Con 16 votos a favor y seis abstenciones, la Corte Plena señaló este lunes que el proyecto de ley de empleo público afecta directamente su funcionamiento.
El magistrado de la Sala II, Jorge Olaso, aseguró que dicha propuesta tendría un impacto negativo sobre la calidad en el trabajo del Poder Judicial.
“La Corte debe advertir que una regulación como la propuesta compromete los cometidos constitucionales de hacer justicia pronta y de calidad. No cabe duda la necesidad de una regulación marco para el empleo público, pero la forma en la que se ha propuesto en el proyecto compromete los más fundamentales principios de la administración de justicia, en especial el de independencia, calidad y certeza para garantizar la paz social”, afirmó.
Según el magistrado, el proyecto debería contemplar los derechos con los que muchos trabajadores ya cuenta y no pasarlos por alto, como pretende hacer.
“Por razones de seguridad jurídica una legislación como la que se promueve no solo debe ser clara en cuanto a las reglas aplicables al salario global o por pluses, sino que debe partir del respeto de los derechos adquiridos, por lo que este tipo de regulaciones, por su impacto, solo pueden aplicar hacia futuro o con previsión de indemnizaciones que no se han contemplado”, dijo Olaso.
Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, cuestionó que el proyecto de empleo público limitaría la independencia del Poder Judicial.
“Una de las peores cosas del proyecto es que somete al Poder Judicial a la supervisión o regencia del Ministerio de Planificación; ahí hay un interrogante fuerte que debe hacerse. Este proyecto va con una gran fuerza política pero en el futuro la Corte debería plantearse hacer una consulta a la Sala Constitucional, porque aquí se juegan una serie de valores muy importantes en la trayectoria del Poder Judicial desde 1949”, afirmó.
La magistrada de la Sala II, Julia Varela, defendió la tesis de Cruz y agregó que la propuesta representa un “grave peligro” para el Poder Judicial.
“Hay que prestarle mucha atención, porque se está poniendo en jaque la independencia del Poder Judicial y de las personas que administran justicia. Se parte de la premisa como si aquí todas las personas estuvieran en las mismas condiciones y si el trabajo tuviera el mismo impacto en la sociedad, como ocurre en otras partes del Estado. No puede ser así, cada Poder debe tener una debida organización y funcionamiento adecuado a sus objetivos”, aseguró.
