Ley electoral avanza en control de gasto, pero adeuda en equidad e inclusión

Caso del Movimiento Libertario revela avance en control de financiamiento, pero el sistema sigue en deuda.

La noticia corrió como alma que se la lleva el diablo el pasado 23 de octubre: el Tribunal Penal de San José condenó a altos líderes del Movimiento Libertario (ML) a cárcel.

El exdiputado y vicepresidente del partido Ronaldo Alfaro, así como el excontador Róger Segura y el exsecretario de capacitación, Carlos Solano, fueron hallados culpables de estafa, al haber introducido como capacitaciones a los registros del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) actividades que no lo fueron, con el fin de recibir fondos públicos que cubrieran la venta de bonos de la campaña presidencial del 2010.

La sentencia aún no está en firme y si bien sienta un precedente en cuanto a las consecuencias de violar la transparencia en el proceso de financiamiento electoral, al mismo tiempo arroja luz sobre carencias del sistema.

El politólogo Rotsay Rosales recordó que el Código Electoral promulgado en el 2009 procuró hacer más transparente el financiamiento de las campañas; pero, enfatizó que además de la transparencia, la regulación del financiamiento debe atender los principios de equidad de competencia y la inclusión de los grupos tradicionalmente marginados de los procesos electorales y de toma de decisiones.

“Con respecto a esos dos principios, nuestra reglamentación es bastante deficitaria, de las peores, sobre todo en términos de la equidad entre los actores. Tanto es así, que las misiones de observación señalan recurrentemente que hay grandes vacíos”, expresó.

Por su parte, el director de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE, Ronald Chacón, explicó que antes de la promulgación del actual Código Electoral, la revisión de los gastos de los partidos políticos corría por cuenta de la Contraloría General de la República, en tanto que la parte de ingresos estaba a cargo del TSE y se limitaba a recibir reportes de donaciones.

El funcionario destacó el hecho de que la normativa entró a regir cuatro meses antes de las elecciones del 2010 y en junio de ese año el TSE, por primera vez, desarrolló el proceso de revisión de liquidaciones. “Se revisaron gastos por unos ¢21.000 millones, a pesar de que el monto máximo de contribución estatal ascendía a poco más de ¢17.000 millones”.

Añadió que no sólo el ML, sino también el gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC), Liberación Nacional (PLN) y Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), enfrentan denuncias interpuestas por el TSE (ver recuadro “Lista de espera”).

El funcionario llamó la atención al hecho de que “la falta de regulación o una regulación insuficiente en materia de financiamiento, conlleva necesariamente riesgos elevados: la excesiva influencia de grandes donadores a las campañas, la inequidad en la contienda electoral y eventualmente la impunidad ante hechos que se hayan podido determinar, a lo que se suma la potencial vulnerabilidad ante la posible penetración del crimen organizado”.

Por ello, insistió que ante el riesgo de la impunidad, “todo aquello que represente robustecer la transparencia, sin duda alguna es beneficioso para el sistema democrático. Nosotros confiamos plenamente en el sistema de justicia costarricense”.

 ESPECULACIÓN

Politólogo Rotsay Rosales: “Nuestra reglamentación es bastante deficitaria, de las peores, sobre todo en términos de la equidad entre los actores”.
Politólogo Rotsay Rosales: “Nuestra reglamentación es bastante deficitaria, de las peores, sobre todo en términos de la equidad entre los actores”.

El analista Rosales resaltó que son varios los partidos con representación en la Asamblea Legislativa que enfrentan problemas legales por irregularidades con el financiamiento público, respecto al cual “Costa Rica tiene mayores controles, pero paradójicamente también ofrece mayores posibilidades para delinquir o tener irregularidades”.

Citó como ejemplo el tema de los bonos que los partidos venden con el afán de adelantarse los recursos que esperan recibir del TSE, luego de la campaña, según el resultado obtenido. Los describió como “el mecanismo especulativo de mercado que básicamente sirve para que el sistema bancario nacional opere como un intermediario”.

Tras cuestionar que esa práctica beneficia a bancos extranjeros, “como lo es el Banco Lafise, con quien todos suscribieron fideicomisos” durante el proceso electoral 2014, advirtió el carácter especulativo de la práctica, ya que “se mueve al calor de las tendencias electorales básicamente mostradas en las encuestas” y criticó que “evidentemente no sólo es poco transparente, sino absolutamente inequitativo, porque tiende a favorecer a quien las encuestas consideren que es −si se me permite la analogía− el caballo que va ganando la carrera”.

De esa manera, Rosales reiteró que el financiamiento público abre un portillo “no sólo para la inequidad y la no inclusión, sino para la opacidad y la irregularidad”.

Al respecto, Chacón comentó que “de una forma lamentable” las contribuciones privadas van “en caída libre” desde la promulgación del Código Electoral y que los partidos políticos dependen más del aporte estatal. Por ello, reconoció que el tema de la venta de bonos de la deuda es “un punto medular en el sistema de financiamiento de partidos políticos costarricense”.

Citó que el magistrado presidente del TSE, Antonio Sobrado, “ha catalogado de perversos” los certificados de inversión que se transan con los bonos de la deuda estatal a los partidos. “Efectivamente, se vuelven más dependientes los partidos políticos en época de campaña presidencial de los certificados de cesión”.

Al mismo tiempo, se refirió a la mencionada figura de los contratos de fideicomiso, que, por un lado, son recursos que provienen de la banca, la cual “da un valioso nivel de seguridad” en cuanto al origen de los fondos. Por otro lado, “está claro que no todos los partidos tienen acceso a recursos por esa vía”, situación que genera un “alto grado de inequidad”.

 

Lista de espera

De acuerdo con información proporcionada por el Tribunal Supremo de Elecciones, el extesorero del PAC, Minor Sterling, y Manuel Antonio Bolaños enfrentan una causa por el cobro de ¢16 millones al TSE, mediante el uso supuesto de documentos falsos.

En el Partido Liberación Nacional (PLN), quienes enfrentan acusaciones son los exdiputados Alicia Fournier, Óscar Alfaro y Antonio Calderón, por “la recepción ilegal de contribuciones privadas”. Por otra parte, en las filas del Partido Accesibilidad Sin Exclusión, el actual diputado Óscar López y los exdiputados Rita Chávez y Víctor Granados enfrentan acusaciones por uso de documento falso y estafa.

Sobre el tema de la sentencia contra los libertarios, el actual tesorero de la agrupación, Carlos Herrera, externó que “no sé si hay un mal análisis de parte de los jueces”, pues “desde el punto de vista meramente del partido no hay ningún daño patrimonial a las finanzas del Estado”, ya que en esa oportunidad el ML tenía derecho a ¢3.100 millones, según dijo, y si las facturas por capacitaciones no se hubieran presentado, de todos modos “esos fondos venían a las arcas del ML”.

Tras calificar la sentencia como “fuerte”, preguntó: “¿Cuánto tiene esto de político y cuánto de realidad? Unos meses antes de las elecciones dictan sentencia. Un buen jurista dirá cuál es la tipificación de un delito de estafa: toda una confabulación para enriquecerse; no lo veo”.

Paulina Ramírez, diputada y tesorera del PLN, reconoció que “este tipo de situaciones” se dan incluso en su partido y afirmó que “la única manera” de evitarlas es que haya “documentación, fiscalización y gente capacitada que maneje el tema de las finanzas”.

Ante la pregunta de si la sentencia en el caso de los libertarios es un parte aguas en la política nacional, contestó que “no necesariamente”, pues se trata de una situación que debió preverse desde la promulgación del Código Electoral, el cual introdujo controles y limitaciones “con los que hay que tener mucho cuidado; tal vez algunas personas lo dejaron pasar por alto y no se lo tomaron con seriedad. Es sumamente estricto”.


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