Listas de espera y amparos son amenaza millonaria para la CCSS

• Resolución podría ser utilizada como antecedente legal para que pacientes pidan compensaciones similares.

La combinación entre las listas de espera, la poca disponibilidad de personal e infraestructura y la presentación de recursos de amparo por pacientes afectados, podría costarle millones de colones a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Esto luego de que la Sala Constitucional avalara que la CCSS debía compensar con ¢1.000.000 el daño moral causado por la demora en atender la lesión de un deportista y estudiante de Derecho en 2009.

En total, hablamos de la retribución por “daños y perjuicios” más los intereses y los gastos del proceso administrativo; todo esto fue cobrado por Juan José Navarro tras ganar un recurso de amparo que interpuso en la Sala Constitucional y que luego fue ejecutado por el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.

El caso fue expuesto a UNIVERSIDAD por el propio Navarro, quien se lesionó en 2009 y  tuvo que esperar dos años para ser operado y que le corrijan una ruptura de ligamentos en su rodilla izquierda, cirugía que fue pospuesta en 2011 por una huelga de anestesiólogos y por el agotamiento de los dispositivos necesarios para la intervención.

“Debía esperarme hasta julio del 2011. Yo le expliqué al médico que no podía esperar tanto tiempo, ya que era atleta de alto rendimiento en la disciplina de boxeo y que participaría en la primera eliminatoria hacia el ciclo olímpico de Londres 2012; pero el médico me indicó que no podía hacer más que incorporarme en la lista de espera o de lo contrario debía operarme en una clínica privada, algo que me era imposible”, explicó Navarro a este medio.

“Llegada la fecha de operación, los médicos anestesiólogos se encontraban en huelga general luchando por el reconocimiento de las vacaciones profilácticas, entre otros extremos laborales, y por esto me suspendieron de forma indefinida la operación, lo que me impulsó a presentar un recurso de amparo contra la CCSS”, detalló.

Ante ello, en la resolución del recurso (Voto 2011010883), la Sala Constitucional condenó a la CCSS al “pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados por los hechos”, algo que primero fue ejecutado por el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda (Sentencia No. 215-2013) por un monto de ₡4.000.000 y que, en segunda instancia, fue revisado y rebajado por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia a ₡1.000.000 tras un recurso de casación.

En la última sentencia, eso sí, la Sala Primera reconoció el daño personal causado por los aplazamientos de las operaciones, aunque acogió parcialmente un recurso de interpuesto por la CCSS y modificó el monto de la indemnización, tomando en cuenta “parámetros de equidad, proporcionalidad y razonabilidad”.

No obstante, la situación ahora es analizada desde distintos puntos de vista. Por un lado, están quienes aseguran que se trata de un caso “muy particular” que no podría extrapolarse a otros pacientes, mientras que, por el otro, están quienes utilizan la resolución como ejemplo para alegar lo que consideran “irregularidades” en la institución.

Juan José Navarro, afectado:

“Lo último que se quiere es lastimar al Seguro”

Pasado el proceso legal de casi cinco años, Navarro argumentó que ahora solo espera que “los hospitales vuelquen la mirada hacia los pacientes”, de forma que sean vistos “con ojos humanistas y no como un expediente más”.

Para Navarro, el proceso debe servir para que la CCSS procure la generación de hospitales cada vez más “robustos, modernos y eficientes”, algo que considera necesario para que cumplan con sus funciones.

“Con este antecedente, lo último que se quiere es lastimar al Seguro Social con las cuantiosas demandas que generarían las listas de espera”, indicó el amparado. “Por el contrario, lo que se pretende es que con medidas de control sancionatorias la institución se preocupe por fortalecer la atención médica”, subrayó.

Al respecto, también indicó que la resolución “le da una sanción también económica a la CCSS”, lo que implica un llamado de atención para mejorar sus atenciones.

“Reconocieron (la Sala IV) que el tiempo que uno espera en el hospital es indemnizable, por el sufrimiento o por oportunidades que se pierden. En mi caso era que yo no podía entrenar, pero hay otras personas que pierden su empleo o se tienen que quedar en su casa o hasta pierden la vida”, destacó.

“De aquí en adelante es importante que se le haya hecho saber a la CCSS que ese daño es cuantificable y también a los administrados para que, cuando estén ante este problema, soliciten a la Sala Constitucional que se realice la operación, pero que además se ejecute  la indemnización por daño moral por la vía contencioso administrativa”, apuntó.

Además, Navarro reconoció que si bien Costa Rica cuenta con “uno de los mejores sistemas de salud de Latinoamérica”, son necesarias “las sanciones”, puesto que señalan los puntos en los que se debe seguir mejorando.

“Este tipo de resoluciones lo que viene a hacer es exigirle o prevenir a la Caja que realice de forma  eficiente su trabajo y a los directores de la Caja para que realicen de forma eficiente su trabajo con el fin de no perjudicar ni al administrado, ni a la institución”.

“Imagínese que por cada persona en la lista de espera que reclame y les reconozcan  ₡1.000.000, ahora ellos deben prever este tipo de situaciones”.

Un antecedente delicado

Sobre el caso antes expuesto son distintas las posiciones; sin embargo, la mayoría se centra en la “particularidad” de esta resolución o en su oportunidad para discutir temas como las listas de espera y la disponibilidad logística de personal e infraestructura, entre otros asuntos que envuelven al Seguro Social.

Sobre esta materia, conversamos con el representante de los Trabajadores dentro de la Junta Directiva de la CCSS, Mario Devandas; el secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores de la Caja y el Seguro Social (Undeca), Luis Chavarría; el exdirector de la CCSS, Pablo Sauma; y el abogado constitucionalista Manrique Jiménez; quienes expresaron sus principales conclusiones sobre las resoluciones y sus respectivos impactos.

Además, se intentó localizar a las autoridades de la CCSS a través de llamadas telefónicas y correos electrónicos dirigidos al despacho de la Presidencia Ejecutiva, la Subárea de Prensa y otras áreas administrativas; sin embargo, fue imposible contactarlas hasta el cierre de esta edición.

En el proceso, se contactó a distintos voceros de la institución, quienes aseguraron que realizarían esfuerzos por concretar las comunicaciones, algo que nunca ocurrió a pesar de las advertencias sobre el cierre de esta edición (desde el viernes 21 de abril).

Mario Devandas: “Hay un problema de especialistas”

Sobre la particularidad del caso, el representante de los trabajadores dentro de la Junta Directiva de la CCSS, Mario Devandas, fue claro: “Hay particularidades en cada caso y cada caso tiene que ser analizado con cuidado”.

Sin embargo, el directivo reconoció que las listas de espera “son consecuencia de cosas que no se han hecho bien en la CCSS”, por lo que recordó que debe existir siempre “una forma para que los ciudadanos reclamen sus derechos”.

“Sé que esto puede abrir un portillo que le cueste muchos millones de colones a la Caja, pero por otro lado está el problema de la indefensión de la gente. ¿Qué hace usted si llega con un padecimiento importante y le dan la cita a dos o tres años”, expresó.

“La ciudadanía tiene que responder y reclamar mucho porque no se puede seguir tolerando que se den citas a dos o tres años. Se ha hablado mucho de la judicialización de la salud, sin embargo, en el caso de una persona que haya sido afectada por listas de espera o por mala praxis me parece que existe el derecho de exigir que se haga justicia”, subrayó.

Además, el funcionario comentó que, en general, la situación “amerita un debate mayor sobre las causas de estas listas de espera”, algo que atribuyó principalmente a que “hay problemas con la falta de especialistas”.

“No es fácil, porque hay un problema también de infraestructura y de equipo, pero en lo esencial hay un problema de especialistas y de gestión, no solo desde los hospitales, sino también desde el plano institucional”, destacó.

Luis Chavarría: “Hace falta que el Ministerio Público dé con los responsables”

En torno al caso en cuestión, el secretario general de Undeca, Luis Chavarría, también fue enfático en señalar que existen responsabilidades de la CCSS que deben ser estudiadas y que explican los problemas generados por las listas de espera.

Además, indicó que “ojalá todos los ciudadanos tuvieran la capacidad y el conocimiento para defenderse” ante este tipo de situaciones, a las que calificó como “tragedias”.

“La CCSS, a pesar de haberle hecho creer a la gente que está resolviendo todas estas cosas, no lo ha hecho; eso lo ha estado haciendo por medio del ocultamiento de listas, lo que significa no llevar ningún control sobre la gente”, señaló Chavarría.

En esta línea, deseó que este tipo de fallos “sienten precedentes no para que la CCSS tenga que pagar “recompensas” a gente que gasta muchos recursos, sino para que la Junta Directiva pague montos mucho mayores” o “se sienten responsabilidades” sobre ellos.

Al respecto, señaló que los recursos de amparo contra la Caja son cada día más y que sientan antecedentes contra lo que considera un problema de fondo, que debería resolverse pidiendo cuentas a altos funcionarios “presentes y pasados”, a los que acusa de haber actuado “ineficientemente”.

“Si aquí se quisiera condenar y enjuiciar a muchos altos jerarcas, ya existen todas las pruebas para ese asunto. Aquí lo que hace falta es que el Ministerio Público siente los precedentes y que busque los responsables”, concluyó.

Pablo Sauma: “Este es un caso muy específico por las características del demandante”

Por su parte, el exdirector de la CCSS, Pablo Sauma, se refirió al caso en específico, ante el que aseguró que se debe tomar en cuenta su particularidad y el razonamiento de los jueces.

“Es un caso muy particular y no responde a la generalidad de las listas de espera. Debe quedar muy claro que al demandante se le dio atención de todo tipo, y si bien se presentaron retrasos -lo cual lleva a que la Sala Constitucional declare con lugar el recurso-, en la ejecución de la sentencia por parte del tribunal contencioso administrativo se declararon sin lugar la mayoría de las pretensiones del demandante, y luego casación redujo aun más lo otorgado”, señaló.

Además, comentó que “independientemente de este caso -que insisto es diferente-, la Caja tiene muchos años de tratar de solucionar el problema de las listas de espera, con resultados poco satisfactorios a nivel general -aunque positivos en casos particulares de especialidades o establecimientos de salud”.

“Si no lo ha logrado solucionar a un nivel “aceptable” -porque se debe reconocer que no se debe esperar que las listas desaparezcan, pues siempre van a existir- es porque no han hecho bien las cosas. Si lo que han hecho no ha servido, entonces deben hacer las cosas diferentes”, comentó.

También, tras realizar una comprensión propia de las sentencias, Sauma agregó que “el análisis que realiza en Tribunal Contencioso sobre el pago de cada uno de los rubros solicitados es muy serio e interesante” y que “lo único que reconoce son ¢4.000.000 por daño moral”, de ¢136.000.000 que solicitó por diferentes rubros (¢20.000.000 por daño moral).

“Luego, casación está de acuerdo con el análisis de la jueza del contencioso, excepto en lo que se refiere a la “equidad, proporcionalidad y razonabilidad” del monto, que reduce a ¢500.000″ (aunque en la sentencia se cifra un monto de ¢1.000.000), detalló.

Manrique Jiménez: “Va a servir de antecedente”

Por último, el abogado constitucionalista Manrique Jiménez analizó las sentencias, con especial atención la resolución del recurso de amparo (Res. No. 2011010883), ante lo que señaló que se trata de “un antecedente importante”, que además servirá para “ir generando una pauta de comportamiento debido”.

“Me parece que es un antecedente importante, sin duda alguna, aunque no necesariamente va a ser siempre el mismo monto en lo contencioso, ni mucho menos, porque cada ejecución tiene su propia particularidad”, explicó.

No obstante, reiteró que el voto servirá como “fuero de protección” para “todas las personas que sean afectadas por grandes tiempos de espera”.

“Va a servir de antecedente frente a la lentitud, frente a la desidia y frente al incumplimiento permanente de los principios del servicio público por parte de la CCSS para que esta sea condenada de manera reiterativa”, señaló el constitucionalista.

“No puede ser que las personas afectadas en este país tengan tanto tiempo en contra para ser atendidos y, mucho menos, en situaciones de emergencia. La Caja está en la obligación -como parte del servicio público- a ser eficiente, continua, eficaz y a aplicar todo el régimen del servicio público por derivación del Derecho de la Constitución y del artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública”, agregó.

En esta línea, el abogado recordó que “hay que tomar en cuenta que todo lo que resuelve la Sala Constitucional tiene efectos generales”, lo que en términos jurídicos se reconoce como “erga omnes” (frente a todos).

Además, recordó que en este tipo de casos es lógico “cobrar el daño físico, porque incluso hay peritos especializados en cuánto vale un miembro o una afectación física”, lo que serviría de prueba para “aportar y justificar los eventuales daños y perjuicios”.