A medida que la violencia y las tensiones políticas ganan terreno en países de la región, se multiplica el número de familias que dirigen sus pasos en busca de refugio en Costa Rica.
Contado como el primer país de América Central y el segundo en América Latina después de Ecuador por la cantidad de personas extranjeras refugiadas en su territorio, Costa Rica experimenta desde el 2014 un exponencial crecimiento de solicitudes de refugio, que se duplica año con año.
El país registra 4.507 refugios reconocidos y 6.546 solicitudes, según cifras proporcionadas por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (Acnur) al pasado 30 de setiembre. Más de la mitad de las personas con estatus de refugiadas son de nacionalidad colombiana (2.375).
En el 2014 se presentaron 1.384 solicitudes de refugio, en el 2015 fueron 2.203, en 2016 llegaron a 4.460, y a setiembre del presente año iban por 5.000. Se prevé al finalizar el año sean alrededor de 7.000.
“La previsión es que para el 2018 tengamos unas 10.000 solicitudes, en el 2019 unas 15.000 y en el 2020 lleguemos a 20.000”, calculó Miguel Urbano, oficial de Soluciones Duraderas de Acnur.
Costa Rica es reconocido en la comunidad internacional como un país modelo en la región por las buenas prácticas para la integración de las personas refugiadas en áreas urbanas, pero enfrenta desafíos para responder al creciente flujo de refugiados que debe atender por razones humanitarias y por las obligaciones de convenciones internacionales sobre refugiados suscritas en el marco de las Naciones Unidas.
En agosto pasado, durante un encuentro con el presidente Luis Guillermo Solís y otras autoridades del Gobierno, Filippo Grandi, Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, destacó el modelo ejemplar del país, pese a los retos que se mantienen para la atención a la población refugiada.
En esa perspectiva, se estableció un plan de acciones para tres años hasta el 2020 con 64 acuerdos que permiten poner en diálogo y comunicación a entidades de diversa índole, para ver cómo el país enfrenta de la mejor forma las tareas que existen en aspectos como el acceso a la documentación, para que las personas solicitantes de refugio tengan de una manera justa y pronta su documento de permiso de trabajo, y que puedan integrarse cuanto antes a la comunidad.
Como lo señaló Urbano, cuanto antes una persona puede estar con sus documentos legalmente reconocidos y cuanto antes puede estar trabajando, más y mejor podrá aportar y dejar de recibir ayudas estatales, podrá contribuir con su salario y con ingresos al fisco, y desarrollarse con dignidad como una persona sujeto de derechos y en igualdad de condiciones al costarricense.
Entre los problemas para resolver están los tiempos de otorgamiento de la cita en la Dirección General de Migración y Extranjería, donde la persona solicitante narra la situación que pasó en su país de origen y muestra las pruebas sobre su condición para justificar su solicitud de protección.
El tiempo de otorgamiento de la cita está entre ocho meses y 10 meses, y lo que se busca es acortar ese tiempo y el de la resolución de la solicitud, la cual tiene una primera instancia en la comisión para refugio y una segunda instancia en el tribunal administrativo migratorio.
Acnur colabora con apoyo técnico y con recurso humano y capacitación de funcionarios y los jueces del tribunal administrativo migratorio. El organismo está apoyando con abogados en busca de reducir los tiempos de las citas, y de las respuestas una vez rendida la declaración del solicitante, y si la respuesta es negativa, para el acceso a recursos de apelación.
Costa Rica ha desarrollado buenas prácticas en materia de protección, defensa de los derechos humanos, garantías, integración de las personas refugiadas, pero no se puede invisibilizar que los flujos de ayuda al desarrollo y cooperación de los países donantes han ido disminuyendo drásticamente en los últimos años, porque el país ha entrado a una categoría de “renta media alta”, y no es sujeto de cooperación, o lo es en menor escala, observó Miguel Urbano.
“Hemos apoyado al Gobierno en que estas buenas prácticas con las personas refugiadas sean puestas en el tapete ante la comunidad internacional, y sean las que llamen a una mayor canalización de ayuda para Costa Rica, que está haciendo bien su tarea, a pesar de circunstancias complicadas de crisis fiscal y además congelamiento de plazas.
Pero también el Gobierno demanda que la comunidad internacional se involucre y reconozca mecanismos de financiación para asistencia humanitaria, que sean puestos en marcha para fortalecer los buenos resultados ya logrados, y mejore la respuesta a solicitantes de asilo en el país”, comentó el funcionario internacional.
En el mundo, actualmente se cuentan unos 65 millones de refugiados en países fuera de sus propias naciones, expulsados de sus hogares por conflictos políticos, guerras o crisis humanitarias, a los que se suma un flujo de inmigrantes de aproximadamente 245 millones de personas.
Respecto a la situación regional, Urbano menciona la posibilidad de que los históricos flujos migratorios de sur a norte hacia Estados Unidos se desincentiven con los muros fronterizos y políticas migratorias restrictivas que impulsa la administración Trump, y sean países de Centroamérica los que reciban mayor cantidad de personas en situación de movilidad.
FACILITAR EL EMPLEO
Solamente el 55% de las personas refugiadas en el país cuenta con empleo formal, mientras que un 20% trabaja bajo la condición de empleo informal y el 25% restante se encuentra desempleado, según el diagnóstico realizado por la Fundación Mujer1, organización socia de Acnur.
Con miras a resolver el problema de empleabilidad de esta población, el pasado 24 de noviembre fue lanzada la campaña Vivir la Integración en su Dimensión Empleo, un esfuerzo de entidades públicas y privadas para promover la inserción laboral de personas refugiadas o solicitantes de la condición.
La iniciativa involucra al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) junto con la Cámara de Comercio, Cámara de Industrias y Cámara de Comercio Diversa, con el fin de ofrecer mayores oportunidades laborales a la población refugiada en el país, con el respaldo de Acnur.
A través de la dirección www.vivirlaintegracion.cr los interesados, tanto la población refugiada como el sector empresarial, se pueden informar e inscribir en el programa.
El pasado 20 de junio, en el marco del Día Mundial del Refugiado y el Día Nacional de la Persona Refugiada, se firmó un acuerdo para que los refugiados y solicitantes tengan acceso a los servicios de empleo y los diversos programas que ofrece el MTSS.
“El convenio firmado entre el Ministerio de Trabajo y Acnur permite ofrecer condiciones favorables para la inserción de estas personas en el mercado laboral, entendiendo que han tenido que salir de sus países no por gusto, sino por necesidad y es una responsabilidad del Estado receptor brindar las oportunidades necesarias para el desarrollo personal y laboral de estas familias”, destacó Alfredo Hasbum, Ministro de Trabajo.
La intermediación laboral que ejecuta el programa Vivir la Integración en su Dimensión Empleo consta en realizar perfiles personalizados de las necesidades ocupacionales de las empresas y a partir de este brindar procesos de formación técnica ocupacional especializada, acceso a bases de datos de oferentes que se ajusten a los perfiles necesitados, registro en plataformas de intermediación laboral, organización de ferias de empleo y referencia directa de personas oferentes que cuenten con las competencias necesarias.
El MTSS se compromete a dar seguimiento a estos procesos para potenciar la inserción laboral de las personas refugiadas y solicitantes, a quienes también se les dará acompañamiento, así como a las empresas.
Entre las motivaciones para apoyar la iniciativa, el director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Francisco Gamboa, mencionó que una parte de la población refugiada está conformada por profesionales y técnicos con las competencias y habilidades necesarias en ciertos sectores de la industria, como es el caso de ingenieros en sistemas, y especializaciones en electricidad, entre otros. Además, estos programas permiten concientizar al sector empresarial sobre la facilidad de la contratación de personas refugiadas, pues hay una idea generalizada de que el trámite es engorroso.
La principal expectativa con esta plataforma es facilitación a la empresa sobre posibles candidatos a puestos profesionales y técnicos; la interrelación con otros sectores del mercado adscrito a la plataforma sobre las mejores prácticas de empleabilidad para personas refugiadas, y la interrelación con entes gubernamentales sobre las aclaraciones y simplificación en tramitología, anotó Gamboa.
Miguel Urbano explicó que el propósito es que las personas solicitantes y refugiadas que cumplen con los criterios que la ley reconoce puedan integrarse en los mecanismos de combate a la pobreza, formación técnica e integración laboral que ya el Estado posee.
Por ejemplo, que las personas refugiadas con permiso de trabajo participen en las ferias de empleo que hace el MTSS, y se aproveche la red muy amplia de empresas colaboradoras que existe.
A la vez se trabaja en la sensibilización de las empresas contratantes y funcionarios que brindan atención directa a las personas refugiadas, sobre cuáles son las particularidades de estas personas y entiendan cuáles requisitos se les puede solicitar y cuáles no. Que no se genere un estigma para la persona con carné de refugiado, y se tenga claridad de que está buscando trabajo en igualdad de condiciones porque la ley lo ampara.
Acnur a través de las diferentes agencias socias y organizaciones de la sociedad civil, provee apoyo económico para alimentos y alojamiento para refugiados, y en cooperación con el Ministerio de Educación facilita que los hijos de personas refugiadas puedan ingresar al sistema educativo mediante unos procedimientos más flexibles.
Además, por medio de las agencias socias se asesora a las personas acerca de cómo presentar un recurso ante la instancia correspondiente, en caso de que su solicitud haya sido denegada, o para formar parte de un proceso de empoderamiento o formación, y se facilita terapia de profesionales en el caso de personas con traumas psicológicos y con necesidades de atención psicosocial.
Persona refugiada
De conformidad con la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados (1951), un refugiado es una persona que tiene fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, u opiniones políticas; se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o no quiere acogerse a la protección de ese país, o regresar a él a causa de dichos temores.
Etapas
En los años 80 del siglo pasado Costa Rica figuraba como como un país eminentemente receptor y había campamentos de refugiados centroamericanos.
En el año 2000 empieza una nueva etapa cuando aumenta la llegada de refugiados de nacionalidad colombiana, hasta el 2014, cuando se incrementa el arribo de solicitantes procedentes del norte de Centroamérica, sobre todo El Salvador y Honduras. Se trata fundamentalmente de personas que huyen por razones de seguridad, amenazas contra su vida y persecución de las maras (pandillas violentas).
A partir del 2016 los solicitantes de refugio son en mayor medida personas de nacionalidad venezolana, y de hecho en el 2017 son el primer grupo de solicitantes. Luego siguen El Salvador, Honduras, Colombia y Cuba.
A diferencia de las provenientes de Colombia y Venezuela – que generalmente son personas con estudios universitarios y con algunos recursos para establecer actividades económicas por cuenta propia- las personas de Honduras y El Salvador tienen un nivel de estudios menor, con familias más amplias.
Entre los solicitantes hay también personas de diversidad sexual LGBTI por amenazas contra su vida y que no pueden desarrollarse en sus países de origen.
Hay asimismo algunas personas solicitantes de África y Asia, de países como el Congo, Siria y Etiopía, pero lo refugiados reconocidos de ese origen no pasan del centenar.
Fuente: Miguel Urbano, oficial Acnur.
