País Reglamento para recetar por nombre genérico

Lobby de farmacéuticas y gremios frena decreto que bajaría precios de las medicinas

Ministro André Garnier, cuya familia mantiene vínculos con la industria farmacéutica, dice estar de acuerdo con el decreto, en tanto el médico también pueda recomendar voluntariamente un medicamento de marca y sea el consumidor el que decida.

La presión ejercida por varios gremios y cámaras empresariales del sector de laboratorios y farmacéuticas ha influido en la paralización de un decreto del Ministerio de Salud, que permitiría bajar los altos precios de las medicinas en Costa Rica.

El decreto del “Reglamento para la Prescripción de Medicamentos de Conformidad con su Denominación Común Internacional (DCI) para el mercado privado costarricense” se impulsa desde 2018 en el Ministerio de Salud y establece que todos los médicos, odontólogos y obstetras están obligados a prescribir los medicamentos por su denominación común internacional o nombre genérico y no por marca.

Sin embargo, el Ministerio insiste en que el decreto no está listo y que se debe fortalecer completando una lista de medicamentos con bioequivalencia para que se puedan recetar de forma segura.

La base de datos del Ministerio de Salud tiene 1.001 medicamentos registrados en el país para su consumo y distribución; pero solo 49 fármacos tienen estudios de bioequivalencia.

Lo cierto es que cartas de gremios de médicos, visitadores médicos, la Federación Centroamericana de Laboratorios Farmacéuticos (Fedefarma) y la Cámara Costarricense de la Salud (Promed), que agrupa a 150 hospitales, laboratorios, droguerías (distribuidoras), farmacias, distribuidores de equipos médicos y farmacéuticas muestran su férrea oposición al decreto.

Desde el año pasado también se empezaron reuniones de una “Comisión Asesora de Calidad de Medicamentos” para analizar el decreto y en la que participaban colegios profesionales, representantes de la industria farmacéutica, de universidades, consumidores y Defensoría de los Habitantes. En esta reuniones también participaba el ministro de Enlace con el Sector Privado, André Garnier.

De acuerdo con el ministro, él no mantiene ningún vínculo con la industria farmacéutica, pero sí muchos años de experiencia y, por ende, conocimiento, lo que le permitió aportar mucho al proceso. (Ver nota “Ministro Garnier afirma que no tiene vínculo con industria farmacéutica y solo aportó su experiencia”).

PACIENTES AFECTADOS EN PLENA CRISIS

Priscilla Martínez y su esposo son dos pacientes con enfermedades crónicas que, como miles de costarricenses, se ven impactados por los altos precios de las medicinas. Su esposo es diabético y ella tiene un problema de inmunidad. Tanto el año pasado como este su salud ha estado muy afectada, carecen de seguro médico y tienen dificultad para comprar algunos medicamentos en la farmacia.

Ellos creen que definitivamente si el decreto se emite podrían bajar los precios de las medicinas. “Eso que pasa es, como decir, otra corrupción. Ahí algunos doctores y casas farmacéuticas se han aprovechado. Los visitadores médicos llegan y le dicen al doctor que recomiende tal producto; y es cierto, hay productos muy buenos, originales, que están hace no sé cuantos años en el mercado; pero también hay copias registradas como tiene que ser. Hay doctores que hacen la receta por “x” medicamento porque les regalan tiquetes de avión y paseos a otros países”, criticó Martínez.

“Pero si pusieran el principio activo, el farmacéutico podría ofrecer al cliente las opciones que hay. Por ejemplo, ‘existe azitromicina de tal marca’ y que la persona escoja el medicamento que quiere. Los altos precios de los medicamentos tienen que ver con la legislación que hay aquí; es responsabilidad del Gobierno”, explicó.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) también ha reconocido que recetar por principio activo (genérico) podría bajar el precio de las medicinas. En entrevista con UNIVERSIDAD, Gustavo Mery, asesor en sistemas y servicios de salud para la OPS y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Costa Rica, apuntó que “en general sí debiera producir una vía de generar un precio más asequible para mí como consumidor”.

“Desde el punto de vista del paciente, si yo no puedo pagar un medicamento de cierto precio y existe un medicamento alternativo que es bioequivalente porque hay una autoridad regulatoria que puede garantizar eso y el precio es la mitad, yo puedo optar por un precio más conveniente u optar por continuar mi tratamiento. Sobre todo para el individuo que tiene cierta dificultad para pagar el medicamento”, declaró.

Si bien aclaró que nunca existe solo un factor para generar una baja en los precios de las medicinas, dijo que “en general debiese producir al menos un efecto hacia la baja”.

“Si yo receto el principio activo y la persona que va a pagar es la que elige el precio, probablemente se va a fijar más en que la droga equivalente tenga un precio mejor. Cuando el que decide la marca del medicamento no es el pagador y no está viendo qué alternativas hay, se produce muchas veces que no se elige lo más costo-efectivo. Entonces desde ese punto de vista hay un elemento que debiese ayudar a disminuir los precios”, comentó Mery.

LA RUTA DEL REGLAMENTO

El “Reglamento para la Prescripción de Medicamentos de Conformidad con su Denominación Común Internacional (DCI) para el mercado privado costarricense” básicamente dice que todos los médicos, odontólogos y obstetras están obligados a prescribir todos los medicamentos por su denominación común internacional o nombre genérico.

Y agregaba que los médicos podrán incluir en la receta la marca del medicamento si hay “razones clínico farmacológicas” que justifiquen recomendar dicho producto.

En mayo de 2019, el Ministerio de Salud lo sacó a consulta y anunció que recibiría opiniones hasta el 31 de mayo.

Desde un principio el Colegio de Médicos y Cirujanos lo tachó de “ilegal, inconstitucional e innecesario”, dijeron que coartaba la libertad del profesional en medicina para recomendar determinados medicamentos al paciente, y que el reglamento podría hacer que los pacientes escojan un medicamento basándose en su precio y no en su calidad.

Como el proceso no avanzaba, en la segunda mitad de 2019 comenzó a reunirse una mesa de diálogo en Casa Presidencial, para discutirlo.

El año pasado UNIVERSIDAD publicó que el Colegio de Médicos y Cirujanos confirmó una reunión realizada el 20 de setiembre en Casa Presidencial, en la que participaron miembros del Colegio; Daniel Salas Peraza, Ministro de Salud; y el ministro André Garnier Kruse.

Posteriormente, se eliminó del decreto la obligación del médico de justificar las razones clínico farmacológicas para recetar por marca y el ministro Salas dijo que esta medida solo se aplicará en el caso de los medicamentos que no tengan equivalente terapéutico.

Asimismo, se confirmó que en octubre el Ministerio convocó a una reunión de la “Comisión Asesora de Calidad de Medicamentos” para analizar el decreto, y participaron representantes de la Asociación de Industria Farmacéutica Nacional (Asifan), la Federación Centroamericana de Laboratorios Farmacéuticos (Fedefarma), la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), la Universidad de Costa Rica (UCR), el Colegio de Farmacéuticos y el Ministerio de Salud, entre otros.

A finales de 2019 el Ministerio de Salud informó a este medio que aún se trabajaba en la última versión del texto.

En febrero de 2020 el ministro Salas declaró a UNIVERSIDAD que aún están trabajando en el decreto y que esperaba firmarlo a final del primer semestre del año.

En abril, el ministro removió al viceministro Dennis Angulo, quien ocupó el puesto desde mayo del 2018, como parte de una “reestructuración institucional” necesaria en la atención de la emergencia por el COVID-19, se informó.

Angulo había impulsado el decreto desde el inicio del gobierno de Carlos Alvarado y durante la gestión de la exministra de Salud, Giselle Amador, de mayo a diciembre de 2018.

En entrevista con UNIVERSIDAD y apenas anunciada su salida como viceministro, Angulo dijo: “Es un tema que me deja un sabor agridulce. Es un tema que pudimos haber llevado o se puede llegar más allá. No solo con el fortalecimiento del registro sanitario aquí, sino en políticas de Estado que propusimos a través de un decreto que aún no ha salido, a pesar de que nosotros lo concluimos en el despacho. Sobre todo ahora que la gente está golpeada, no solo anímicamente, sino que va a estar golpeada económicamente”.

“El precio de los medicamentos es sumamente importante, y pudimos haber incidido en la baja de ellos. Yo cumplí con mi parte, como política de Estado y también como política implementada en otros países con el uso de los genéricos que abaratan los costos. De eso hay un decreto, está totalmente terminado, fue validado en consulta pública, pero es una decisión que no me compete a mí la parte de aprobarlo. Le corresponde al señor ministro y al Presidente de la República”, añadió el viceministro.

El mes pasado, el Ministerio de Salud informó a UNIVERSIDAD que trabajan para aumentar el número de medicamentos “bioequivalentes” que pueden incorporarse a esta modalidad de receta por genérico y que esto ha retrasado la presentación del decreto. Afirman que harán esto durante lo que resta del año para poder emitir el reglamento en el 2021.

LA POLÉMICA DE LA BIOEQUIVALENCIA

La base de datos del Ministerio de Salud presenta 1.001 medicamentos registrados en el país para su consumo y distribución; pero según informó el ente en agosto, solo 49 fármacos tienen estudios de bioequivalencia. UNIVERSIDAD solicitó cifras actualizadas al Ministerio de Salud, pero no recibió respuesta antes de la fecha de cierre.

Germán Madrigal Redondo, director del Instituto de Investigaciones Farmacéuticas (Inifar) de la Universidad de Costa Rica (UCR), explicó que un estudio de bioequivalencia significa comparar un medicamento con otro para ver que actúen de forma similar en el cuerpo, que se liberen en el mismo sitio de acción, que se absorba en el mismo lugar, en la misma proporción, y que se metabolice por las mismas vías.

Horace Strickland Torres, presidente de la Asociación de Farmacéuticos y Propietarios de Farmacias Independientes (Afaprofaco), dijo que a ellos como profesionales en salud, especializados en medicamentos, les preocupa muchísimo velar por la calidad de los medicamentos que reciben los pacientes. “Tampoco quisiéramos que el mercado se llene de productos que no sirven o que sean de mala calidad pero el hecho de que durante todos estos años el Ministerio de Salud haya permitido la venta de medicamentos que no tenían estudios de bioequivalencia es algo positivo, ya que la práctica ha evidenciado su seguridad y eficacia”.

“Hay 45 moléculas, de todo el universo de medicamentos registrados en el país, que tienen estudios de bioequivalencia. Se ha demostrado que tanto el mercado nacional institucional (CCSS) como el privado usan medicamentos que han demostrado ser seguros y eficaces a lo largo de los años sin tener el estudio de bioequivalencia, el cual ha probado que encarece los medicamentos”, añadió Strickland.

Por su parte, Germán Madrigal, del Inifar, opinó que ampliar la lista de medicamentos con bioequivalencia en el momento económico actual no tiene sentido, porque primero es necesario desarrollar las capacidades tecnológicas nacionales para estudios de bioequivalencia y bioexenciones y debe articularse un eje nacional de farmacovigilancia. De no ser así “se va a disparar el precio de los medicamentos, van a salir un montón de marcas del mercado y van a despedazar a las empresas nacionales”.

Citó de  ejemplo el caso de un medicamento esencial antiarrítmico de una marca nacional que tenía más de 20 años de comercializarse en el país, a la que hace unos años le pidieron la bioequivalencia cuando tuvo que renovar el permiso sanitario. Pero como el estudio costaba $100.000, el laboratorio decidió dejar de producirlo y se ha generado escasez.

PRESIÓN DE GREMIOS, LABORATORIOS Y FARMACÉUTICAS

Lo cierto es que varios gremios y cámaras empresariales del sector de laboratorios y farmacéuticas han presionado para que se incluya el tema de la bioequivalencia y se han opuesto al reglamento.

En una carta enviada el 20 de mayo de 2019 al Ministerio de Salud, el Colegio de Médicos y Cirujanos manifestó que el reglamento era innecesario, restringía la libertad de prescripción del médico e imponía sanciones desproporcionadas a las farmacias y a los consultorios médicos.

La Asociación de Visitadores Médicos de Costa Rica (Asvimed) envió una carta el 22 de mayo, exigiendo al Ministerio que presente los estudios de bioequivalencia para una lista de medicamentos críticos, ya que “no todos los genéricos son iguales e intercambiables entre sí”.

También quería que se desincentive la elección de un medicamento por parte del paciente basada solo en el factor precio, y que más bien se impulse “una cultura de educación sanitaria en la población” que dé asesoramiento de un profesional sanitario en la relación costo/beneficio entre las alternativas disponibles.

El 31 de mayo la Asociación de Genéricos Farmacéuticos (Agefar) manifestó que la normativa consideraba únicamente el precio “sin valorar el concepto de salud pública en su totalidad” y que proponía sanciones drásticas.

Por otra parte, la Cámara Costarricense de la Salud (Promed), que agrupa a 150 hospitales, clínicas, laboratorios, droguerías (distribuidoras), farmacias, aseguradoras, universidades, importadores y distribuidores de equipos médicos y farmacéuticas dijo que el reglamento debía retirarse de consulta pública.

En una carta enviada el 28 de mayo al Ministerio señaló que hay que considerar la división de responsabilidades entre profesionales en medicina y odontología, y farmacéuticos; la preparación del país en bioequivalencia; y nivel de acceso a información de parte de los pacientes.

También se opuso la Federación Centroamericana de Laboratorios Farmacéuticos (Fedefarma) argumentando que violaba la libertad de prescripción del médico y que era “inaplicable” en Costa Rica hasta tanto no hubiera exigencia de bioequivalencia y control de prácticas anticompetitivas en farmacias.

La Fedefarma sugirió que se formara una comisión donde participara “la industria interesada, Colegio de Médicos, Colegio de Farmacéuticos y la Dirección de Apoyo al Consumidor del MEIC”.

Así fue como se conformó la “Comisión Asesora de Calidad de Medicamentos”, una mesa de diálogo, a la que fue convocado a participar el ministro de Enlace con el Sector Privado, André Garnier, según confirmó el jerarca a UNIVERSIDAD.

REGALÍAS Y BONOS PARA LOS MÉDICOS 

Las prácticas comerciales poco éticas que usan los laboratorios para influir a los médicos a recetar productos de marca y generar demanda son conocidas.

El estudio del Observatorio de Desarrollo de la Universidad de Costa Rica (UCR) “Metodología para el análisis y promoción de la competencia en el mercado privado de medicamentos” documenta que esto lo hacen mediante visitas explicativas, muestras gratuitas, folletos y afiches de apoyo, objetos alusivos, publicidad en publicaciones especializadas y eventos profesionales, financiamiento de actividades científicas y recreativas y el pago de comisiones por volumen de prescripción.

Asimismo, el estudio “Costa Rica Sector de Productos Farmacéuticos y Medicamentos para uso humano” también documentó que los representantes de ventas de las farmacéuticas “persuaden” a los médicos para que prescriban sus medicamentos y les envían muestras como parte de su estrategia de mercadeo.

Pero la estrategia también se enfoca en las farmacias, porque según dicho estudio elaborado por Proexport Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Fondo Multilateral de Inversión (Fomin), una característica importante del costarricense es el automedicarse o utilizar al farmacéutico como un doctor que le recomiende qué puede tomar.

Con las farmacias se usan prácticas como el pago de regalías (push money), compra de mobiliario por parte del laboratorio y pagos extraordinarios para lograr mejor visibilidad en los estantes.

¿Qué medidas podrían solucionar esto? El estudio del Observatorio de Desarrollo menciona un protocolo de tratamiento y prescripción y la prescripción por genérico.

La organización global Médicos Sin Marca, por ejemplo, propone combatir estos conflictos de intereses entre farmacéuticas y médicos a través de normas que los obliguen a declarar todos sus intercambios económicos.

Ministro Garnier afirma que no tiene vínculo con industria farmacéutica y solo aportó su experiencia

Fabiola Pomareda García

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El ministro de Enlace con el Sector Privado, André Garnier, aseguró que no tenía ningún vínculo con el sector farmacéutico; pero sí muchos años de experiencia y, por ende, conocimiento, lo que le permitió aportar mucho al proceso.

El jerarca dijo estar totalmente de acuerdo con el decreto, mientras el médico indique obligatoriamente el ingrediente activo, y mientras pueda recomendar voluntariamente un medicamento de marca, y sea el consumidor el que decida cuál comprar.

Garnier fue gerente general de la Central Farmacéutica S.A. (CEFA) de 1970 a 1995. CEFA fue adquirida por Grupo Cuestamoras en 2015 y dicho conglomerado es parte de la Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED). Uno de los hijos de Garnier es Philippe Garnier, quien figura como secretario de AED.

En las zonas francas Flexipark, Global Dos y El Coyol, en las que también aparece su hijo Phillipe Garnier como miembro de las juntas directivas, se encuentran las empresas Pfizer Zona Franca S.A., GFI Pharma Logistics (Grupo Farmanova Intermed) y Abbot Medical Costa Rica Ltda. Solo en la ZF El Coyol hay 28 empresas del sector salud y ciencias de la vida, según datos de la Coalición de Iniciativas para el Desarrollo Empresarial (Cinde).

A continuación, las respuestas a las consultas de UNIVERSIDAD.

¿En qué carácter participó usted en las reuniones/mesas de diálogo sobre medicamentos que hubo durante 2019 en Casa Presidencial? ¿Cuál ha sido su rol en esas reuniones?

Fui convocado a participar en estas reuniones como ministro de Enlace con el Sector Privado.

¿Cuál es su posición sobre el Reglamento de Prescripción por Denominación Común Internacional (DCI)? ¿En qué puntos específicos está de acuerdo y en cuáles no?

Yo estoy totalmente de acuerdo con el decreto, en el tanto se indique obligatoriamente el ingrediente activo, por el médico que prescribe, que el médico pueda recomendar voluntariamente un medicamento de marca y sea el consumidor, a la hora de hacer la compra, el que tenga la decisión final.

¿Por qué no ha salido el decreto si ya estaba listo desde el 2019? Desde su despacho, ¿cómo lo explica?

Esta es una competencia del Ministerio de Salud y asumo que por estar atendiendo la emergencia que ha causado el COVID-19 se han concentrado en esas labores, lo que encuentro absolutamente razonable.

¿En qué afectaría el decreto a la industria farmacéutica, laboratorios nacionales, droguerías y cadenas de farmacias?

El decreto le daría al consumidor la decisión de adquirir el medicamento que más se ajuste a sus necesidades y posibilidades.

¿En qué beneficiaría a los ciudadanos que se ven en la necesidad de comprar un medicamento en el mercado privado?

El decreto le daría al consumidor la decisión de adquirir el medicamento que más se ajuste a sus necesidades y posibilidades.

Usted fue gerente general de la Central Farmacéutica S.A. (CEFA) de 1970 a 1995 según su CV. ¿Considera conveniente su participación como enlace en esta mesa de diálogo sobre medicamentos, considerando su vínculo de negocios y el de su familia con el sector farmacéutico?

Como bien lo dice, desde el año 1995 hace 25 años salí de CEFA SA y no tengo, ni yo ni mi familia, ningún vínculo con la empresa desde el mes de mayo de 1995. Tampoco lo tengo con el sector farmacéutico de ninguna forma. Mi participación en las mesas de diálogo creo que fue positiva, por no tener yo ningún vínculo con la industria farmacéutica, pero sí muchos años de experiencia y, por ende, conocimiento, lo que me permitió aportar mucho al proceso.

En las zonas francas Flexipark y Global Dos, donde Procomer afirma que usted figura como representante, se encuentran las empresas Pfizer Zona Franca S.A. y GFI Pharma Logistics (Grupo Farmanova Intermed). Según el Registro, su hijo Phillipe Garnier también aparece como miembro de la directiva de zona franca El Coyol, donde está Abbot Medical Costa Rica Ltda. ¿Considera conveniente su participación en esta comisión sobre medicamentos, considerando su vínculo de negocios y el de su familia con esta industria?

La información que usted menciona de Procomer es falsa, porque yo no tengo posición alguna en ninguna de las empresas que usted menciona y así ha sido verificado con Procomer. Las empresas que usted menciona que operan en ZF Coyol se dedican exclusivamente a la manufactura de implementos médicos un sector diferente y no a farmacéuticos, por lo que no existe ningún conflicto de interés, ni ninguna razón por la cual no deba contribuir con mis conocimientos y experiencia a la mesa de diálogo.

Repito, no tengo nexo alguno con el sector farmacéutico y no tengo posición ni participación en las empresas de zona franca, lo cual ya he certificado a su medio”.

El artículo “Ministro del sector privado André Garnier y su hijo Philippe representan juntos a cinco zonas francas” publicado el 23 de setiembre por UNIVERSIDAD, cita una base de datos enviada por la oficina de prensa de Procomer, que aún está en el sitio de la Promotora.

Pero del despacho del ministro se recibió una carta de Procomer con fecha 23 de setiembre, en la que se indica que el representante legal de Flexipark Setenta y Cinco Porthos S.A, es el señor Philippe Garnier Diez (hijo de André Garnier).

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