura Chinchilla se estrellaron contra la pared cuando se sometieron a este filtro, los fantasmas acechaban al proyecto en un momento crucial, con los inversionistas expectantes del futuro de la reforma.
Se presentaron tres consultas: una que cuestionaba ocho artículos de la reforma fiscal, otra que consultaba si era necesario obtener 38 votos en segundo debate y la última, que objetaba el procedimiento y la utilización de una vía rápida. Este último punto fue el que enterró los proyectos de Chinchilla y Pacheco.
- El alza del dólar
Entre octubre y noviembre el precio del dólar comenzó a subir en las ventanillas del Monex, hasta llegar a los ¢637 en su precio de venta.
La incertidumbre del futuro del país, con una reforma fiscal aprobada en primer debate pero en un impasse en la Sala IV, una mayor flexibilidad en el tipo de cambio y la compra de dólares por parte de los costarricenses elevaron el valor de la moneda estadounidense. Eos ocasionó que las cuotas en dólares para pagar préstamos de casas, vehículos, así como alquileres en dólares, se fueran por las nubes.
10. El aval de la Sala IV
En una maratónica sesión similar a la de matrimonio igualitario, la Sala Constitucional dio su aval a la reforma fiscal, o al menos a los puntos consultados por los diputados.
De manera unánime, los magistrados consideraron que no hay inconstitucionalidad en la regla fiscal, el cobro de un 1% del IVA a los bienes de la canasta básica ni a la inclusión del presupuesto del INA y la educación maternal en el 8% de educación, entre otros puntos.
La Sala, que al cierre de edición no había emitido el fallo completo, se abstuvo de ver la consulta de procedimiento tras argumentar que llegó tarde y con firmas repetidas. De esta manera, la reforma esquivó la prueba más dura y reunió la voluntad de los tres poderes.
Con el fallo de la Sala IV, los mercados internacionales reaccionaron positivamente, más que el local, admitió Rocío Aguilar. Un paso que será complementado el próximo año con una nueva Ley de empleo público.
