La comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa celebró el dictamen de un texto sustitutivo para la Ley reguladora de las actividades de lobby y de gestión de intereses en la administración pública (expediente 21.346).
El proyecto de ley propuesto por la diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) María Inés Solís recibió cambios en la redacción de algunos de sus artículos e incisos, antes de ser dictaminado, de forma unánime, para su discusión en plenario.
El plan define como lobby “cualquier gestión o actividad remunerada que realiza una persona física o jurídica, nacional o extranjera, ante cualquier servidor público que esta ley define como sujetos pasivos, con la intención de influenciar de manera directa o indirecta el proceso de toma de decisiones propia de su competencia, y promover por esa vía sus propios intereses o los de terceros”.
Es decir, las actividades que también se conocen como “cabildeo”.
“El lobby es parte del proceso de construcción de la ley, el problema es cuando el lobby es oculto”, aseguró la diputada Solís.
El dictamen positivo fue aplaudido por diputados de la comisión de Jurídicos, entre ellos la diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC) Carolina Hidalgo y la presidenta Floria Segreda (del Partido Restauración Nacional).
“Estamos utilizando todos los mecanismos regionales como la Política Institucional de Parlamento Abierto para introducir normativas importantes al país. Esperamos que en el plenario (este proyecto) también tenga el eco que ha tenido en esta comisión”, dijo Segreda.
El diputado del Frente Amplio José María Villalta señaló que la Ley reguladora de lobby le “falta afinar algunas cosas” y dijo que esperará para que el plenario proponga mociones de fondo (es decir, mociones presentadas vía artículo 137 del Reglamento de la Asamblea).
“Hay temas que todavía se pueden mejorar más, toda la parte de las sanciones por ejemplo”, dijo Villalta.
El frenteamplista opinó que el texto final de la ley podría “precisar mucho mejor” las actividades de cabildeo en el Poder Judicial.
Celebro la aprobación del Expediente 21.346 que por unanimidad fue dictaminado esta tarde, así avanza el Parlamento Abierto y esperamos lo mismo de todos los Poderes del Estado. pic.twitter.com/RhWQtIv15z
— María Inés Solís (@misolisq) November 19, 2019
Regulaciones buscan transparencia
El nuevo texto de la Ley reguladora de lobby establece que los funcionarios públicos deberán llevar un “Registro de Agenda Pública” con detalles sobre reuniones, viajes y donativos.
Los funcionarios tendrán que especificar lugares y fechas de las reuniones con lobistas, así como el tema y nombres de quienes participaron en la actividad.
Los lobistas son quienes buscan “influir de manera directa en la toma de decisiones que le corresponde adoptar a alguno de los servidores pasivos que esta ley detalla, promoviendo sus propios intereses o los de terceros por medio de visitas, audiencias o reuniones solicitadas con ese fin”.
Los viajes deberán ser consignados por costo y la institución pública que lo financia, así como el destino y la agenda de trabajo en el lugar.
Los donativos incluirán el “detalle del regalo o donativo”, junto con la fecha, ocasión y el nombre de quien lo entrega. Entre otros, los funcionarios que serán sujetos a esta medida son quienes posean “capacidad de decisión” en el Poder Ejecutivo (presidente, vicepresidentes, ministros y viceministros); los embajadores del país; Procuraduría General (procurador general y adjunto, procuradores de las distintas áreas); presidencias ejecutivas de instituciones autónomas y semiautónomas; Poder Judicial (magistrados de la Corte Plena, letrados, director administrativo y Consejo Superior); el Ministerio Público; Asamblea Legislativa; Tribunal Supremo de Elecciones; Contraloría General; Banco Central; bancos públicos y municipalidades.
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