Las personas magistradas determinaron este lunes que la ley de empleo público que se tramita en la Asamblea Legislativa incide en el funcionamiento y organización del Poder Judicial. Con esto, el proyecto necesitará de una mayoría calificada, es decir, 38 votos, para que pueda ser aprobada.
El magistrado de la Sala Segunda, Jorge Olaso, fue el encargado de presentar el informe sobre la propuesta, siendo esta la segunda sobre la misma temática que se revisa.
“En la anterior ocasión se determinó que sí incidía en el Poder Judicial, por sus debilidades estructurales. La Dirección Jurídica también estima que el proyecto incide abiertamente en la independencia y afecta el principio de separación de poderes, al otorgar amplias competencias a Mideplan que implica pérdida de potestades a los órganos del Poder Judicial. Este plan, en su nueva versión, sigue afectando el funcionamiento y organización”, determinó.
Por su parte, la magistrada de la Sal Segunda, Roxana Chacón, mostró su preocupación por la intención de establecer familias de puestos con salario único, por lo que considera sería una afectación directa a la institución.
“Esto tiene serias implicaciones en el Poder Judicial, porque seremos regidos por diferentes grupos de familias. Hay una voluntad conformada para pasar la ley de empleo público, sea esta o cualquier otra, y los 38 votos no sería ningún problema. El Poder Judicial debería sugerir mantener una sola escala global para toda la institución”, sugirió.
16 personas magistradas votaron por respaldar el informe de Olazo, mientras que las cinco de la Sala Constitucional se abstuvieron de emitir criterio.
