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Liberación Nacional propone “semiprivatizar” las abandonadas plantas de asfalto del MOPT

Contrapropuesta al Gobierno se amarra alrededor de la figura público-privada SPEM, utilizada por la Municipalidad de San José pese a problemas de control.

Abandonadas desde el 2018 por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), las cuatro plantas de asfalto públicas tienen un nuevo plan para continuar operaciones. Ahora, el Partido Liberación Nacional (PLN) propone, con apoyo de 14 de sus diputaciones, que pasen a un modelo semiprivado en el cual las municipalidades serían dueñas de al menos 51% de sus terrenos, maquinaria y operación.

La figura jurídica que respalda este nuevo plan es la Sociedad Pública de Economía Mixta (SPEM), un tipo de sociedad anónima que recibe su otro 49% de capital privado, vía licitación. Hasta la fecha, la única municipalidad que tiene experiencia con estas sociedades es la Municipalidad de San José (MSJ), que conformó la primera en el año 2020.

Tras el impacto del caso de corrupción “cochinilla” —donde uno de tantos relatos de hechos de la investigación penal y policial señalan cómo Meco y H Solís se beneficiaban millonariamente de la venta de mezcla asfáltica al sector público, al tiempo que las plantas públicas perdían capacidad operativa— el proyecto para usar a las SPEM como nuevas tenedoras de las plantas del MOPT fue presentado en la Asamblea Legislativa el pasado 6 de septiembre bajo el expediente 22.676. Contó con el respaldo de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) y la firma proponente del diputado liberacionista Daniel Ulate.

“Esta es una oportunidad que han venido fraguando los intereses privados con el fin de ir privatizando poco a poco cada uno de los servicios que prestan los ayuntamientos”, Diego Miranda, regidor por San José sobre la única SPEM del país.

Ulate dijo a UNIVERSIDAD que se escogió al SPEM como figura por ser un proyecto “que habíamos votado hace más de dos años” y como una vía para darle “músculo financiero a las municipalidades” para operar las demandantes plantas.

“La segunda SPEM, que va de camino, la estamos haciendo nosotros en la Municipalidad de San Ramón. Con la Federación de Municipalidades de Occidente (con 11 municipalidades de Alajuela), con los agremiados, desde hace muchos años pensamos crear esta figura para tener nuestra propia planta de asfalto, que nos generara la cantidad y calidad de asfalto que ocupamos”, explicó el alcalde de San Ramón y directivo de ANAI, Nixon Ureña.

“¿Cómo funcionaría? San Ramón saca la SPEM y, después, cada gobierno local autoriza a su representante para formar parte de la empresa. Se hace una distribución de acciones y se determina el plan de inversión. Pero lo estábamos gestando hace siete años, hasta ahora, lo estamos consolidando”, afirmó también Ureña.

De acuerdo con Ureña, el Gobierno no consultó con las municipalidades un proyecto que establece que el MOPT ​​”done las Plantas de Producción de Mezcla Asfáltica de Colima, Guanacaste, Paso Real y Siquirres, a favor de las Municipalidades, Federaciones o Confederaciones de Municipalidades”.

Esta propuesta fue presentada el 18 de agosto, mientras el plenario legislativo discutía un informe de investigación que responsabiliza al ministro Rodolfo Méndez Mata por las plantas públicas paralizadas. (Lea la nota: Informe que señala a Méndez Mata por cierre de plantas asfálticas flota en el limbo político del Congreso)

“La propuesta del Gobierno para autorizar al MOPT que done las plantas no la consensuaron con nosotros, en el régimen municipal, y presentaron la posibilidad de que fueran donadas explícitamente a las Federaciones y Confederaciones. Las figuras jurídicas de las Federaciones y Confederaciones no es que no lo puedan hacer, pero nacieron para un fin diferente, para agremiar y agrupar a las municipalidades, y las federaciones. Su fin no es administrar una planta de asfalto”, explicó Ureña sobre la oposición a la alternativa respaldada por MOPT.

Falta de dinero: la razón de ser el proyecto

ANAI ve favorablemente que las SPEM “serían administradas como un privado”, sin la autonomía municipal pero con una “forma de operación y administración más ágil”, porque no responde a normativa municipal sino privada.

“Antes todo se lo llevaban las empresas, el 100% de las ganancias. Ahora, mínimo el 51% se volvería a quedar en las municipalidades o en el Estado, sean SPEM o asociaciones público privadas”, directivo de ANAI y alcalde Nixon Ureña.

“Además, a las Federaciones se les está aplicando la regla fiscal. No quedaron exentas de su aplicación. Todo dinero destinado para esto va a tener dificultades para esto, va a tener dificultades. En la Federación de Occidente, por la incorporación de un nuevo miembro, tenemos un sobrante de ¢30 millones y no nos permiten aumentar el presupuesto. Nos quedaron en el limbo”, explicó Ureña.

El alcalde también explicó, con el proyecto de ley, la otra figura jurídica que se puede crear para realizar estos traslados del MOPT es una “asociación público privada”.

Esta es una conversada figura nacional que aún no cuenta con normativa propia en el país. No obstante, el país cuenta con relaciones similares por la vía de la concesión de obras, los convenios marcos y la contratación pública. Como, por ejemplo, la tercerización de la obra vial desde el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) hacia las constructoras Meco, H Solís, entre otras.

 


La única SPEM del país funciona con advertencias de floja supervisión

De acuerdo con declaraciones del alcalde Nixon Ureña, la propuesta para usar las Sociedades Públicas de Economía Mixta (SPEM) contó con la asesoría de la Municipalidad de San José, desde donde se creó la única de estas sociedades del país.

Previamente, UNIVERSIDAD informó que para la creación de la SPEM Inmobiliaria e Infraestructura San José S.A., en el 2020, se nombró como uno de los representantes municipales al  subgerente de Provisión de Servicios, Daniel Jaikel, quien participa en un negocio familiar inmobiliario, y rechazó que existiese conflictos de interés porque la empresa es un negocio familiar y la SPEM es un negocio cantonal.

El alcalde Johnny Araya (a la derecha) asistió a la Procuraduría General el 27 de noviembre del 2020 para presentar la SPEM Inmobiliaria e Infraestructura San José S.A. (Foto: MSJ).

Los socios privados, por su parte, fueron licitados, para conformar un único consorcio privado que engloba las acciones de las tres empresas que ponen el capital.

“Esta es una oportunidad que han venido fraguando los intereses privados con el fin de ir privatizando poco a poco cada uno de los servicios que prestan los ayuntamientos”, explicó el regidor Diego Miranda sobre la figura de la SPEM.

De acuerdo con el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), las tres empresas que quedaron blindadas con la figura del consorcio son la constructora Edica Ltda (una de sus obras más recientes y reconocidas es el edificio de la Asamblea Legislativa); la inmobiliaria Urban Partners (conocida por el condominio Bosques de Lindora y los centros empresariales Forum I y II); y America Construcciones S.A. (AMCO, conocida como proveedora de concreto premezclado). Esta información únicamente pertenece al expediente de SICOP, porque públicamente la Municipalidad habla del “Consorcio San José 2020”.

Según Miranda, el reglamento de San José para el funcionamiento de esa sociedad recibió cambios para que puedan “cobrar lo que le dé la gana por sus actividades comerciales” en contradicción con que el 10% de utilidades que las municipalidades pueden obtener según el Código Municipal; las decisiones de la Junta Directiva tienen que tomarse con una mayoría calificada, lo que “inclina a los puestos municipales para negociar con el socio privado” y se le “quitan derechos que ya tenía la MSJ como socio mayoritario para proteger al privado”, además que, la “Alcaldía pierde la fiscalización directa de la SPEM”. Por ser una sociedad especial, quien tendría la única potestad sobre el presupuesto y operación de la SPEM es la Contraloría General de la República.

Inclusive si la proporción de la inversión del capital privado baja (según la conformación, se puede jugar con un monto municipal superior al 51%, pero nunca más bajo) esto tampoco soluciona el problema de la exposición financiera del gobierno local.

“Entre más bajo sea el aporte del socio privado, menor será el monto que pone a responder en caso de sobrevenir alguna responsabilidad contractual y extracontractual de la SPEM, lo cual puede generar algún tipo de vulnerabilidad para las finanzas municipales”, advierte Miranda.

El alcalde y directivo de ANAI, Nixon Ureña, diagnostica que sin la contraparte privada, la administración de las plantas de asfalto será “inoperante”.

“La empresa SPEM tiene la particularidad de que sus estados contables son públicos, tiene que presentar presupuestos a la Contraloría, quien revisa su accionar y se garantiza transparencia y eficiencia de recursos. Con la salvedad de que funciona como un privado”, dijo Ureña en entrevista.

Sobre el caso de San José, Ureña dice que ocurrió que se “complicó la figura” porque la ley que se aprobó hace dos años variaron las circunstancias de su creación.

“Es una figura jurídica inmobiliaria que puede construir escuelas y colegios, además edificios para el sector privado o público, y los pueden administrar. La Contraloría General lo que nos ha mencionado muchas veces es que su fin tiene que ser bien claro. No vamos a crear una SPEM de plantas de asfalto para vender computadoras”, dijo Ureña.

El alcalde asegura que la normativa actual cuenta con mecanismos de transparencia: “cada Consejo Municipal deberá establecer que se exponga en las páginas la información correspondiente a los socios, y a las ganancias y a cómo funcionan las inversiones”, el presupuesto lo aprueba la CGR y la contratación de sus servicios se rigen por los concursos del Sicop y la Ley de Contratación Administrativa (próxima a renovarse).

“Lo que se busca es que la experiencia de lo que se obtuvo en este proceso del caso Cochinilla, se logre solventar en una gran parte, el tema de la transparencia y la generación de dividendos. Antes, todo se lo llevaban las empresas, el 100% de las ganancias. Ahora, mínimo el 51% se volvería a quedar en las municipalidades o en el Estado, sean SPEM o asociaciones público privadas”, sostuvo Nixon Ureña en la entrevista.


 

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