Si bien Costa Rica “no tiene las mismas condiciones alarmantes para el ejercicio de de libertad de expresión y prensa y el acceso a la información pública que tienen otros países”, presenta en los últimos dos años “un debilitamiento de las garantías para el trabajo periodístico, aunque mantiene una institucionalidad democrática funcional para la protección y garantía de estas libertades constitucionales”.
De esa manera resumió el contexto actual de detrimento de las libertades de prensa e información Giselle Boza Solano, coordinadora del Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi) de la UCR, durante la presentación este martes del IV IV Informe sobre el Estado de la Libertad de Expresión.
Ese análisis bianual, también producido por el Centro de Investigación en Comunicación (Cicom), arroja datos como que el 99% de las intervenciones de Chaves en conferencias de prensa en que se ha referido a periodistas o medios de prensa han sido negativas.
En la presentación, Boza destacó que el Índice de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF), la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Informe de Libertad en Red de Freedom House han coincidido en advertir “un deterioro en las garantías políticas para el ejercicio de la libertad de prensa en Costa Rica. En todos los casos el común denominador son los ataques del gobierno del presidente Chaves a medios de comunicación y periodistas”.
Por ejemplo, en el Índice de RSF, en 2023 Costa Rica se descalabró 15 puestos, y en 2024 otros 3. Con lo cual el país, que alguna vez fue el número 1 a nivel latinoamericano y 8 en el mundo, cayó al puesto 26.
El informe consta de siete capítulos abocados a las garantías y amenazas del Estado a la libertad de expresión, el uso de la pauta publicitaria estatal, las tendencias del discurso de odio digital, la accesibilidad a Internet y redes sociales, el discurso Chaves contra periodistas y medios, la brecha digital de género y violencia contra las mujeres y las perspectivas de medios locales y el gran vacío de medios comunitarios en el país.
Contención institucional
En su aporte al informe, Boza Solano ofrece un análisis de los datos de la primera encuesta sobre libertad de expresión y confianza en medios de comunicación realizada por el Proledi con el apoyo del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), en agosto de 2023.
“Aunque el 96% de quienes participaron en la encuesta reconocen que la libertad de expresión es un derecho, un 65,58% señaló estar de acuerdo con la afirmación de que está actualmente en peligro y un 53% indicó que hay censura o limitaciones para expresarse libremente en Costa Rica”, indicó.
Además, analiza resoluciones de la Sala Constitucional que resultaron favorables sobre recursos de amparo planteados por periodistas ante ataques de Chaves.
Consultada por UNIVERSIDAD respecto a la barrera de protección que significa esa “institucionalidad democrática”, reconoció que “está a prueba, no podríamos dar por sentado que esa institucionalidad va a seguir funcionando como ha funcionado hasta ahora, con aciertos y desaciertos”, pero “al menos ha funcionado como contención en algunas áreas”.
Concretamente sobre la Sala Constitucional dijo que “hoy más que nunca está a prueba frente a los arremetidas que hay a esa institucionalidad y al diseño constitucional que tenemos del sistema de frenos y contrapesos”, que funcionará siempre que “apostemos por un Poder Judicial independiente”.
Chaves vs. prensa
Uno de los capítulos más reveladores es “Bajo el límpido azul de tu cielo: Las tendencias del discurso de odio digital en Costa Rica (2021 – 2023)”, a cargo de las investigadoras Larissa Tristán Jiménez y Yanet Martínez Toledo.
Ofrece un análisis de los resultados consignados en tres informes de la empresa “Coes análisis de medios” sobre el discurso de odio y la discriminación en Costa Rica y apunta que “para julio de 2023 se recolectaron 1.405.668 mensajes con discursos de odio y discriminación en Costa Rica. Esto implica que los discursos de odio aumentaron un 50% en comparación con el 2022 y se han triplicado desde el 2021, el primer año del estudio”.
Asimismo, se constató que la política y la realidad nacional, la xenofobia y el género se mantienen como los temas que más generan conversaciones y publicaciones con discurso de odio.
“Al igual que el año anterior, los mensajes de odio relacionados con el tema de política y realidad nacional fueron dirigidos principalmente en contra de funcionarios políticos, este tipo de publicaciones representa el 57% del total. Sin embargo, se detectó un aumento de los ataques dirigidos en contra de periodistas y medios de comunicación, con un 43%. Este porcentaje representa un aumento del 231% con respecto al año anterior”, apuntaron.
Por otra parte, en el capítulo “Canallas, mentirosos y otras especies: El discurso estigmatizante del Presidente Chaves en contra de periodistas y medios de comunicación”, el politólogo Óscar Mario Jiménez Alvarado analiza 64 conferencias de prensa celebradas por Chaves entre mayo de 2022 y enero de 2024, las cuales arrojaron 291 intervenciones sobre estos temas, de las cuales solo cuatro fueron positivas: “Se trata de felicitaciones a medios o periodistas que cubrieron una noticia o evento de interés para el Poder Ejecutivo o que, desde la perspectiva del mandatario, realizaron un buen trabajo”.
De manera que el 99% de las intervenciones de Chaves fueron comentarios negativos, en los que el mandatario “ataca, directa e indirectamente, a medios o periodistas, señala molestias o críticas al trabajo que realizan algunas personas comunicadoras, habla de imprecisiones a la hora de informar o, de plano, señala la supuesta falsedad de una noticia específica”.
La pauta como castigo
El capítulo titulado “Publicidad oficial y electoral en Costa Rica: de la concentración a la
¿democratización de la pauta?” señala que en 2022 y 2023 “hubo un cambio importante”, pues “los grandes grupos económicos dejaron de percibir millones de colones” a partir de “la denominada y cuestionada ‘democratización de la pauta’”.
Por ejemplo, “Grupo Nación GN Sociedad Anónima recibió ₡136.951.090 en 2021, ₡131.927.141 en 2022 y únicamente ₡21.807.680 en 2023, esto implica una reducción de más de cien millones de colones del año 2022 a 2023”.
Sin embargo, al mismo tiempo “surgieron nuevos grupos económicos que se encuentran entre los diez adjudicatarios que más pagos recibieron por pauta”.
Por ejemplo, Trivision de Costa Rica S.A., que recibió en 2021 ₡9.788.605; en 2022, ₡51.266.765; y en 2023, ₡37.834.416.
La socióloga e investigadora Johanna Rodríguez López, quien realizó este análisis, explicó a UNIVERSIDAD que el país tiene “una deuda” de normativa sobre la asignación de la pauta oficial”, lo cual “se evidencia también no solo en esta administración, sino en administraciones pasadas”.
“Hay una disminución de la asignación de pautas a ciertos medios, y al no haber esa normativa, pues entonces el Gobierno hace una distribución no democrática de la pauta”, ponderó.
“A partir de los datos recolectados hay evidencia que no es una pauta democrática, si bien es cierto, hay algunos medios que emergieron y que han recibido un poquito más de dinero, como Trivisión, lo que se nota es una forma de castigar a la prensa “canalla”, que él dice que es, pues fue muy evidente principalmente con Televisora de Costa Rica y con Grupo Nación”.
Por su parte, la coordinadora Giselle Boza ponderó al final que Costa Rica vive un “escenario de tensión en cuanto al rol del Estado en garantizar el derecho a la comunicación” y por ello hizo un llamado a “fortalecer a un Estado garante, que esa es la obligación en el papel que tiene, pero he visto que hay un debilitamiento y amenazas a esa institucionalidad que hacia futuro nos hacen temer que el ejercicio de esos derechos en una democracia liberal como la nuestra, puedan ser mayormente debilitados”.
