Representantes de familias recuperadoras de territorios indígenas señalaron que la Mesa Técnica Interinstitucional creada por este Gobierno es una “burla”, que no ha traído ni va a traer soluciones a los conflictos de tierras en territorios indígenas y que es sólo para “figurar”.
El 9 de agosto de este año el Gobierno instaló la Mesa Técnica Interinstitucional de Asuntos Indígenas para abordar y solventar los problemas de las poblaciones indígenas junto con ellos. Posteriormente la declaró de interés público.
En una conferencia de prensa realizada esta mañana en la Asamblea Legislativa, Pablo Sibar, recuperador del pueblo Bröran, de Térraba, recordó que fue durante una actividad de la Mesa Técnica Interinstitucional, en Buenos Aires de Puntarenas, donde el supuesto asesino del líder indígena y defensor del ambiente Jerhy Rivera Rivera, confesó públicamente el asesinato.
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El asesinato de Jerhy Rivera Rivera se dio entre el 23 y 24 de febrero de 2020 en el territorio Bröran de Térraba, cuando se llevaban a cabo procesos de recuperación de tierras.
Sibar también señaló que el Consejo de Mayores Bröran entregó una nota al Viceministro de Paz, Sergio Sevilla Pérez, para que aplicaran las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que hasta el momento no les ha contestado.
“Es una mesa técnica de figurismo, que no está buscando las alternativas que tenemos como pueblos indígenas”, dijo Sibar.
“La lucha continuará en este proceso. El Estado costarricense debería mirar la medida cautelar que tenemos y no crear mesas técnicas para figurar”, añadió.
El 30 de abril de 2015, la CIDH solicitó la adopción de medidas cautelares a favor de los pueblos indígenas Bribri de Salitre y Bröran de Térraba. La solicitud de medidas cautelares alega que los beneficiarios se encuentran en riesgo debido a las acciones que llevan a cabo para recuperar sus tierras. La Comisión solicitó al Estado costarricense que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad de estas personas.
Mainor Ortiz Delgado, defensor de los derechos humanos del pueblo indígena Bribri y habitante de la comunidad de Río Azul, en Salitre, expresó: “Para nosotros la mesa técnica es una burla; no nos ha traído soluciones a los territorios ni lo va a traer”.
Ortiz reclamó que la mesa carece del conocimiento de fondo de la problemática que enfrentan; que no tiene ni los recursos ni el personal para atender la tensión creciente en los territorios; y que no tiene una ruta ni plan de trabajo.
“Es una mesa más de las que ha creado el Estado para tenernos engañados, como lo han hecho los anteriores gobiernos, es una más”, recalcó Jason Ríos Ríos, indígena cabécar de China Kichá.
Ríos añadió que el Gobierno no se ha hecho responsable de la devolución de los territorios usurpados, sino que lo ha tenido que hacer la comunidad.
También aprovechó su intervención para contar que a pesar de todo lo que han vivido, las familias recuperadoras en China Kichá ya producen sus propios alimentos, han podido construir sus viviendas y que las fuente de agua están recuperándose en las fincas recuperadas.
Eli Ortiz Torres, indígena bribri y parte del Consejo Iríria Sätkök, de Cabagra, dijo: “Cuando ejercemos nuestros derechos somos los malos, cuando reclamamos nuestros derechos nos cuesta la vida; tenemos hermanos asesinados; tenemos hermanos que han sido cinchoneados, con chilillos, cuchillos. No deberíamos andar mendigando un derecho, simplemente es voluntad política que debería hacer cumplir el derecho”.
La venta ilegal y la tenencia de la tierra por parte de no indígenas están prohibidas por la Ley Indígena 6172 de 1977. Ante esta situación es que desde hace más de 10 años empezaron estos procesos de reafirmación autónoma de tierra territorio, que es básicamente la recuperación de tierras por parte de indígenas en sus propios territorios.
El 19 de octubre de este año la Sala Constitucional ratificó sentencias de la Sala Primera que indican que las personas que adquirieron tierras dentro de territorios de pueblos originarios, después de que entró en vigencia la Ley Indígena de 1977, actuaron de mala fe y que la adquisición de esa propiedad es nula. Al ser estas ventas nulas, al considerarse que no hay buena fe, el Estado no está en la obligación de indemnizar a los compradores no indígenas ni mucho menos ejercer la potestad expropiatoria, se indicó.
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El magistrado Fernando Castillo explicó que esa venta o compra-venta de propiedades es absolutamente nula y que el Estado no está en la obligación de indemnizar a los compradores no indígenas.
“Pero ellos han insistido, han insistido a través de sus abogados, de sus organizaciones, de creerse que el Estado les va a reconocer y pagar sus tierras”, señaló Ortiz Torres.
Por su parte, el diputado por el Frente Amplio, Ariel Robles, reiteró que “hay un compromiso nuestro de intervenir en favor de las recuperaciones de los territorios indígenas”. “La principal violencia es quitarle la tierra a la gente para sumirla en la pobreza. Y esa es una violencia que el Estado costarricense ha perpetrado por décadas. Salir a recuperar esas tierras es un acto necesario ante la indiferencia que tiene el Gobierno”.
La conferencia de prensa fue organizada por la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS), organizaciones de pueblos originarios, la Asociación Costarricense de Derechos Humanos (Acodehu) y el Comité de Solidaridad con Los Pueblos Indígenas y la Asociación Voces Nuestras.
