En momentos en que la gerencia médica de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) negocia con los hospitales privados para que estos atiendan pacientes que requieren hospitalización pero que no son casos de COVID-19, los sindicatos Siprocimeca y Sinae, y el diputado Wálter Muñoz, recalcaron que la colaboración de los hospitales privados debe ser a título gratuito, y demandaron transparencia en lo que se negocie.
Los consultados destacaron que en caso de una emergencia nacional, como la que se enfrenta, y en riesgo inminente de que colapsen los servicios especializados de cuidados intensivos de la Caja, el Ministerio de Salud tiene toda la potestad legal para hacer uso de los centros médicos privados, según la Ley General de Salud.
La Gerencia de la CCSS se reunió el 27 de abril con representantes de los hospitales La Católica, CIMA, Clínica Bíblica y Metropolitano para negociar la disponibilidad de servicios en estos centros ante el riesgo de que se supere la capacidad de los servicios de hospitalización de la Caja por el aumento acelerado en el diagnóstico de casos de Covid-19.
El doctor Marvin Atencio, secretario general del Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas de la CCSS (Siprocimeca) y exdiputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), declaró a UNIVERSIDAD que el sindicato “no está de acuerdo con ningún tipo de negociaciones de este tipo, máxime si no hay claridad, si no hay transparencia”.
“Usted sabe que ‘no hay almuerzo gratis’; entonces las clínicas privadas van a estar aprovechándose, pensamos nosotros, pero es que los papeles, los documentos, las negociaciones, tienen que estar sobre la mesa. Eso es una tercerización de servicios pero para nosotros es una privatización”, destacó Atencio.
“Estamos de acuerdo que en una emergencia nacional podría haber algún tipo de colaboración entre las (clínicas) privadas y las públicas, pero esta debe ser a título gratuito”, enfatizó el médico. “En estado de emergencia están obligados a colaborar, tanto el sector público como el privado, de forma gratuita, ahí (en la ley) no habla nada de que hay que pagar”, recalcó Atencio.
Lenín Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería (Sinae-Afines), comentó que “de acuerdo a lo que dice la legislación, en caso de una emergencia nacional, como la que estamos pasando, y en riesgo inminente de que colapsen los servicios especializados de cuidados intensivos, el Ministerio de Salud tiene toda la potestad legal para hacer uso de los centros médicos privados”.
En entrevista con este medio, Hernández declaró que “todavía es muy pronto, muy a priori, para pensar en la contratación de servicios privados”. El dirigente señaló que las autoridades deberían hacer un análisis exhaustivo de la capacidad que se tiene, de dónde se pueden implementar más recursos y habilitar más espacios, y esperar unos días para ver la dinámica de casos de Covid-19, antes de usar servicios hospitalarios privados.
Según el artículo 368 de la Ley General de Salud (5395), “en caso de peligro, amenaza o de invasión de epidemia y de desastre provocados por inundaciones, terremotos u otra calamidad, y en casos de emergencia nacional, el Ministerio podrá tomar a su cargo: la protección de cualquier planta de agua potable; el saneamiento de pantanos; la destrucción de animales o insectos propagadores de la enfermedad o cualquier otro agente de propagación de enfermedades, aún cuando tales actividades estuvieren encomendadas a otras autoridades. Podrá asimismo disponer de edificios u hospitales públicos o privados, por el tiempo que el Poder Ejecutivo decrete”.
El médico y diputado por el Partido Integración Nacional (PIN), Walter Muñoz, también subrayó que “la ley permite la posibilidad del uso de instituciones privadas sin pago”.
“Lo que creo importante es que se aclare que no deben pagar las sumas altas de dinero que están pidiendo, o que lleguen a pedir, las clínicas privadas, porque eso sería un negocio más que un servicio”, dijo Muñoz.
Caja negocia como “alianzas público-privadas”
El doctor Roberto Cervantes, gerente general de la Caja, comunicó a este medio que “en la convocatoria los representantes legales de los centros privados agrupados en la Cámara Costarricense de la Salud ofrecieron su total colaboración de disponibilidad de servicios hospitalarios NO COVID-19, con las facilidades y tarifas especiales del servicio ofrecido como parte de las alianzas público-privadas”.
Añadió que próximamente se suscribirán las condiciones convenidas entre las partes.
El médico declaró que en esta coyuntura “se trasladará a los centros privados” al personal médico para “que coadyuve en esta estrategia de atención dentro de la alianza”.
Se consultó si la Caja pagará por estos servicios y cómo se justifica ese pago frente a lo estipulado por la Ley General de Salud; sin embargo, la oficina de comunicación de la CCSS respondió: “Una vez que se concluya este proceso la Caja estará comunicando. Por el momento no se puede adelantar criterio”.
Roberto Herrera, médico de la Cámara Costarricense de la Salud, afirmó que “debido a que cada hospital o clínica tienen características diferentes”, la Gerencia Médica de la CCSS definió “llevar un proceso individual tomando en cuenta la capacidad de cada uno de los centros médicos”.
Se le consultó si la Caja pagará por los servicios, a lo cual respondió que “cualquier negociación que se establezca, se hará en el marco de la legislación nacional”.
También se le preguntó qué rubros se contemplaría compensar. “Más que los rubros, de lo que hemos estado conversando es de los servicios de atención de pacientes severamente enfermos no COVID”, aclaró Herrera.
Actualmente, los hospitales privados tienen disponibles 30 camas entre cuidados intensivos y cuidados intermedios y 300 camas hospitalarias en todo el país, se indicó.
Negociaciones deben ser transparentes, insisten
Lenín Hernández fue enfático en que “bajo ninguna circunstancia se podría pensar en que los hospitales privados brinden tarifas especiales, o que no se conozcan los pormenores de los contratos, como ha sido muy típico en este proceso de pandemia, en relación con la compra de servicios”.
“Por un tema de transparencia, credibilidad y certeza para todos los asegurados, para el pueblo de Costa Rica; esto debería ser público”, dijo Hernández, refiriéndose a las negociaciones con los centros médicos privados.
“Esperamos que estas medidas sanitarias, estas restricciones que se están implementando y muy probablemente se van a extender para la próxima semana, vengan a oxigenar los servicios médicos que requiere la institución. Esto es muy dinámico también. Antes los pacientes pasaban hasta tres meses en cuidados intensivos; ahora el promedio es menos, en dos o tres semanas se define la condición del paciente”, recordó el secretario del Sinae-Afines, que agrupa a 8.000 trabajadores de la Caja.
Marvin Atencio y Wálter Muñoz coincidieron en que la Caja necesita una planificación estratégica adecuada para solucionar los problemas a lo interno.
Muñoz opinó que la Caja “debe planificar y administrar mejor sus recursos antes de optar por los servicios privados”. Dijo que la institución debe habilitar más espacio y valorar estrictamente cuáles personas deben estar internadas en cuidados intensivos y no afirmar que lo necesitan, si podrían estar en unidades de cuidados intermedios.
La semana pasada, el presidente ejecutivo de la Caja, Román Macaya, informó que la cifra total de 359 camas de cuidados intensivos en el país se aumentó a 393 porque se adelantó la entrega del tercer piso de cuidados intensivos en la nueva torre del Hospital México y se habilitaron camas en el Calderón Guardia.
“En este momento la red hospitalaria, incluyendo los CAIS (Centros de Atención Integral en Salud) están valorando camas disponibles y ver cuáles se pueden reasignar, lo cual implica sacrificar a pacientes No Covid”, dijo Macaya.
Hasta el martes 4 de mayo había 1.091 personas hospitalizadas, 408 de ellas en cuidados intensivos, según datos del Ministerio de Salud.
En otros países
En México el Gobierno mantiene un convenio entre hospitales públicos y privados desde el año pasado para pacientes no-COVID-19 afiliados al sistema de salud público para ser atendidos por partos, cesáreas, hernias y otros. Irlanda también “estatizó” los hospitales privados y las personas contagiadas con Covid-19 son atendidas de manera gratuita.
En España el Ministerio de Sanidad puso a todos los proveedores de salud privados y sus instalaciones bajo control público, y actualmente la Comunidad de Madrid paga por cada paciente tratado por coronavirus en un centro privado. Mientras que en Paraguay se han derivado pacientes a hospitales privados; pero el Gobierno ahora les adeuda por el pago de estos servicios.
